Prado remarcó que "la Central ha acompañado estas querellas en varios lugares y también en el exterior" y recalcó que "a diferencia de otras organizaciones, no ha tenido dirigentes desmemoriados y sus integrantes han declarado cuando tuvieron que hacerlo".

"Quienes hoy podemos contarla tenemos un serio compromiso moral con quienes hoy no están", dijo Aníbal del Prado, durante la presentación penal que la CTA hizo como querellante -junto a otros organismos como HIJOS, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata y Abuelas de Plaza de Mayo. La misma se hizo en el Juzgado Federal local: "Participamos con compromiso y si tenemos que declarar vamos a hacerlo, es un compromiso militante y como trabajadores".

Cabe recordar, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y organismos de derechos humanos de Necochea y Mar del Plata realizaron el lunes pasado, ante el Juzgado Federal de Necochea, una denuncia penal solicitando que se investiguen los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en lo que en ese momento era la Subcomisaría Villa Díaz Vélez y la Comisaría Primera, a las que se suman la Comisaría 4ta. de Mar del Plata.

Un total de 10 cajas conteniendo documentación y declaraciones testimoniales fueron entregadas en el Juzgado Federal local por el doctor César Raúl Sivo, abogado de la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, y el doctor Eduardo Rezses, coordinador del área de Investigación y Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Rezses dijo que "es política del gobierno provincial promover investigaciones judiciales en el interior de la Provincia de Buenos Aires que buscan determinar responsabilidades penales de los autores de los crímenes de terrorismo de Estado que se cometieron en el país" y destacó que ya se han efectuado presentaciones en Campana, San Nicolás, Morón, Azul y Mar del Plata.

Presentación penal

A su lado, Sivo detalló que "es una presentación concreta sobre el circuito represivo de Necochea que incluye a la Comisaría 4ta. de Mar del Plata" y agregó que "hoy estamos denunciado muchos hechos y haciendo imputaciones sobre numerosas personas".

Acerca de las imputaciones, Sivo recalcó que todas se refieren a integrantes de las fuerzas de seguridad, pero que, al mismo tiempo, no se descarta que se llegue a buscar responsabilidades entre los civiles que colaboraron con el terrorismo de Estado.

Los casos de delitos de lesa humanidad están referidos a la detención y posterior tortura de 18 necochenses: Jesús María Aguinagalde, Antonio Povilaitis, Martín Garamendy, Mario De Francisco, Omar Basabe, Oscar Aramburu, Marcela Aramburu, Pedro Azcoiti, Aníbal del Prado, Luis Rafaghelli, Mónica Rafaghelli, Fulgencio Díaz, Ricardo Povilaitis, Jorge Perino, Edith Vieytes, Alfredo Miyares y Daniel Garramone. A ellos se le suman otros 18 casos de detenidos en la Comisaría 4ta.

Circuito represivo

César Sivo, coordinador del equipo jurídico de los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, Olavarría, Azul, Tandil y Las Flores explicó que "hoy en Mar del Plata se está tramitando un proceso penal en el que está imputado el ex comisario Bicarelli, quien está detenido por varios de los hechos que aquí ocurrieron, pero entendimos que lo mejor era que la causa principal sobre el aparato represivo en Necochea se tramite acá, por proximidad y por la importancia que tiene para la memoria y para cada comunidad".

Acerca de los datos de quienes actuaron en los delitos de lesa humanidad, Sivo dijo que "surgen a partir del Juicio por la Verdad, de los testimonios y la documentación. A partir de los dichos de Bicarelli se pudo incorporar algo más, ya que dio datos sobre la ubicación de personas que teníamos colateralmente relacionadas con los hechos".

La presentación efectuada en nuestro medio contó con la presencia del secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco; el secretario adjunto y del de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Necochea-Lobería, Carlos Díaz y Aníbal del Prado y la concejal María de los Angeles Haberle.

Ex comisario

Consultado acerca de la situación del ex comisario Francisco Bicarelli, César Sivo, abogado de la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, detalló que "no puede quedar en libertad porque los delitos que se le imputan son muy graves, los que llevan a que quede privado de la libertad mientras se tramita el proceso".

Si bien destacó que la decisión queda a criterio del juez, opinó que "creo que es muy poco probable que quede en libertad, aunque una situación diferente es que le morigeren la prisión con un arresto domiciliario".
Sin embargo, detalló que "hasta este momento no hay nada que indique que tiene una afección de salud que ponga en peligro su vida si permanece detenido, que eso es lo que justificaría que se fuera a su domicilio".

Acerca de la causa contra Bicarelli, Sivo dijo que se encuentra en "un avance significativo, por lo que podría ser elevada a juicio a fines de año o principios del año que viene".

Julio López

"Hay que acelerar los procesos y demostrar que no hay política de recuerdo del terrorismo de Estado que pueda frenarnos. No nos van a disuadir y vamos a seguir buscando justicia", dijo César Raúl Sivo refiriéndose a las amenazas que han recibido testigos, abogados, ex presos políticos, jueces y periodistas vinculados con los juicios a los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad y a la desaparición de Julio López, principal testigo en el juicio contra Miguel Etchecolatz.

Agregó que "la forma de responder a esto es seguir adelante, demostrar que somos una multitud trabajando, que no bajamos los brazos y que estamos todos juntos, por eso seguiremos haciendo denuncias de cada centro clandestino, de cada fuerza y en cada localidad".

Sobre este tema, Eduardo Rezses detalló que el proceso de enjuiciamiento a los responsables "recién empieza y que no hay posibilidad de frenarlo, no hay marcha atrás en este proceso histórico, ya que son delitos innamistiables. Esto debe terminar sí o sí en sentencias condenatorias".

Acerca de los programas de contención y protección de testigos, Rezses dijo que "no todas las personas quieren el servicio ya que es contradictorio que la Policía proteja a quien debe testimoniar contra la fuerza, por lo que se está viendo la posibilidad de contar con custodias especiales".

Sobre el tema, del Prado destacó que "lo de López nos ha pegado bastante duro, para qué negarlo, hay gente que ahora tiene cierto temor, cierta reticencia a declarar, pero también es cierto que la única forma de terminar con esto es con más denuncias, con más movilización, más participación, y recuperando la cosa colectiva que esta sociedad había perdido bastante, demostrándole a quienes hacen estas amenazas que el proceso es indetenible".

También agregó que "lo preocupante es que luego de lo de López no queda duda que, dentro o fuera del Estado, hay sectores o grupos que pertenecieron al aparato represivo que han dejado de ser mano de obra desocupada, creo que eso es muy preocupante para el futuro de la democracia en la Argentina si es que a través de estas cuestiones logran intimidarnos".