“Hay una responsabilidad del gobierno provincial de hacer que se les respete a sus jubilados provinciales los derechos que tenían al momento de jubilarse", advirtió González luego del encuentro realizado en la sede del Centro de Jubilados de la ATE santiagueña. "La provincia tendría que asumir frente al Estado nacional la defensa de los derechos de sus jubilados para que se respeten los derechos adquiridos", indicó el abogado y agregó que "esto mismo que dice la Corte de Justicia de los derechos de los jubilados a nivel nacional, los jubilados provinciales tienen los mismos derechos constitucionales".

Por su parte, el dirigente de la FeTraJub indicó que uno de los temas que se debatieron durante el encuentro tiene que ver con la situación salarial. “Un salario de 350 pesos no permite ni la alimentación, ni la salud, ni la vivienda, ni la recreación”, explicó Quagliaro y recordó que “el ministro Tomada prometió armar una mesa tipo paritaria donde los jubilados tuviéramos un espacio para discutir, pero no cumplió con su palabra y la respuesta fue llevar el mínimo a 350 pesos”.

En su gran mayoría, los jubilados tuvieron pequeños anticipos y cobraban entre 300 y 310 pesos, lo que hace suponer un aumento de 40 pesos por mes. “Eso da 1,40 peso por día, y por eso lo rechazamos enfáticamente”, sostuvo el dirigente de los jubilados. Con respecto a la obra social de los trabajadores jubilados, Quagliaro indicó que “desde nuestras organizaciones estamos peleando por la normalización del PAMI, un ente público que no depende del presupuesto nacional sino de los aportes de los activos y los jubilados, y por eso debe ser administrado por sus sostenedores”.

Al respecto, el doctor González aseguró que "la inflación no está definida por el aumento a los jubilados y no creo que haya riesgo en ese aspecto. Además, hay un necesario reconocimiento de un derecho que la propia Corte ha dicho en mayo, que solamente en el período 1991/95 le corresponde un 60% por el índice de las remuneraciones, o sea que ya viene un atraso anterior a la salida de la Convertibilidad".

Y sobre la movilidad jubilatoria, el abogado recordó: "Domingo Cavallo, que fue el impulsor, lo que quería era aplicar políticas únicas y limitar la movilidad jubilatoria. Eso es lo que hizo, fijándolo a través del Congreso de la Nación. Les hizo perder el derecho que tienen con la ley por la cual se jubilaron: el 82% o regímenes de movilidad con el sueldo en actividad".

Finalmente, González informó que "actualmente el 70% de los jubilados nacionales está en el mínimo. Hace 10 años había un 30% en el mínimo, o sea que hay una tendencia hacia abajo y si sigue esta política de que sólo se aumentan los mínimos, el achatamiento va a ser cada vez mayor".

Sobre esto, Quagliaro concluyó: “La Anses está en una condición económica bastante buena y por eso estamos pidiendo que rápidamente pague el 82% móvil”. Además, anunció que continuarán este tipo de encuentros en todo el país en el marco del “mes de nuestros mayores” impulsado por la CTA.