“Este fallo nos produce una profunda consternación, indignación y dolor” subrayó Ferreres, quien desde la Central de Trabajadores de la Argentina se solidarizó con la familia de la niña. “Ante esta decisión de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, la justicia se revela entre ignorante y fascista; es un fallo claramente discriminatorio y absurdo que ignora toda la legislación y tratados internacionales a los que Argentina adhiere” remarcó.

El accidente ocurrió en la ruta 8 el 21 de marzo de 1999 cuando una camioneta Chevrolet embistió a un automóvil Peugeot 405, donde fallecieron el abogado Horacio Bavassi y su hija María, de 10 años, en tanto que su esposa, Amalia Haydeé Ruboni, quedó herida con importantes secuelas psíquicas. Luego del juicio penal en el que el conductor de la camioneta fue condenado, se tramitó la demanda civil y el juez de primera instancia de Mercedes estableció montos indemnizatorios, los cuales fueron apelados por la compañía de seguros, sobre todo en el caso de la niña, haciendo especial hincapié en que “padecía síndrome de Down". De esta forma la Cámara acaba de considerar que “por su enfermedad, era muy problemática la ayuda futura que pudiera brindar a la familia”, reduciendo el monto de 50 mil a 5 mil pesos.

Como indicó Ferreres “este fallo vuelve a poner de relieve la mirada que hay sobre las personas con discapacidad. Es agotador que aún en estos tiempos tengamos que reafirmar que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, que pueden trabajar, educarse y tener una vida digna aún con las limitaciones que la discapacidad produce”. Por otro lado, llamó a que nadie se desentienda de este hecho “porque aquí hay responsabilidades políticas, el Estado no cumple con la mayor parte de la legislación que garantiza la ciudadanía de las personas con discapacidad, no elabora políticas públicas que tiendan a su verdadera integración y participación. La clase política no tiene en su agenda las diferentes problemáticas derivadas de la discapacidad y muchas veces los ciudadanos miran para otro lado”.

El dictamen de los jueces Luis Marchio, Luis María Nolfi y Roberto Bragattin, fue calificado de discriminatorio por el abogado de la familia, Sergio Branchero, quien anunció que apelarán a la Suprema Corte bonaerense y pedirán testimonio al INADI. Un fallo similar se conoció la semana pasada en Rafaela, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral decidió bajar la indemnización solicitada por la familia de un menor, de 57 mil pesos a 8 mil porque consideró que “sus sueños de progreso culminarán, por el peso de la realidad, transformándose en verdaderas utopías”. Parece que para la justicia ser pobre y tener una discapacidad son motivos para restar “valor” a la vida.