La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) volvió a denunciar que Armella sufrió “privación ilegítima de la libertad, torturas (físicas y psicológicas) seguidas de muerte sin que los culpables del hecho hayan recibido castigo”; por lo tanto, resolvió presentar un recurso judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de evitar un caso más de impunidad en la provincia de Jujuy.

“El 27 de noviembre de 2004 Armella falleció en el Hospital Pablo Soria luego de tres días de permanecer en terapia intensiva producto de fuertes golpizas y torturas soportadas en la Brigada. Armella había sido detenido el 22 de noviembre por averiguación de antecedentes, y estuvo 24 horas en el lugar denominado “chancho” (celda de castigo), de donde salió con pocas posibilidades de sobrevivir”, recordaron desde la CTA Jujuy en un comunicado.

Sin embargo, para la jueza Filomena Ortiz no existen evidencias de tortura y la única falta de la policía se limita a irregularidades netamente administrativas. Incluso todas las instancias judiciales de la provincia de Jujuy, es decir, Cámara de Apelaciones y Superior Tribunal, han ratificado la sentencia de la jueza Ortiz, por esta razón la CTA recurrió a la Corte Suprema de Justicia.

Desde la CTA se preguntaron “¿cómo es posible entonces, que ante un mismo hecho, las perspectivas resulten tan distintas?, debido a que el caso de Chirolita no es un caso aislado. Recordemos el caso de Virgilio Surriable, un hombre de unos 70 años que apareció muerto en la celda de una comisaría con golpes y sus piernas fracturadas; o el caso de nuestro compañero Josué Mendoza, quien apareció `suicidado’ también en una comisaría, pero la autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes en la cabeza y tenía signos de estrangulamiento. Y estos casos no son los únicos casos, sólo son aquellos que han tomado estado público”.

“Las definiciones de orden, moral, aspecto sospechoso y buen olfato de la policía para detener una persona bajo un aparente estado de peligrosidad resulta absolutamente incompatible con el principio de inocencia, que determina la Constitución Nacional”, sostuvieron. Y agregaron que “las figuras de averiguación de antecedentes o vagancia, son las excusas necesarias del sistema penal para legitimar su accionar, como bien ha quedado demostrado en Jujuy”.