“Las cárceles de la provincia de Buenos Aires se llenan de jóvenes, morochos y pobres de barrios excluidos detenidos mayoritariamente por cometer delitos contra la propiedad. Los delitos de corrupción o de guante blanco en general no tienen sanción así como tampoco los que cometen personas provenientes de clases altas”.

Con esta definición, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria presentó ayer, en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, un completo informe sobre la violación a los derechos humanos por parte de las fuerza de seguridad en los distintos establecimientos de detención bonaerenses.

El trabajo, basado en 151 casos testigos relevados por la propia Comisión entre 2005 y 2006, da cuenta de las torturas, vejámenes y condiciones de hacinamiento e insalubridad que se verifican en cárceles, comisarías e institutos de menores, en todos los casos con la complicidad de los tres poderes del estado provincial.

“La violencia ilegal que se despliega sistemáticamente sobre los excluidos que pueblan los lugares de detención, se derrama luego en las calles refutando la argumentación de quienes predican el encierro como eje de una política de seguridad pública”, observa el Comité, en clara respuesta a las posiciones “manoduristas”.

Según el trabajo, entre el año 2000 y 2005 la cantidad de detenidos en cárceles bonaerenses se incrementó en un 65,2 % (de 15.012 a 24.802 personas). En Comisarías, de 1998 al 2006, el aumento fue del 64 % (de 2.866 detenidos a 4.431, con un pico de 7507 en el 2002). Conclusión: hay mas detenidos, pero la sensación de inseguridad crece.

Es la impunidad, estúpido

La presentación del informe estuvo a cargo de Alejandro Mosquera, integrante de la Comisión por la Memoria, mientras que Roberto Cipriani, coordinador del Comité contra la Tortura, repasó algunos de los casos relevados en el trabajo, en un recorrido que va desde la tortura y asesinato de detenidos hasta la masacre de Magdalena, en cuya unidad carcelaria 33 personas murieron carbonizadas o asfixiadas en octubre de 2005 después de la represión policial.

Eugenio Zaffaroni, Juez de la Suprema Corte de Justicia, y Roberto Bergalli, catedrático de la Universidad de Barcelona, también se refirieron al informe elaborado por la Comisión y a la selectividad y consecuencias del sistema penal. Zaffaroni argumentó sobre la necesidad de establecer una política de estado que termine con la impunidad y resaltó la necesidad de cambiar la conducta autoritaria que anida en las distintas agencias que componen el sistema penal.

También estuvieron presentes distintos miembros de la Comisión por la Memoria, como Hugo Cañon, Victor Mendibil, Martha Pelloni, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Elizabeth Rivas, Leopoldo Shiffrin y Aldo Etchegoyen.

“En las cárceles las condiciones de detención siguen siendo indignas y permanece vigente un sistema perverso de violencia ilegal en cuya base de reproducción está la impunidad. Existe hacinamiento en cárceles y comisarías. La mayoría de los lugares de alojamiento tienen problemas graves de infraestructura”, abunda el trabajo.

La investigación señala que la “impunidad sigue siendo la regla” que mantiene la violencia ilegal en cárceles, comisarías e institutos, donde denuncian desde la tortura con picana eléctrica hasta los suicidios dudosos, los que generalmente se producen entre quienes denuncian o protestan contra el servicio penitenciario o la policía.

La Justicia en el banquillo

Si bien el informe destaca el compromiso de algunos jueces, fiscales y defensores con la vigencia de los derechos humanos, la responsabilidad del Poder Judicial es una de las claves para entender por qué unidades carcelarias y comisarías se convierten en auténticos campos de concentración.

“Para las personas privadas de su libertad denunciar torturas, tratos degradantes o hechos de corrupción presupone un riesgo de muerte ¿Para qué asumirlo si la mayoría de las causas con archivadas y en aquellas pocas sobre las que recae condena se imponen penas irrisorias o se califican de modo inadecuado los hechos?”, se preguntan los denunciantes.

Mucho más que números

El informe del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria se realizó sobre la base de 151 casos testigo, entre los que se verificaron:

 41 casos de personas que murieron quemadas en lugares de detención d la Provincia (36 en cárceles, 4 en comisarias y 1 en Instituto de Menores).

 8 casos de personas que se suicidaron de manera dudosa.

 7 casos de personas que se murieron por enfermedades con nula o deficiente asistencia médica.

 2 casos que prueban científicamente el uso de picana eléctrica.

 5 casos que prueban la aplicación de tratos crueles inhumanos y degradantes o el hostigamiento policial.

 21 casos de malos tratos o torturas en comisaría o institutos de menores.

 67 casos de niños alojados con sus madres detenidas en las unidades penitenciarias.