Para Antonio Gramsci, las “crisis de hegemonía” lleva a que los grupos sociales critiquen abiertamente al Estado y a las formas de organización política e ideológica de la clase dirigente.

De acuerdo a la opinión del sociólogo italiano, esta crisis se puede llegar a desencadenar debido a las siguientes razones: “ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que ha solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas.... o porque vastas masas han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución”.

Este concepto sin lugar a dudas se puede utilizar para describir lo que ocurrió en Bolivia en Octubre de 2003, cuando las manifestaciones de miles de campesinos y trabajadores impidieron que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada materialice su anhelo de exportar gas natural a los Estados Unidos vía Chile. Es necesario aclarar que, a diferencia del concepto dado por Gramsci, las organizaciones sociales bolivianas emprendieron una larga batalla por la defensa de los hidrocarburos, que dejo un saldo trágico de 70 muertos y más de 400 heridos.

La llamada “guerra del Gas” sin lugar a dudas que removió los cimientos del orden capitalista en Bolivia. No sólo porque permitió la llegada al poder del Presidente Evo Morales, sino porque también coloco en la agenda pública demandas que la sociedad boliviana históricamente ha enarbolado y que han sido ignoradas por los sucesivos gobiernos neoliberales de turno.

Luego de octubre de 2003, los principales representantes de la “vieja política” debieron replegarse en los departamentos provinciales para poder así escapar de la presión popular del momento. Gracias a los resultados del referéndum vinculante del 2 de Julio de 2005, personajes como Manfred Reyes Villa, Mario Cossio, se aprovecharon del discurso defensor de las autonomías provinciales para continuar con la defensa de los intereses de la oligarquía de Oriente (llamada de la Media Luna).

No es reprochable el hecho que ciertas personas busquen una mayor descentralización del Estado Boliviano, pero lo que sí es condenable es la actitud “separatista” de los prefectos departamentales de Oriente, que lo único que busca es crear una tensión constante con el gobierno para poder así entorpecer el proceso de cambio llevado adelante por la gestión de Evo Morales.

Un ejemplo claro de ello es el rechazo desmedido al Anteproyecto de Ley para la fiscalización de los recursos que el Estado envía a los departamentos provinciales. Argumentando que esta medida lo único que busca es la remoción de sus puestos, los prefectos de la Media Luna decidieron romper relaciones con el Poder Ejecutivo.

Sumado a esto, la derecha comenzó una huelga de hambre para reclamar por las modificaciones a la Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA). Ignorando el histórico reclamo por tierras de los pueblos originarios, el Miércoles pasado la bancada del partido Podemos se retiró de la sesión del Senado, imposibilitando así la puesta en marcha de la ley que estipula la reversión al Estado de aquellas propiedades que no cumplan una función económica social.

El presidente Evo Morales juzgó esta determinación como “un golpe a la democracia” y una “defensa al latifundio improductivo”.

Para justificar el boicot a la normativa que beneficiaría a miles de bolivianos carentes de tierra, el ex presidente Jorge Quiroga señaló que es la actitud del gobierno lo que “pone en riesgo la unidad nacional” y al mismo tiempo pidió al Ejecutivo no “desinformar” a la sociedad boliviana sobre los temas que se están debatiendo en la actualidad.

Quiroga miente diciendo que es el Movimiento Al Socialismo (MAS) el culpable de crear la tensión en Bolivia. La derecha sabía que la población tiene muchas expectativas en que se apruebe la nueva ley del INRA, por eso decidió bloquearla en el Senado, para así forzar una crisis dentro del gobierno de Evo Morales.

Para intentar encontrar una solución ante la posición intransigente de la oposición, el Vicepresidente de la Nación, Álvaro García Línera, se reunió ayer con los principales dirigentes de la oposición. Al encuentro, que se desarrollo en el salón de los retratos de la Cámara de Senadores, concurrieron Wálter Guiteras y Fernando Messmer, de Podemos y los huelguistas Arturo Murillo y Peter Maldonado, de Unidad nacional.

El principal reclamo de los dirigentes de la derecha, se centro en el pedido de que la Asamblea Constituyente apruebe los artículos de la futura Constitución política de Bolivia con el dos tercios de los votos. Como todavía no se llegó a un acuerdo, las reuniones continuaran mañana.

De acuerdo al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, la oposición está utilizando políticas antidemocráticas y maniobras características de años anteriores, pero destinadas al fracaso. De acuerdo al funcionario, en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI), el objetivo final de la derecha es “empantanar” el normal funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

A través de distintos mecanismos, ya sea por intermedio de huelgas de hambre, “cajoneo” de leyes, la oligarquía está haciendo todo lo posible para entorpecer la meta que se ha propuesto el gobierno boliviano: modificar la estructura colonial del Estado. Sin lugar a dudas que es una tarea muy difícil y que no se logra de un día para otro, ya que está estructura de poder ha estado funcionando en Bolivia desde hace quinientos años. Pero el gobierno de Evo Morales, sin lugar a dudas está dando los primeros pasos para poder formar un gobierno que permita beneficiar a los campesinos, a los pueblos originarios, a aquellos que a lo largo de siglos han sido ignorados por los distintos gobiernos de turno.

La derecha siempre va a hacer lo imposible para entorpecer el proceso de cambio, pero cada vez que ocurra ello, el gobierno puede contar con el masivo apoyo de las organizaciones sociales: tal como ocurrió con las manifestaciones de los pueblos originarios para reclamarle al Senado la aprobación de la nueva Ley del INRA. Esta presión popular es determinante para que el gobierno-no obstante los intentos desestabilizadores de la derecha- pueda conseguir las reformas estructurales que se propone.

Fuente Matías Mongan, Agencia Periodística del Mercosur (APM) Redacción APM