
La secretaria general del gremio de trabajadores de Salto Grande (SiATraSaG), María Sosa, afirmó que a esa represa estratégica “se la está desmantelando para después rifarla”. El 6 de diciembre se realizó una asamblea general binacional para definir medidas y repudiar el proceso que vive la empresa.
El 6 de diciembre pasado en dependencias de la Represa Binacional Salto Grande, con la presencia de trabajadores uruguayos y argentinos, los dos sindicatos que representan al personal de ambas nacionalidades realizaron una Asamblea Binacional, donde se denunció la persecución gremial de que son objeto por parte de la Comisión Técnica Mixta (CTM) y además se brindaron informes por sector de trabajo, que demostraron el proceso de vaciamiento que sufre la empresa binacional.
La Asamblea contó con representantes de la central obrera uruguaya (PIT-CNT) y de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA). Por esta última organización estuvo presente Gabriel Martínez, secretario de Organización de la Federación Argentina.
Ante la prohibición por parte de la CTM para el ingreso de los medios de comunicación convocados por las organizaciones gremiales, la Asamblea decidió continuar sus deliberaciones en el acceso a la represa, sobre territorio uruguayo, cortando el acceso a la misma, donde se pudo realizar una conferencia de prensa y concluir los informes previstos.
Durante la asamblea, el representante de FeTERA, se comprometió a hacer público, en la ciudad de Buenos Aires, las distintas situaciones planteadas, al mismo tiempo que se solicitará una reunión con el Subsecretario de Energía Eléctrica de la República Argentina, para exponerle las situaciones denunciadas.
Ante la nota realizada por el “Diario Argentino” de Entre Ríos, La secretaria general del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (SiATraSaG), María Sosa, informó que la Comisión Técnica Mixta (CTM) vende la energía que produce la represa a las privatizadas a 3 dólares el Mw/hora, cuando éstas lo comercializan a 100 dólares. “Esto hace que Salto Grande sea una empresa subsidiada y consecuentemente se realice un achique. Nosotros pedimos una empresa que nos permita reducir los costos de luz en nuestras comunidades y que sea del Estado”, dijeron.
“La reducción de puestos, las cosas que no se cumplen, los cargos que no se cubren y la falta de material denotan un achique que se le está haciendo a la empresa; se la quiere rifar y eso en la parte argentina lo conocemos muy bien”, aseguró Sosa, quien prosiguió: “esto no es una impresión, lo vivimos”.
Señaló que en el proceso de privatizar la empresa “no hay que olvidar que en 1995 se realizó un cambio en la estructura y se quitó la facturación, que pasó a otras manos: se hizo una concesión encubierta, a la mitad. Antes facturaba la CTM, pero con la resolución de 1995 se dividieron los presupuestos y pasaron a otras manos”.
El manejo de los fondos de la represa se realiza desde Buenos Aires y “desde ahí se manda un poquito para la Comisión administradora de fondos especiales de Salto Grande (Casfeg), un poquito para la región y otro para el mantenimiento y pagar los servicios”, indicó.
Además ahora se anularon seis cargos de operadores. “La empresa dice que no los necesita, pero nosotros como sindicato defendemos los puestos laborales; no estamos en contra de los avances tecnológicos, pero queremos coordinar los trabajos en sí”.
Por otro lado, la dirigente reclamó que los legisladores de todos los partidos se acerquen para informarse. “Para acompañarnos en la lucha, nosotros no estamos en una contienda partidaria”. En ese marco, convocó a participar de la asamblea binacional del 6 de diciembre, aunque todavía no se sabe en qué parte de la región se realizará.
El mecanismo “se basa en una cuantía importante de subsidios hacia el capital privado que no necesariamente condice con el comportamiento que ese capital privado tiene, ni en el modo en que comercializa luego los subsidios que uno le da, ni tampoco en el monto de inversión que termina realizando”, explicó el diputado Claudio Lozano al programa “El Colectivo” (Mitre Concordia).
Asimismo agregó que “las empresas más importantes del país, entre ellas las que operan en el campo de la energía, están percibiendo -vía presupuesto para el año 2007- aproximadamente 37.700 millones de pesos en subsidios, transferencias, promociones, desgravaciones de distinto tipo, por lo cual no me sorprende este tema y en todo caso trataré de tomar contacto con la gente de Salto Grande para verlo más en detalle”.
Al respecto, y en respuesta a quienes argumentan que las tarifas de energía están atrasadas, Lozano dijo que “Argentina tiene condiciones para tener energía barata, habida cuenta de que es un país que dispone de reservas en materia de hidrocarburos y que también tiene una elevada disponibilidad del recurso agua”.
Consideró que “Argentina debiera garantizar energía barata para poder financiar con esto una estrategia de desarrollo industrial que tendiera a favorecer procesos de mayor valor agregado”. El economista de la CTA insistió: “a mí no me preocupa demasiado el tema del precio de la energía, porque el costo que Argentina tiene para producirla es muy bajo”.
El diputado además: “les estamos permitiendo que malgasten reservas de hidrocarburos, vendiéndolas al exterior y obteniendo por eso un precio internacional de 70 dólares. O sea que en realidad, me parece que este tema de las tarifas hay que ubicarlo en el lugar que corresponde en función del desarrollo del país”.
Fuente: Boletín de FeTERA
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.
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