A pedido de la defensa de los generales Juan Carlos Trimarco y Ramón Díaz Bessone, la audiencia fue suspendida hasta el 13 de septiembre, a las 8.30. Ante la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, los querellantes interpusieron un recurso ante el mismo tribunal para manifestar su desacuerdo con la medida. En rigor, se trata de la segunda suspensión de la audiencia que tuvo una primera fecha de convocatoria el pasado 23 de agosto.

Marcelo Baridón, abogado de las víctimas, expuso sus argumentos ante la justicia. “La defensa dice que no tuvo tiempo para preparar la audiencia en virtud de la complejidad de la causa. Pero este abogado es defensor de Trimarco y Díaz Bessone desde 2003, por lo menos”, cuestionó. “Invocamos, además, el Pacto de San José de Costa Rica que consagra una justicia efectiva. Y la justicia lenta no es justicia”, enfatizó Baridón que, junto a los doctores Marina Barbagelata y Gammal Taleb, pidió concretamente que la audiencia no se dilate hasta el 13 de septiembre.

El conflicto

Lo que está en juego es el mecanismo con el que serán juzgados los imputados de delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar en Entre Ríos.

La defensa reclama un juicio por escrito, sin difusión pública del contenido de las etapas del proceso. Se intenta evitar el juicio oral y público que instauró el Código Procesal Penal vigente desde 1991. Los imputados se amparan en una cláusula transitoria que incluía la ley según la cual quienes estaban siendo sometidos a un proceso, al momento de su sanción, tenían la posibilidad de elegir el modo de ser juzgados.

Los querellantes rechazan esta alternativa. Explican que los acusados no han sido sometidos al viejo código sino a una legislación específica del fuero militar. Se trata de la Ley 23.049, una reforma al Código de Justicia Militar aprobada durante la gestión de Raúl Alfonsín, que en su artículo 10º habilitaba a la Justicia Federal a continuar el proceso, tal como sucedió en Entre Ríos, en 1987.

Un poco de historia

Hasta aquí el argumento jurídico de la querella. Sin embargo, se prefiere poner el acento en que los delitos de lesa humanidad no pueden ser sino sometidos a un proceso de puertas abiertas a la sociedad.

Más allá de la batalla jurídica entablada en los estrados con sede en Paraná, entienden que la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia. El Alto Tribunal fue el que, oportunamente, calificó como delitos de lesa humanidad a los que se cometieron al amparo del Estado. Luego, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Falta una tercera declaración -completó Baridón- por la que la Corte determine el mecanismo para juzgar estos delitos”. En este sentido, el abogado recordó que está en trámite un planteo formulado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Mientras esto se resuelve, el proceso se lleva adelante “con un código del siglo XIX”, hizo notar el letrado que manifestó: “Este juicio, para ser justo, debe ser oral y público”. “Esta es una causa histórica -abundó-. Constituye un capítulo de la historia. Más allá de la trascendencia jurídica, conforma un elemento central de la cultura de una comunidad, elemento que se construye públicamente y sin libros secretos”, enfatizó Baridón.

El abogado apuntó que “para hacer docencia con todo esto, para que no vuelva a ocurrir, debe darse a publicidad. No es un dato menor el modo en que esto aportará a la conciencia colectiva”. Propuso, por último, imaginar a qué se reduciría la historia, qué significaría la palabra ‘holocausto’ si la muerte de millones de personas no hubiera sido más que un expediente reservado, si cientos de films, de libros, de producción teórica y de discusión no le hubieran dado densidad a su sentido. Sin dudas, la historia se narraría de otro modo, en base a una verdad llena de sombras, raquítica, diezmada.