El espacio de diálogo e intercambio “¿Qué integración a nivel infraestructura necesitamos?” contó con la presencia de Ariel Pares, secretario de Planificación e Inversiones Estratégicas del Ministerio de Planificación de Brasil; Pablo Rabczuk, viceministro de Transporte de Bolivia; y el venezolano Antonio Sosa, presidente de la División Infraestructura de la Corporación Andina de Fomento. En representación de los movimientos sociales estuvieron Carlos Loza, integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA); y Oscar Rivas, de Amigos de la Tierra del Paraguay. El moderador fue Hidalbrando Velez, de Amigos de la Tierra de Colombia.

“El modelo de desarrollo sustentable que reclamamos no debe estar basado en un modelo económico primario exportador extractivo de nuestros recursos naturales, pues el mismo, es incompatible con el desarrollo de un modelo regional de Integración Sudamericana”, fue uno de los planteos que se le realizaron a los delegados oficiales.

Asimismo argumentaron que el nuevo rol de los estados latinoamericanistas deberá “promover y planificar una política estratégica en el transporte cambiando el enfoque hacia una infraestructura para el desarrollo, entendiendo que la misma debe abarcar los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales respetando a las comunidades originarias, los pobladores locales y el medio ambiente donde la vida se desarrolla”. Añadieron que esto debe hacerse con equidad, inclusión, diversidad, soberanía local, democratización, justicia social y ambiental; a la vez que señalaron que la infraestructura “no es una propuesta neutral y el Estado debe imponerse a los grupos económicos” y que debe darse “en contacto con los pueblos y comunidades donde estos puedan verse afectados”.

Consultado al respecto, Carlos Loza manifestó que en materia de transporte, “el desarrollo y la integración debe partir de la planificación territorial de cada país, integrar a cada economía regional con su propia producción, valorizar sus principales recursos, definir el valor agregado que justifica equilibrar entre producción y comercio para el mercado interno y la exportación y así planificar estratégicamente cuales son sus necesidades de infraestructura”.

Reflexionó que la infraestructura del transporte propuesta “permitirá ir corrigiendo y reemplazando las asimetrías que los grupos económicos han generado y generan con sus megaproyectos”. Y afirmó que “a la infraestructura de la dominación debemos oponerle la Infraestructura del desarrollo sustentable”.

Los movimientos sociales también le hicieron una serie de recomendaciones a los gobiernos: pidieron que se desarrollen redes camineras secundarias y terciarias, esenciales para una auténtica integración de las regiones al espacio económico-social y cultural sudamericano, desechando aquellos proyectos estratégicos como IIRSA que priorizan el transporte por carretera; además, consideraron que el transporte ferroviario constituye un factor de integración y desarrollo de los pueblos y el transporte marítimo es el principal modo por el cual se canaliza el comercio internacional y por eso ante la ausencia de marinas mercantes de bandera nacional pidieron a los gobiernos leyes que consagren el derecho a la reserva de cargas.

También llamaron a la conservación de las vías navegables hidroviarias, ya que preservan el derecho ancestral de las comunidades costeras; y, por último, propiciaron la creación de un Banco Sudamericano de Fomento de la Infraestructura que rompa la lógica de las entidades multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o el BID.

Pablo Rabczuk, viceministro de Transporte de Bolivia, señaló, sobre este espacio de intercambio, que “los movimientos sociales nos deben reencauzar en el camino de los pueblos”.