Cuando el monólogo del legislador de Unión por Córdoba, Dante Heredia, pretendiendo justificar la aprobación del ruinoso contrato entre el Gobierno y Aguas Cordobesas se tornaba insoportable, la represión estalló en las adyacencias a la Legislatura.

Eran las 19, y la Guardia de Infantería armada hasta los dientes comenzó a disparar a mansalva balas de goma contra los manifestantes que se encontraban detrás de un vallado entonando consignas adversas al “negociado” por el agua entre el gobierno provincial y el Grupo Roggio.

El saldo de la brutal represión fue una gran cantidad de heridos por disparos de balas de goma y nueve detenidos, quienes preventivamente fueron alojados en la Jefatura del Cabildo Histórico y posteriormente trasladados a la seccional Primera.

También fueron agredidos el el periodista de Cadena 3, Federico Albarenque, quién fue rozado por un piedrazo, sin graves consecuencias y Walter Giannoni, del diario La Voz del Interior.

La tensión estuvo presente en la Unicameral desde el comienzo de la jornada y se puso de manifiesto cuando legisladores del oficialismo ingresaron al edificio y fueron recibidos a huevazos por la gente que esperaba el inicio de la sesión.

En el interior de la Legislatura, sólo el bloque justicialista y el Frente Nuevo discutían el contrato del agua, mientras que los representantes del radicalismo, del Frente para la Victoria y de Izquierda Unida se retiraron del recinto.

El secretario general del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos-CTA), Luis Bazán tildó de “corrupto y fascista” al gobierno de José Manuel de la Sota porque ordenó reprimir al pueblo que reclama “transparencia” en los actos de gobierno.

Bazán calificó como una “vergüenza” la renegociación del nuevo contrato y afirmó que el congelamiento de las tarifas hasta el 2008 es una “patraña electoral” del gobierno.

“Después que pasen las elecciones se vendrá el tarifazo y los subsidios que deberá pagar el Estado provincial a la concesionaria para compensar los costos inflacionarios y además Aguas Cordobesas queda eximida en forma indefinida del pago del canon”, dijo el dirigente.

La legisladora de Izquierda Unida, Liliana Olivero, responsabilizó “al gobernador José Manuel de la Sota” por los incidentes y por hipotecar el futuro de los cordobeses “con un contrato leonino”.