A pesar de esta cifra escalofriante, para el Estado argentino los mensajeros y “deliverys” siguen sin existir, la actividad aún no está regulada en la mayor parte del país; de allí que no haya estadísticas oficiales sobre la realidad de ese gremio.

Los agencieros y patrones, y quienes no conocen esta actividad, adjudican la gran cantidad de accidentes a la “irresponsabilidad” de los motoqueros frente a las normas de tránsito.

Según la visión patronal, de fuerte aceptación social, los mensajeros y “deliverys” son “salvajes”, que no respetan ninguna de las normas de tránsito; además, como en la moto o la bicicleta, la carrocería o el paragolpe es el cuerpo del trabajador: las lesiones y las muertes son inevitables.

Los mensajeros y repartidores piensan distinto: no niegan que muchas veces birlan normas de tránsito, pero están seguros que son las condiciones precarias de trabajo lo que los lleva a eso y es la causa de fondo del alto índice de accidentes laborales.

Los mensajeros, mayoritariamente, no perciben un salario fijo. Ganan un porcentaje de los viajes que realizan. Eso los obliga a mantener ritmos de trabajo muy extensos para poder llegar a fin de mes. Su situación se agrava por la extensión de la jornada laboral (entre 10 y 12 horas), las condiciones climáticas y el estado de sus motos de las que los agencieros se desentienden.

En el caso de los “deliverys” la situación es similar, con la salvedad de que existe un sueldo fijo, pero insignificante. Viven de la propina y para hacer más propina, hay que “meter” más pedidos.

El problema es mayor para aquellos que trabajan en negro porque no tienen cobertura social, ni de salud y en caso de accidentes, sus familias quedan desamparadas.

“No puede ser que sean los trabajadores quienes pongan el cuerpo, la herramienta de trabajo (moto-bici) y corren con todos los riesgos, mientras los agencieros se llenan los bolsillos a costa suya y encima los dejan “tirados” cuando se accidentan”, se quejaron desde el SIMeCa.

El gobierno nacional, por su parte, por compromisos que mantiene con el sindicalismo tradicional, les niega la personería gremial que les permitiría discutir un convenio colectivo que garantice condiciones dignas y seguras de trabajo.

El Poder Ejecutivo es responsable de esta situación, a pesar de que puede dar solución a su problemática, los funcionarios se limitan cínicamente a ofrecerles los servicios de sepelios y subsidios para las familias de los trabajadores fallecidos.

Para Gastón Fernández, dirigente de SIMECA, “la sangre del gremio no se negocia”, a la vez que reclama “un trabajo digno y seguro, porque queremos trabajar para vivir y no morirnos trabajando”.