Para Lozano, puede afirmarse que, como resultado del proceso histórico de las últimas décadas y como consecuencia de la demora en la definición de reformas estructurales indispensables (reforma impositiva, políticas sociales, reforma previsional, replanteo del sistema de promoción) “el presupuesto 2007 asignará 51.700 millones de pesos en concepto de deuda pública y transferencias al capital privado y a los sectores más acomodados de la población. Es decir, una cifra equivalente al 51% del gasto de la Administración Nacional”.

En dirigente celtista reseñó que hay pérdidas recaudación por exenciones, reducción de alícuotas y de contribuciones patronales; al respecto señaló que, por ejemplo, en la vigencia de una alícuota reducida para el caso del transporte de pasajeros, se pierden 504 millones de recaudación: “La excusa para esta exención es el mantenimiento de la tarifa en valores razonables. No obstante, la cifra expuesta más las que se identificarán como subsidios a la actividad, constituyen una cifra excesiva comparada con la baja calidad del servicio. Es decir, que estamos en presencia de exenciones y subsidios que podrían justificarse pero donde la regulación que se ejerce sobre los operadores privados deja mucho que desear”.

También dijo que hay pérdida en el impuesto sobre los combustibles en 1.012 millones de pesos que para Lozano “resultan injustificables en un contexto donde la renta hidrocarburífera queda en un 62% en manos de las petroleras privadas”.

Describió, a su vez, otro tipo de quebrantos para el Estado nacional por los bienes personales y por las reducciones en las contribuciones a la seguridad social (en este caso el legislador habla de una cifra superior a los 1.800 millones de pesos).

En este marco, dijo que los aportes de los trabajadores activos capturados por las AFJP suponen la pérdida de financiamiento del régimen público previsional, y obligan al Estado a financiar con recursos fiscales el pago de las jubilaciones y pensiones. “El total que se pierde por demorar una reforma previsional que devuelva el rol y el lugar de las AFJP asciende a 10.417 millones en el 2007. Este es un subsidio que sostiene el negocio de los principales bancos de plaza”, apuntó.

Regímenes promocionales

En cuanto a los fondos transferidos al capital privado vía regímenes promocionales, en el Presupuesto 2007 asciende a 3.543 millones. “Obviamente, la vigencia de regímenes promocionales no es objetable en sí misma. Sin embargo, corresponde evaluar si estos recursos están produciendo los resultados que se esperan. Parece razonable cuestionar regímenes de Promoción Industrial que sirvieron para preservar algunas empresas al tiempo que se consolidaba un proceso de desindustrialización (559 millones); o entender como inaceptable que invirtamos 479 millones en minería para no sólo no quedarnos con nada, sino además destruir el medio ambiente”, argumentó el economista .

Precisó que al total de recursos que se pierden por regímenes promocionales deben agregarse los fondos que se utilizan como “reintegros para las operaciones de Comercio Exterior” (2.360 millones) y el monto que asume la devolución del IVA a los exportadores (3.360 millones). “Es evidente que el contexto de precios internacionales y el nivel del tipo de cambio ameritarían una reflexión respecto a la necesidad de mantener reembolsos y devoluciones de esta magnitud”, explicó.

Transferencias al sector privado

En el informe, también se expone que buena parte de las mismas se explican por los subsidios al transporte automotor y ferroviario. Aquí, Lozano, apoya la medida de subsidiar para mantener la tarifa ya que se trata de un transporte público; pero agrega que el problema radica “en la deficitaria regulación que el Estado hace de estos servicios y en la ausencia de exigencias que mejoren la calidad de los mismos” ya que “queda claro que un Estado que invierte 1.456 millones al año, podría reclamarle a los operadores privados de trenes y colectivos condiciones elementales de calidad y seguridad”.

En cuanto a las rentas extraordinarias que caracteriza hoy al sector hidrocarburífero, el diputado calificó como “injustificable el presente comportamiento de subsidio permanente al sector energético”.

En referencia a las pérdidas por mantener la reducción de contribuciones patronales efectuada en 1993, en el marco del 1 a 1 de la Convertibilidad, “persiste hoy sin fundamento alguno y resulta inaceptable para, por ejemplo, las grandes empresas”. “La sola restitución -dijo- de las contribuciones a sus niveles históricos implicaría recaudar 9.300 millones”.