El presidente de la cooperativa, Pedro Korol, tras firmar un acta dijo que debido a "la pueblada de socios que se instaló frente a la sede, cruzaron sus vehículos e incendiaron gomas, los equipos no se retiraron de la cooperativa y quedaron a mi resguardo, pero sin transmitir". El allanamiento se inició a partir de una orden del Juzgado Federal de decomisar todos los equipos utilizados para prestar el servicio de cable.

El presidente Korol, explicó que "en marzo se presentó un amparo en el Juzgado Federal Civil y Comercial para poder prestar el servicio, ya que las documentaciones para conseguir la habilitación definitiva se están tramitando en Buenos Aires, pero el juez (José Luis) Casals se inhibió al respecto recién en noviembre y se lo pasó a (Ramón) Chávez al frente del otro Juzgado Federal".

De acuerdo con Korol, en el 2004 "hubo una jurisprudencia se modificó una ley y la cooperativa pudo comenzar a tramitar el permiso para la prestación del servicio de cable".

La cooperativa intentaba conseguir un amparo de la Justicia, hasta tanto lograr la habilitación definitiva para poder transmitir. Sin embargo, se sorprendieron con la orden de allanamiento.

En Concepción de la Sierra son unos mil socios los que cuentan con el servicio desde 1994. Ayer casi la mitad de los socios que reciben el servicio se presentaron en la cooperativa para frenar el decomiso de los equipos.

Según Korol, diez familias dependen laboralmente de la transmisión del canal, que fue interrumpido hasta tanto se solucione el problema de la autorización para la emisión.

Los socios consideraron en tanto que la orden de la Justicia se debería a una denuncia de los responsables de otro canal privado que se instaló en la localidad hace unos meses.