Desde el gremio docente subrayaron que “durante más de una década, el sistema educativo argentino sufrió las consecuencias de la deserción del Estado Nacional, con la gravísima secuela de desigualdad y fragmentación que castigó particularmente a las comunidades más pobres”. Reafirmaron los puntos principales de la nueva normativa para el sector que manifiesta “la necesidad de que el Estado Nacional se haga cargo de una parte del sostenimiento de la educación para revertir las desigualdades entre las provincias y generar justicia en el acceso al derecho a la educación de los que menos tienen”.

También calificaron como “amplio e indiscriminado” el subsidio que los obispos reclaman para las escuelas privadas; sostuvieron el criterio de que estos “deben estar regido por criterios objetivos relacionados con la función social que dichos establecimientos cumplan”; y reafirmaron que el deber del Estado “es garantizar el pleno ejercicio al derecho social de la educación y no hacerse cargo de velar por intereses corporativos”.

Los puntos principales del nuevo proyecto

 La educación es un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado Nacional.

 En un plazo máximo de seis años se unificará la estructura del sistema en una primaria de 7 años y una secundaria de 5 años o en dos niveles de 6 y 6.

 La enseñanza será obligatoria entre los 5 años y el término del secundario. Es decir que pasará de nueve a trece años de obligatoriedad.

 El Estado deberá garantizar vacantes para todos los chicos de cuatro años.

 Se avanzará hacia una escuela primaria de jornada extendida (pasar de cuatro a seis horas de clase) o completa en los tiempos que establezca cada jurisdicción.

 La formación de los docentes pasará de tres a cuatro años de estudio y la carrera se bifurcará entre quienes quieran ascender pero seguir en el aula y los que quieran jerarquizarse en cargos directivos.

 Se incorporará la enseñanza de una segunda lengua y de informática (en rigor la Ley Federal establecía el segundo idioma a partir de cuarto grado pero nunca se generalizó)

 El Consejo Federal de Educación, que integran los ministros de todo el país, tendrá atribuciones para desempeñar funciones ejecutivas, no como ahora que sólo puede “recomendar”.

 Se creará un canal de televisión educativa oficial.

 Se garantizará el derecho de las comunidades indígenas a recibir una educación bilingüe que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales.

 No podrá ejercer la carrera docente el que haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o haya actuado contra el orden institucional y el sistema democrático.