Negocios turbios del poder político en Salta
Una muerte que destapa ollas
Lunes 4 de diciembre de 2006, por María Lapasset *

El 21 de Septiembre pasado fue asesinada en Salvador Mazza una pequeña productora de la zona, dirigente de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones. Liliana Ledesma unos días antes había denunciado públicamente en una radio de Salta Capital que el diputado provincial del PJ, Ernesto Aparicio, estaba cerrando caminos vecinales en las zonas rurales cercanas a la frontera con Bolivia con el objeto de obligar a los habitantes a abandonar sus tierras.

También relató que se habían hecho desmontes para construir una pista de aterrizaje; y lo vinculó con el narcotráfico. Agregó además que el diputado y los hermanos Castedo, vinculados a los mismos negocios, la habían amenazado de muerte.

Los autores materiales de la muerte de Liliana, denunciados por testigos que vieron como la acuchillaban en una pasarela, fueron una hermana y un cuñado del mencionado diputado y el socio de este ultimo. La mujer fue acuchillada seis veces y le cortaron los labios, en lo que se interpretó como un típico mensaje mafioso. En el Norte, los tajos en la boca, involucran una acusación de “soplonaje” y se utilizan en contra de aquellos que son considerados buchones (informantes) de las fuerzas encargadas de reprimir el tráfico de estupefacientes.

Como autores intelectuales han sido sindicados los hermanos Castedo y el diputado Aparicio.

Los autores materiales están detenidos, y los hermanos Castedo son buscados por INTERPOL. En un intento por desvincular estos hechos del poder político Aparicio ha sido obligado a renunciar a su banca, pero no esta imputado en la causa y sigue libre.

Por detrás de este crimen y de las investigaciones periodísticas se han ido revelando otros hechos como los antecedentes de Aparicio, detenido en 1991 en la cárcel de Salta por actividades vinculadas al narcotráfico, al igual que su concubina, Beatriz Suárez en 1996. O la revelación de que Reynaldo Castedo es uno de los “jefes ocultos” de una red de trafico internacional de cocaína que opera en Argentina, España e Italia. O la vinculación, o al menos la obediencia, de la policía local con estos poderosos personajes que actúan con gran impunidad.

Los periodistas que han denunciado estos hechos han recibido amenazas de muerte anónimas y hoy tienen custodia policial, al igual que los abogados que se han involucrado.

Desde distintas organizaciones (Derechos Humanos, CTA, Barrios de Pie, CCC, Polo Obrero) se han organizado marchas y actos exigiendo juicio y castigo a los asesinos de Liliana, y el esclarecimiento de otras muertes impunes en la zona. La última marcha se realizo el viernes 1º en Salvador Mazza y contó con la presencia de algunos diputados nacionales. Para el 12 de Diciembre se prevé una nueva marcha en Salta Capital, a la que están siendo convocados todos los sectores.

Como lo expresaba el compañero Vuenaventura David, secretario general de la CTA Salta, en la ultima marcha: “Esperamos que la movilización popular sea capaz de arrancarle a la Justicia las medidas necesarias para llegar a la verdad, y que la investigación no se detenga aunque comprometa a los altos niveles del poder político”.


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Corresponsalía Salta

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