Para hacer visible lo invisible
Ojos que no ven
Martes 21 de noviembre de 2006, por Redacción *

Se presenta hoy en La Plata el informe de la Comisión por la Memoria sobre la situación en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires. Una radiografía que aborda desde la superpoblación y la violencia ilegal intramuros hasta las reformas legislativas pendientes y el desempeño del Poder Judicial. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni participará de la presentación pública.

El Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria hará público hoy a las 18 30 un informe sobre la situación en las cárceles bonaerenses. Será en un acto a realizarse en el Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata (calle 13 Nº 821 entre 48 y 49). Participarán de la presentación, junto a la Comisión por la Memoria, el Juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni y el Dr. Roberto Bergalli de la Universidad de Barcelona. Por la Comisión por la Memoria estarán presentes Hugo Cañon, Alejandro Mosquera, Laura Conte, Victor Mendibil, Martha Pelloni, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Elizabeth Rivas, Leopoldo Shiffrin y Aldo Etchegoyen.

“Las cárceles de la provincia de Buenos Aires se llenan de jóvenes, morochos y pobres de barrios excluidos detenidos mayoritariamente por cometer delitos contra la propiedad. Los delitos de corrupción o de guante blanco en general no tienen sanción así como tampoco los que cometen personas provenientes de clases altas. El uso de la prisión preventiva como pena anticipada y por términos excesivamente prolongados, ha sido una de las razones principales del aumento sostenido de la población carcelaria”, sostiene el informe.

Desde el año 2000 al 2005 la cantidad de detenidos en cárceles bonaerenses se incrementó en un 65,2 % (de 15.012 a 24.802 personas). En Comisarías de 1998 al 2006 el incremento fue del 64 % (de 2.866 detenidos a 4.431 con un pico de 7507 en el 2002). Hay mas detenidos y la sensación de inseguridad crece. Por otra parte la curva o línea de delitos contra la propiedad esta directamente vinculada con la desocupación de grandes sectores de la población. La estadística de la evolución del delito, comparada con la del crecimiento de la población carcelaria así lo corroboran.

La violencia ilegal que se despliega sistemáticamente sobre los excluidos que pueblan los lugares de detención, se derrama luego en las calles refutando la argumentación de quienes predican el encierro como eje de una política de seguridad pública.

Superpoblación carcelaria y condiciones de detención

El gravísimo problema de las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires sólo puede comprenderse a partir de la co-responsabilidad de los tres poderes del estado provincial. La problemática carcelaria y de comisarías no es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino que además es agravada por la tolerancia o desinterés de los restantes poderes. De este modo la protección jurídica a las personas privadas de libertad está tan desvirtuada que se vuelve letra muerta. A pesar del coincidente diagnóstico realizado no sólo por este Comité, sino por funcionarios judiciales, académicos y del fuerte mensaje enviado por la Corte Suprema de la Nación en el fallo Verbitsky a las autoridades provinciales, el estado de cosas no ha enfrentado cambio profundos.

En las cárceles las condiciones de detención siguen siendo indignas y permanece vigente un sistema perverso de violencia ilegal en cuya base de reproducción está la impunidad. Existe hacinamiento en cárceles y comisarías. La mayoría de los lugares de alojamiento tienen problemas graves de infraestructura. A la educación y el trabajo accede un porcentaje mínimo de la población carcelaria.

Dentro de este panorama constituye un dato positivo, la aprobación este año de la ley de excarcelaciones. La nueva legislación ha contribuido a aliviar la superpoblación carcelaria aunque aún en porcentajes mínimos. Según datos dados por funcionarios del SPB hay 2.000 detenidos menos.

Violencia ilegal en las cárceles

El sistema no se desmontó. Y no se desmontó porque la impunidad sigue siendo la regla. Un claro ejemplo de lo dicho lo constituyen los casos de tortura con picana eléctrica corroborados científicamente y denunciados penalmente, por ese Comité. Otra situación recurrente entre las personas privadas de su libertad, es la de los suicidios. La mayoría de los casos producidos en cárceles, comisarías e institutos de menores revisten situaciones extrañas o dudosas. Los “suicidados” suelen ser personas que denuncian o protestan contra el servicio penitenciario.

Además de los homicidios que se encubren como suicidios, es necesario analizar este fenómeno en el marco de las condiciones de detención (la desvinculación familiar, los traslados permanentes, la violencia intramuros, el aislamiento, la sobre-medicación, los plazos procesales indefinidos terminan muchas veces empujando la voluntad de quienes se quitan la vida en los lugares de detención.

Magdalena un año después

El Informe incluye el relato de lo sucedido en la unidad de Magdalena donde 33 personas detenidas murieron carbonizadas o asfixiadas en octubre del 2005. Un reciente pronunciamiento judicial, corroboró lo afirmado por el Comité contra la Tortura hace un año cuando realizó su propia investigación de lo sucedido y afirmó que no hubo motín, que con un incendio declarado personal penitenciario cerró el candado del pabellón 16 convirtiéndolo en una trampa mortal, que no había agua en las mangueras y que los matafuegos no estaban recargados. El informe vuelve a subrayar que la extrema gravedad de este hecho, no tuvo su correlato en la asunción de responsabilidades políticas.

El Informe afirma que el Poder Judicial con los recursos e instrumentos legales existentes puede hacer mucho más para contribuir a morigerar o hacer cesar penosas condiciones de detención o situaciones ilegales en los lugares de detención.

Para las personas privadas de su libertad denunciar torturas, tratos degradantes o hechos de corrupción presupone un riesgo de muerte. ¿Para qué asumirlo si la mayoría de las causas con archivadas y en aquellas pocas sobre las que recae condena se imponen penas irrisorias o se califican de modo inadecuado los hechos?

La impunidad es la base y condición para la reproducción de este sistema.

El Informe señala como uno de los ejemplos, el conjunto de prácticas judiciales y reglamentaciones que han terminado por neutralizar la efectividad de la acción del habeas corpus, el medio más efectivo y rápido para prevenir o hacer cesar restricciones o riesgos inminentes contra la libertad y la vida.

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