La medida contraviene no sólo la política que el Gobernador Cobos mantuvo durante toda su gestión respecto de los salarios de los Jueces, sino que incluso es contraria al plebiscito efectuado el año pasado en el que el 84% de la ciudadanía mendocina se opuso a la indexación salarial de los Magistrados. La decisión del Gobernador se intenta instrumentar a partir un aumento del 13% de los salarios más el pago del adicional que los jueces perciben por antigüedad en el cargo (2,6% por año de servicio), no desde la fecha de ingreso al Poder Judicial sino desde la fecha en que los mismos obtuvieron el título de abogado.

La decisión del Gobernador consagra una enorme injusticia al interior del Poder Judicial, máxime si se tiene en cuenta que, en términos presupuestarios, la provincia de Mendoza dispondrá de 6,5 millones de pesos para implementar el aumento salarial de 350 jueces, en tanto que la partida para aumento salarial de 3.480 empleados judiciales apenas alcanza los 11,8 millones de pesos.

La situación planteada ha sido denunciada reiteradamente por el Gremio Judicial que efectuó un paro en repudio a la decisión del Gobernador el día 5 de diciembre y se dispone a realizar una nueva medida de fuerza el próximo jueves 14 de diciembre.