Conferencia de prensa hoy en la Legislatura porteña
"Las claves de la masacre"
Jueves 6 de enero de 2005, por Secretaría de Comunicación y Difusión *

La CTA de la Capital Federal, junto a otras organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, participó hoy en una conferencia de prensa realizada en la Legislatura porteña para exigir justicia por la masacre del pasado 30 de diciembre en el boliche “República Cromañón” y pidió la creación de una comisión especial de ese cuerpo legislativo que investigue toda la cadena de responsabilidades que se conjugaron en esa noche trágica, eleve a la justicia las imputaciones correspondientes y promueva las reformas necesarias a nivel de las políticas públicas, para que estos episodios lamentables no vuelvan a suceder”.

Además, los representantes de las distintas organizaciones convocantes a esta conferencia de prensa presentaron un documento conjunto denominado “Estado ausente, Codicia y Corrupción. Las claves de la masacre” y anunciaron que acompañarán las actividades programadas para el día de hoy, a partir de las 20 horas, en la Plaza Miserere.

“El crimen del boliche de Once, con su saldo monstruoso de más de 185 muertos -en su mayoría jóvenes y niños- y cerca de 800 heridos, nos provoca un profundo dolor, una inmensa tristeza y el reclamo urgente de verdad y justicia”, comienza diciendo el documento elaborado por la CTA porteña, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), organismos de Derechos Humanos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los Familiares y Herman@s de detenidos y desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros, junto a partidos políticos y legisladores nacionales y de la ciudad. En la conferencia estuvo presente también el secretario de Derechos Humanos de la CTA nacional, Ricardo Peidro.

“La masacre que conmueve a la sociedad argentina no ha sido producto de la fatalidad, sino de una conjunción de causas que será necesario analizar con profundidad, para sacar las conclusiones adecuadas y fijar las líneas de acción destinadas a producir todos los cambios legales, técnicos y culturales que impidan nuevas desgracias irreparables”, expresa el documento.

Allí las organizaciones llaman a “rodear a las familias destrozadas por la muerte de sus seres queridos, de la solidaridad activa de la comunidad y los organismos especializados” y destacan “los múltiples gestos solidarios, conocidos y anónimos, y el esfuerzo y voluntad que desplegaron trabajadores estatales y no estatales que se pusieron de manifiesto desde el mismo instante en que se desató el infierno en la República Cromañón”.

“A partir de ahora, tenemos el compromiso de no olvidar lo que ocurrió ese fatídico 30 de diciembre de 2004 y, mucho menos, permitir que una vez más se instale la impunidad sobre todos los responsables de semejante horror”, resalta el documento.

Las causas

Más adelante, los representantes de las distintas organizaciones enfatizan: “debemos ser claros y categóricos, esta tragedia sin precedentes tiene dos grandes causas: un Estado ausente, y por lo tanto cómplice, y la codicia voraz de empresarios inmorales”.

Explica que “la aplicación del modelo neoliberal implantada durante la última dictadura militar y profundizado a partir de los ’90 en nuestro país, transformó al Estado en un instrumento al servicio de los grandes grupos económicos y los intereses del privilegio, en perjuicio de las funciones esenciales destinadas a la protección de la vida de los habitantes, la preservación del patrimonio material y cultural de los argentinos y la garantía del respeto a los derechos constitucionales, tales como el trabajo, la alimentación, la salud, la educación y la vivienda digna”.

“La falta de controles apropiados, la carencia de estructuras idóneas para ejercerlos y la ausencia de instrumentos aptos para enfrentar situaciones como las vividas en los últimos días, son el producto de políticas deliberadas fundadas en una ideología que privilegia al mercado y los negocios por encima de la gente. En ese marco, la vida es una mercancía y las personas son objetos descartables. Especialmente, si son jóvenes y pobres”, remarcan luego.

Y continua: “la catástrofe de “Cromañón” expresa crudamente la crisis de un sistema inhumano y perverso. Este ha sido uno de sus emergentes, visible y mediático, pero no el único. Allí están los centenares de chicos que mueren diariamente por desnutrición o falta de asistencia médica oportuna y apropiada. También están las decenas de víctimas del descontrol en la noche porteña, donde cotidianamente se produce la muerte de chicos y chicas por el gatillo fácil, las agresiones de los “patovicas” o la violencia asociada con las drogas. Estas son otras de las expresiones crudas del mismo modelo, al que debemos cambiar sustancialmente y cuanto antes.

Otra clave de la desgracia es la voracidad lucrativa de los empresarios inmorales, que burlan las normas más elementales de convivencia y aprovechan las fisuras de un Estado ineficiente, corrompen a sus agentes y acumulan ganancias a cualquier costo. El humo tóxico provocado por el incendio en el boliche no deja lugar a dudas: la codicia mata”.

“El rol de contralor”

Acerca de las respuestas frente a la tragedia, el documento explica que “resulta imprescindible, que tanto el Estado nacional como los provinciales y el de nuestra Ciudad Autónoma recuperen su rol de contralor, como así también establecer una política de recuperación para el Estado de los bienes y servicios que le fueran despojados durante los años del furor neoliberal”. Además, “lo público, con una fuerte participación de la sociedad en la gestión, debe reemplazar a los empresarios que todos los días tienen a la vida de nuestros ciudadanos como variable para sus negocios. Se trata exclusivamente de vender entradas, o lucrar con el agua, la electricidad, el petróleo y la salud. La vida de la gente y el país nada importan según esa concepción mercantilista y nefasta”.

Es por eso que los representantes de la CTA y los demás convocantes a esta conferencia propusieron este mediodía “la constitución inmediata de una Comisión Investigadora, en el marco de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abierta a los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, que indague a fondo y sin pausa, toda la cadena de responsabilidades involucradas en este episodio (desde el Gobierno de la Ciudad, a la División de Bomberos, hasta el empresario organizador del evento), eleve a la justicia las imputaciones correspondientes y promueva las reformas necesarias a nivel de las políticas públicas, para que estos episodios lamentables no vuelvan a suceder”.

Al mismo tiempo, plantearon “la necesidad de un debate amplio y profundo en todos los ámbitos de nuestra comunidad, para tomar conciencia de las causas que ponen en peligro la vida y el bienestar de los argentinos y, sobre todo, para ser protagonistas de los cambios impostergables que nos demanda la realidad”.

Acerca de la tragedia
Opinión de Claudio Lozano, integrante de la conducción nacional de la CTA*.

República de Cromañón es casi una postal de la decadencia que atraviesa a la República Argentina. Transformada en un infierno en la noche final del 2004, constituida en hoguera donde se inmolaban los cuerpos de nuestros pibes y jóvenes (nuestro futuro), es una invitación a desplazar análisis superficiales sobre la verdadera situación en la que nos encontramos y asumir, en profundidad, los cambios urgentes que debemos encarar.

Conviven en esta tragedia por lo menos tres grandes cuestiones:
- Un comportamiento empresarial que pone en riesgo a la sociedad y asesina gente.
- El desmantelamiento del aparato estatal como expresión de la cuestión pública -consecuencia de la expansión conservadora- y la configuración de un Estado ausente y/o cómplice de las citadas prácticas empresariales.
- El lógico resultado que, en términos de comportamientos colectivos, produce el deterioro social sistemático y profundo, ocasionado por las dos primeras cuestiones esgrimidas.

Un empresario que abulta su billetera superando la capacidad para la cual estaba habilitado y que reduce costos poniendo material inflamable y cerrando puertas, es expresión del primer problema. Problema que, por citar otro ejemplo, se expresa también en el desastre ambiental que produce la principal petrolera del país en el sur argentino, contaminando napas e intoxicando a la población.

En lo relativo al aparato del Estado, se combina el incumplimiento de las normas existentes (Cromañón debería haber estado clausurado), con el mantenimiento de estrategias de regulación y control que no se hacen cargo de lo que hay que controlar.

No basta con el cumplimiento de pasos formales si, al mismo tiempo, no hay garantías de que lo formalmente establecido se cumple. Dicho de otro modo, de qué sirve que haya puertas de emergencia si el empresario puede decidir no abrirlas. Retomando el ejemplo del sur argentino, es probable que alguien sostenga que la petrolera en cuestión cumple las normas. Sería discutible pero, aunque fuese así poco importa porque lo que importa es revertir el daño social que la práctica empresarial produce. Volviendo a Cromañón, está claro hace tiempo (y hubo más de una señal en ese sentido), que la noche en los boliches porteños está fuera de control por múltiples razones.

Por último, tanto el uso, a veces suicida, de la pirotecnia como el hecho de dejar bebés en un baño que opera como guardería, son señales de un problema profundo que no puede usarse para culpabilizar a las víctimas sino para medir el daño que, desde hace más de una década, se impone sobre el cuerpo social argentino.

Dice bien la consigna popular: “Escúchenlo: ni una bengala ni el rock and roll. A nuestros pibes los mató la corrupción" y cabe precisar, que la corrupción es el lazo que une (subordina) al Estado con prácticas empresariales que, al transformar a la sociedad en un espacio exclusivo de apropiación de beneficios, destruyen la posibilidad de organizarla en función del interés del conjunto, o sea, del interés público.

No puede haber dudas, debe haber firmeza y hay que transformar nuestra bronca en una estrategia política capaz de sostener el accionar de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para: llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, hacer justicia con las víctimas y promover las políticas públicas que correspondan.


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