Mucha gente imaginó que la audiencia pública para discutir la reforma en el contrato del Gobierno con Aguas Cordobesas era efectivamente eso: una audiencia pública. Por eso, cerca de las 10 de la mañana de hoy, un grupo de vecinos llegó a la Legislatura con la intención de participar en el debate, pero se encontraron con Policías que les impidió el ingreso porque no estaban inscriptos previamente en una lista de oradores.

En un primer momento hasta se generó una discusión con funcionarios municipales y provinciales que pretendieron entrar a la Legislatura pero como no estaban anotados en esa “bendita” lista de personas autorizadas que tenía la Policía, debieron esperar a la altura de un vallado colocado a tres metros de la puerta principal del edificio, y que después la gente volteó indignada.

Claro, muchos suponían que la audiencia pública iba a realizarser en el recinto principal de la Legislatura dada la importancia del tema que se iba a tratar, pero se hizo en la sala “Regino Maders” , que apenas pudo albergar alrededor de cuarenta personas, mientras que en una sala contigua, una mesa oval con un televisor contenía a los periodistas.

Con esos matices se realizó la audiencia pública en la que hablaron 49 personas entre políticos, sindicalistas, representantes de organizaciones sociales y hasta algunos vecinos que pudieron sortear el vallado policial del ingreso porque estaban en la lista.

La maratónica jornada, que empezó a las 9.30 y finalizó cerca de las 20, estuvo signada por las duras críticas al nuevo acuerdo del Gobierno con Aguas Cordobesas, ahora en manos del Grupo Roggio.

Entre las voces contrarias al nuevo convenio se anotaron el Secretario del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos-CTA), Luis Bazán, del Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, como así también del intendente, Luis Juez y del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

Bazán: Una renegociación ruinosa

El Secretario General del Sindicato del Personal de Obras Sanitaria (Sipos-CTA), Luis Bazán indicó que “el problema del agua va mas allá de la audiencia pública, que es una pretensión de maquillar una decisión infame rayana en la criminalidad social por parte del Gobierno de la Provincia, que quiere seguir avanzando en consagrar la legalidad de una renegociación ruinosa del contrato con el agua, que traerá grandes consecuencias económicas y sociales”.

Con respecto al congelamiento de la tarifa hasta fines de 2007, Bazán puntualizó que “hay una reprogramación de los mecanismos de los aumentos de tarifas que va a estallar en el 2008 cuando De la Sota se haya retirado del gobierno, y seguramente fugado de esta provincia”.

Sobre la consulta popular lanzada por el intendente Luis Juez, el dirigente de Sipos dijo que “es una decisión estratégica, y que como sociedad, es necesario definir si el agua es un bien público y social, no sujeto al mercado, o sigue siendo una mercancía con fines de lucro de los grupos privados”

“A la consulta, por más que no sea vinculante ni obligatoria, hay que hacerla porque no debemos olvidar que el gobierno provincial y los legisladores oficialistas están impugnados moral y políticamente porque fueron ellos lo que intentaron perpetrar la estafa del 28 de diciembre del año pasado que finalmente fue abortada por la indignación y movilización popular”, finalizó.

Baronetto: Un derecho humano, no una mercancía

El flamante Secretario Adjunto de la CTA-Córdoba y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Barronetto recordó que en noviembre de 2002 dieciocho expertos de la ONU definieron que el agua “es un derecho humano indispensable”.

“El agua es un derecho y no una mercancía y por lo tanto es una irresponsabilidad del gobierno provincial delegar la prestación de ese servicio esencial a capitales privados que quieren ganar plata con un derecho humano de la gente”.

“El antagonismo de lo que es un derecho y una mercancía hace insalvable que el agua pueda quedar en manos privadas. Y esto no es demonizar al capital privado porque hay otras áreas de la actividad económica en donde puede actuar, pero no en este caso por tratarse, reitero, de un derecho humano”.

“Hay cosas que el Estado no puede quedar al arbitrio de cualquiera porque tiene la responsabilidad de garantizar un servicio tan vital como el agua y éste es el principal cuestionamiento que le hago a esta ruinosa concesión dada al grupo Roggio”.

Juez vs. Schiaretti

El intendente Luis Juez aseguró que irá "a la Justicia" si finalmente se convierte en ley la concesión, porque “será inconstitucional”. El jefe municipal tuvo una breve intervención en la audiencia, al señalar que “vengo a ratificar algunos planteos” y que “sobre las cuestiones técnicas hablarán luego mis funcionarios”.

Juez indicó que “vamos a agotar todas las instancias administrativas para que no se apruebe este contrato, y si ello ocurre vamos a accionar judicialmente porque la norma que lo avale será inconstitucional”.

Afirmó que "acá se trata de un nuevo contrato porque cambió el objeto, la modalidad, el prestador y el canon por lo que corresponde llamar a una licitación".

A su turno, el vicegobernador Juan Schiaretti hizo uso de los 10 minutos que le concedieron en la audiencia, para defender la renegociación del contrato de Aguas Cordobesas, que tiene ahora como socio mayoritario al Grupo Roggio.

Schiaretti dijo que la renegociación “ha tenido como base cuidar en primer lugar el agua como un bien comunitario que sea accesible para todos los habitantes de la ciudad, y que por ser un recurso escaso, se tomen medidas también para inducir el cuidado del mismo”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino se pronunció en contra el convenio con Aguas Cordobesas y expresó que “con este acuerdo sólo se intenta resolver una cuestión contractual, omitiendo el tratamiento de las problemáticas de fondo".

Mondino señaló que el Poder Ejecutivo Provincial debería haber convocado a una "audiencia previa a la firma definitiva", solicitando que no se "apruebe" el convenio y que el modelo sea revisado de manera integral

Cispren: No a la gestión privada del agua y carta a Juez

El Cispren publicó hoy una solicitada en distintos medios gráficos, donde fija su posición sobre la Consulta Popular convocada para el próximo 10 de diciembre, en la que se plantea la opción sobre la conveniencia o no de que la prestación del agua potable en la ciudad de Córdoba la realice una empresa privada: “NO.

El servicio de agua potable no debe ser prestado por una empresa privada, sin participación pública, democrática, de los usuarios y trabajadores. El Cispren adhiere al mecanismo de consulta popular porque entiende que es el más indicado para garantizar la democracia y promover la participación ciudadana en todos los temas pendientes que hacen a los derechos elementales a la vida, la salud y la educación en el marco de la discusión por un nuevo Estado”.

Además, el Cispren envió una carta al intendente Luis Juez, expresándole que “resulta fundamental la adopción del mecanismo de consulta popular par resolver los problemas vitales de nuestra población, entendiendo estos los que tienen que ver con nuestro futuro y el de nuestros hijos, su salud, su educación, su hábitat, etc”.

“Entendemos que debemos promover junto a los distintos sectores de la comunidad la realización de experiencias que en la medida de su carácter colectivo, resulten positivas por su definición intrínseca en la búsqueda de recuperar la opinión pública de las mayorías populares”, añade la misiva firmada por el secretario general, Guido Dreizik.