“Con este acuerdo sólo se intenta resolver una cuestión contractual, omitiendo el tratamiento de las problemáticas de fondo: modelo de gestión integral del servicio”, señaló el ombudsman. Mondino también explicó que “el Poder Ejecutivo provincial debería haber convocado a una audiencia previa a la firma definitiva”.

Destacó que “entre las cuestiones preliminares que se debería haber discutido es a quién se le transfiere el paquete accionario mayoritario, por cuanto se desconoce la capacidad técnica, operativa y financiera para operar un servicio de la envergadura e importancia del agua potable”.

A su criterio, el modelo de contrato que plantea la Provincia está desconectado del municipio y “es un error que no se lo involucre, directa o indirectamente”. “El modelo debe contemplar el destino final de las aguas y de allí la necesidad de incorporar al municipio en la negociación”, afirmó.

Consideró que el modelo de convenio utilizado es “un contrato altamente conflictivo y en él falta información sensible para un análisis completo del acuerdo y para determinar si los subsidios, el incremento tarifario de 15 por ciento y la suspensión del pago del canon son necesarios y razonables”.

Para Mondino esa falta de información “impide, por ejemplo, determinar el riesgo empresario asumido por el concesionario”. “No sólo no se prevén aportes del nuevo concesionario, sino que las nuevas inversiones se realizan con el incremento tarifario de 15 por ciento, subsidios del Estado provincial de 22,2 millones de pesos y créditos por 10 millones que el gobierno se compromete a apoyar”, puntualizó.

Además de señalar que “no es seria la estructura de costos presentada», también dijo que para asegurar la protección de los intereses de los usuarios es imprescindible que «se exija a la empresa la implementación de un sistema de contabilidad regulatorio que permita analizar todas las variables y la eficiencia en el manejo de los fondos de la concesión”.