
Representantes de diferentes sectores sociales, gremiales y políticos, se concentraron el viernes frente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco para respaldar la huelga de hambre que están llevando adelante tres dirigentes docentes de la Uniónm de Trabajadores de la Educación (UTrE-CTERA) de esa provincia.

Cerca de las 20 del viernes, se inició un acto con el objetivo de llevar aliento al secretario general de UTrE, Sergio Soto, Norma Papinutti y Carlos Quiroz, quienes desde el miércoles realizan una protesta extrema en reclamo del cumplimiento de la Constitución en cuanto a la inversión educativa, y a los fallos judiciales. Allí estuvieron también representantes de la CTA de esa provincia y de la CTERA, como su secretario gremial, José Tessa.
Los dirigentes reconocieron que por el momento la situación de su salud es estable y que se mantienen a base de líquido y sales para evitar la deshidratación. Asimismo, explicaron que durante el fin de semana se realizaron distintos eventos artísticos para apoyar la protesta.
Soto recordó que "el Gobernador es el único que puede resolver los reclamos docentes". Y que "exigimos que, de una vez por todas, se cumpla con la ley, con la Constitución Provincial, y que, por ejemplo, los jueces del Superior Tribunal de Justicia sepan que nuestra presencia acá también tiene que ver con la responsabilidad que les cabe a ellos, que en oficio como funcionario de uno de los poderes del Estado, tendrían que estar haciendo cumplir a los funcionarios que no cumplen con las órdenes judiciales, en plena vigencia, que permitirían empezar a destrabar el conflicto".
Soto agregó que "también reclaman por el incumplimiento de la Constitución en cuanto a la inversión educativa”. Informó que “para nosotros eso está por encima de todos los reclamos, porque queremos que se cumpla con el artículo 83 de la Constitución Provincial que le impone al Gobierno la inversión del 33 % de los recursos por coparticipación federal y recaudación tributaria propia”. De acuerdo a lo que el dirigente indicó, eso le permitiría incorporar 71 millones de pesos en el presupuesto educativo del Chaco y permitiría “empezar a resolver el conflicto educativo en serio, sobre bases sólidas, distribuyendo el ingreso público, como corresponde y como fija la ley".
"Nosotros dijimos esto para no continuar realizando medidas de fuerza, y ahora se va a plantear un dilema ético, un dilema que esperemos que tenga algún tipo de resolución", advirtió, y puntualizó que "estamos convencidos de lo que estamos haciendo y creemos que es un camino válido exponer nuestra vida, nuestra salud, para que se entienda que la protesta es en serio, que no es en broma, que no estamos bromeando ni con la constitución, ni con las leyes, ni con la propia salud".
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