La concentración se llevará a cabo en la intersección de Avenida de Mayo y Santiago del Estero y participarán los trabajadores de la educación junto a las organizaciones sociales que apuntalaron el debate de un proyecto común que reivindica la responsabilidad indelegable del Estado que garantice el derecho social a la educación; por una educación nacional, popular y democrática y por mayor financiamiento para la educación pública. Las organizaciones convocantes al acto de mañana frente al Congreso saludan la derogación de la nefasta Ley Federal de Educación “para terminar con la desigualdad y la exclusión educativa”.

Las organizaciones firmantes del documento que contiene las “Propuestas para el Consenso” figuran la CTA, CTERA, SERPAJ, FUA, CONADU, Federación Agraria Argentina, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Foro Nacional de Agricultura Familiar, Movimiento Barrios de Pie, Movimiento Territorial Liberación, Movimiento Territorial Mendoza, Ecosur, Ligas Agrarias Chaco, Movimiento Octubres, Frente Transversal, Movimiento de Unidad Popular, MBYA Guaraní Misiones, Consejo QOMPI, Mov imiento Barrios Bonaerenses, Fundación SES, Federación de Jardines Matanza, AMMAR, Cooperadoras Escolares de Santa Fe, Movimiento Evita, Mesa local de Boca Barracas, Movimiento de Unidad Clasista, Pueblos Originarios Mapuche, Educación Civil, entre otras.

¿Qué tiene de nuevo la Ley Nacional de Educación?

La nueva ley de educación expresa en una buena medida las luchas que la docencia argentina nucleada en la CTERA-CTA y un amplio espectro de organizaciones populares dieron durante más de diez años, resistiendo a las políticas neoliberales aplicadas a la educación. Esta lucha colectiva generó las condiciones para lograr un reclamo histórico: la derogación de la Ley Federal de Educación.

El proyecto que ha ingresado al Senado lleva inscripto en su articulado muchas de las propuestas que a lo largo y a lo ancho del país se debatieron durante muchos años y con particular intensidad en los meses de julio a noviembre, dentro y fuera de las escuelas en un sinnúmero de reuniones, debates, foros, mesas redondas, seminarios, asambleas, etcétera.

Se destacan a continuación aquellos aspectos que se corresponden con los reclamos históricos de los trabajadores de la educación:

 El carácter de la educación: se la define como bien público y derecho social y en tanto tal queda excluida de cualquier Tratado de Libre Comercio u otra forma de mercantilización. Se ratifica su gratuidad.

 El papel del Estado como responsable principal de proveer y financiar la educación y además garantizar el ejercicio de este derecho social a todos/as en igualdad de oportunidades y posibilidades.

 El financiamiento pasará a ser de 6% del PBI exclusivamente para educación.

 Se plantea la articulación de distintas áreas estatales para promover políticas de igualdad de oportunidades.

 En relación a los derechos de los trabajadores se consagra el derecho a la formación permanente, en servicio, gratuita, garantizada por el Estado. Se incorpora el derecho a la negociación colectiva provincial y nacional.

 Se eliminan los “regímenes especiales” que planteaba la LFE y se recupera la jerarquía de la educación especial y de jóvenes y adultos, incluyendo la situación de las personas privadas de la libertad por violación de la ley penal.

Las leyes tienen una eficacia simbólica y otra instrumental. La primera instala en la agenda pública y en la ciudadanía la necesidad de avanzar en el sentido de lo que la ley enuncia. Por ejemplo:

Que se consagre a la educación como derecho social da un giro de 180º al derecho individual de enseñar y aprender instaurado por el Estado liberal. Esto genera una conceptualización que obliga al Estado a hacerse responsable no sólo de que haya una escuela y un maestro o profesor para cada niño/a, adolescente o adulto que deba educarse, sino que además tiene que garantizar que pueda hacerlo en igualdad de oportunidades y posibilidades.

El aspecto instrumental conlleva la necesidad de generar transformaciones materiales en la realidad en tiempos definidos. Es decir; con una gradualidad que se concertará en los próximos años la escolaridad obligatoria tendrá 13 años.

El desafío y el compromiso de la CTERA, de las organizaciones sociales, estudiantiles, etc; será ahora el accionar, generando amplios consensos, para que los aspectos de la ley que constituyen un avance sustancial se concreten en los tiempos acordados, teniendo en cuenta la urgencia que demanda la situación de crisis que vive la educación.

Somos conscientes que no es una ley de educación lo que va a crear empleo, ni a distribuir la riqueza, ni a modificar el patrón de acumulación económica. Pero sí creemos firmemente que puede mejorar las condiciones para seguir luchando por un país con democracia, trabajo, paz, soberanía y justicia social.