Los trabajadores del Estado de la provincia de Entre Ríos cumplieron ayer un nuevo paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo, en reclamo de una recomposición salarial, por la rápida sanción del Régimen Jurídico Básico y la normalización en las prestaciones del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). La medida, resuelta en el congreso provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se viene reiterando todos los miércoles de agosto.

Además, ATE resolvió ayer sumarse al reclamo de los jubilados que se movilizaron hasta la sede de Anses para concientizar a los trabajadores activos sobre la necesidad de optar por el régimen previsional de reparto y no el privado que administran las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Respecto de la medida de fuerza de ayer, el secretario adjunto de ATE, Arturo Godoy, confirmó que en la capital provincial la jornada de protesta se tradujo “en un paro total de actividades sin concurrencia en la mayoría de las reparticiones estatales. En sectores como Salud ha sido fuertemente acatada tanto en hospitales como en centros de Salud, siempre garantizando las guardias mínimas”. Godoy recordó que ATE también se prepara para lo que será la marcha provincial, definida en el congreso del gremio, para el próximo miércoles 31 de agosto.

Los docentes denuncian

Por su parte, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER-CTA) volvió a rechazar ayer la potestad de la Dirección Provincial de Trabajo como ámbito para resolver el conflicto planteado con los docentes de la provincia, en reclamo de una recomposición salarial, a la vez que negó que esta decisión pudiera significar una sanción al sindicato que suponga la pérdida de la personería gremial.

La Dirección de Trabajo, dijo Marta Madoz, titular de AGMER, no es un espacio “neutral” para resolver el conflicto docente y afirmó que la persistencia del gobierno de seguir en ese camino “vulnera derechos” y pone en riesgo la libertad sindical.

Durante una conferencia de prensa que el sindicato ofreció en el marco del plenario de secretarios generales que deliberó ayer con la asistencia de Hugo Yasky y Ana María Herrera, secretarios general y adjunto de la CTERA, el gremio docente rechazó “esta nueva judicialización del conflicto educativo” que hace el gobierno de Entre Ríos, en vez de recurrir a la solución política que se requiere.

Yasky también cuestionó la postura del Gobierno provincial que, señaló, “pretende convertir en victimarios a los docentes. Supuestamente hoy los docentes son culpables, según lo entiende el gobierno, de reclamar un salario ya no diría digno, sino que les permita seguir sobreviviendo hasta que el país tenga mejores condiciones”. Y advirtió: “Estamos viviendo la implosión de un modelo educativo que no da para más, y si esto no se resuelve con medidas de fondo, lo de Entre Ríos va a ser una postal de lo que va a suceder en el resto de las provincias el próximo año”.

Finalmente, el titular de CTERA enfatizó: “No hay ninguna posibilidad” de que el gremio de los maestros pierda la personería gremial. “Esto es simplemente una arbitrariedad y un intento por quebrantar un justo reclamo y de intimidar. Es decir, la CTERA responde por la personería gremial de AGMER, y convocará, en caso de que se continúe con este tipo de intimidaciones, a una concentración de los docentes del país, con sus representantes a la cabeza, para realizar una marcha desde Entre Ríos a la Capital Federal”.