Por el hecho, la Justicia procesó a siete policías, cinco de los cuales recuperaron la libertad la semana pasada. En tanto, la fiscal penal de turno Maria Mercedes Cravero de Savio imputó, sorpresivamente, a Fernando Acosta y Milagro Sala, dirigentes de la CTA jujeña, por los delitos de "daños y turbaciones a la posesión", como respuesta al escrache que la CTA impulsó en contra de la Justicia provincial el jueves pasado quemando gomas frente al palacio de Tribunales y pintando leyendas en sus paredes exigiendo Justicia.

Respecto de esta imputación, el secretario general de la CTA jujeña, Fernando Acosta dijo que "nosotros lo único que queremos es que la Justicia actúe imparcialmente y aclare el asesinato de Armella, y ahora resulta que, además, nos inventan presuntos delitos para procesarnos y detener nuestra marcha”. El dirigente recalcó que “nosotros no impedimos el accionar de la jueza de instrucción ni del fiscal, todo lo contrario; nosotros queremos que la Justicia actúe, pero que lo haga con imparcialidad".

Durante la movilización de ayer los militantes de la Central acompañaron a los familiares de Armella y a los testigos presentados por la Tupac Amaru. Estos son Irma Beatriz Charcas y Blanca Solís Borges. Cabe recordar que el fiscal que interviene en la causa, Isidoro Cruz, había imputado a los policías por "privación ilegítima de la libertad seguida de tortura y muerte; abuso de autoridad, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público”, delitos que tienen pena de reclusión perpetua. Pero la jueza Delia Filomena Ortiz resolvió liberar a cinco de ellos, antes de las fiestas navideñas, ya que según ella los delitos son excarcelables.

Los policías que recuperaron la libertad, pero siguen imputados en la causa, son: Elbio Marcelo Chauque, Julio Gustavo Soruco y José Maximiliano Viera, por el delito de "encubrimiento" y Enrique Ramón Medina y Luis Armando Pereira, por el delito de "abuso de autoridad", mientras que siguen detenidos, el comisario Alfredo Benjamín Vilca, por "privación ilegítima de la libertad seguida de muerte por tortura; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" y Marcelo Fabián Toscano imputado por el delito de "privación ilegítima de la libertad seguida de muerte por tortura".

El escrache

Los dirigentes de la Central procesados por Cravero de Savio son el secretario general y la adjunta de la CTA Jujuy. Acosta y Sala habían encabezado el jueves pasado un escrache a la sede del Poder Judicial provincial y al edificio de la Brigada de Investigaciones de la policía, en rechazo a la resolución que dispuso la liberación de cinco de los siete policías detenidos por el asesinato de Armella.

Apenas llegaron al edificio de la dependencia policial los manifestantes escribieron grafitis con distintas consignas en las paredes acusando a los policías de "asesinos" y “criminales", quemaron gomas y luego se retiraron. Posteriormente, se dirigieron a la sede del Poder Judicial donde llenaron las paredes de leyendas en contra de la resolución de la jueza de liberar a los policías.

Fernando Acosta y Milagro Sala, junto a los familiares de la víctima, fueron recibidos ese día por la jueza penal, Delia Filomena Ortiz y el fiscal Isidoro Cruz, a quienes les expresaron su "total repudio" a su decisión de liberar a los policías ya que “así se continúa avalando la impunidad”. Al finalizar la reunión, Acosta advirtió que "la CTA seguirá luchando en la calle, para que esto no quede impune y los policías vuelvan a quedar detenidos".

Finalmente, el titular de la Central explicó que "este accionar judicial convalida la impunidad de los apremios ilegales y las torturas seguidas de muerte en el accionar de los efectivos de la policía de la provincia y permite que esa metodología de apriete se consolide como un trato habitual hacia los ciudadanos que son detenidos debido a su condición de pobres, desocupados o excluidos". Resaltó que "todos los policías involucrados en este episodio son responsables en mayor o menor medida del hecho, con el agravante de que son ellos los responsables de proteger a los ciudadanos. Por lo tanto, la liberación de alguno de ellos implica una cachetada a la confianza pública y una irresponsable provocación a la gente que cree en la honestidad y la verdad de la justicia".