Luego de ocho meses de lucha, los trabajadores lograron entrevistarse con el Ministro de Economía provincial y con los Presidentes de las Cámaras legislativas para consensuar un proyecto de expropiación que permitiera terminar con esta prolongada injusticia que sufren 40 familias trabajadoras.

“La medida de desalojo represivo expedida por el juez actuante sólo es explicable como una provocación con la intención de romper la salida política”, denunció hoy ANTA en un comunicado. Y argumentó que “mientras los trabajadores, una vez más víctimas durante años de la explotación en negro y del cierre patronal unilateral ante sus reclamos de blanqueo, buscan proteger las máquinas y la planta del vaciamiento iniciado por el empresario, al que nadie del gobierno, de la municipalidad ni de la justicia laboral y civil actuante detuvieron en su práctica ilegal contra los derechos de los trabajadores, el sistema previsional y fiscal.