No todos los genocidas del Plan Cóndor tendrán la suerte del chileno Augusto Pinochet y el paraguayo Alfredo Stroessner de morirse en la más absoluta impunidad. En estos casos, como dijo el escritor Mario Benedetti en referencia al dictador trasandino, “la muerte le ganó a la justicia”. Sin embargo, otros ya están en prisión con pesadas causas sobre sus hombros de las cuales no podrán escabullirse tan fácilmente, sobre todo si se tiene en cuenta que gozan de una salud privilegiada.
Un ejemplo es el de Jorge Rafal Videla, el máximo responsable de la última dictadura argentina, que continúa procesado con prisión preventiva en la causa en la que se investiga el Plan Cóndor, la organización clandestina que conformaron los regímenes militares del Cono Sur con la asistencia de Estados Unidos.

Pero el caso más reciente es el de Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco, quienes encabezaron la dictadura cívico-militar uruguaya entre 1973 y 1976, inaugurando doce largos años de terrorismo de estado.

Bordaberry y Blanco cayeron en prisión a mediados de noviembre pasado al ser procesados como coautores responsables de cuatro homicidios “muy especialmente agravados”. Sus víctimas fueron los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y el matrimonio William Whitelaw y Rosario Barredo, todos ellos secuestrados y asesinados en Argentina en 1976.

Según el fallo que dictó el juez a cargo de la causa, Roberto Timbal, los imputados “por su posición Institucional no pueden alegar desconocimiento de la colaboración que existió por lo menos a nivel de las Fuerzas Armadas de Argentina y Uruguay en la represión de las actividades políticas contrarias a los regímenes de facto de ambos países, sino que, por el contrario, desde sus cargos la propiciaron y alentaron, con el resultado a que se llegó con las víctimas de autos”.

Ahora Bordaberry está a punto de recibir un nuevo procesamiento con prisión, esta vez por el delito de “atentado a la Constitución”, al disolver el Parlamento y suprimir las libertades civiles en 1973. La causa también incluye varios casos de crímenes de lesa humanidad.

La jueza Graciela Gatti se encuentra en el último tramo de la investigación, luego de varios meses de acumular pruebas en contra del dictador y, según se estima, podría pronunciarse antes de la feria judicial que comienza el 22 de diciembre.

El lunes pasado, Gatti contó con un testigo clave de la represión en el Cono Sur, el abogado paraguayo Martín Almada, quien no sólo fue víctima del Plan Cóndor, sino que además descubrió los llamados “Archivos del Terror”, que demostraron la participación de la dictadura de Stroessner en la operación militar sudamericana.

Según los abogados querellantes, Hebe Martínez Burlé y Walter de León, el testimonio y la documentación entregada por Almada son fundamentales para el proceso porque le dan “un sello a toda la prueba que no podrá ser cuestionada por nadie".

Luego de su declaración, Almada afirmó a la prensa que "lo que he traído es contundente; primero las pruebas, los archivos del Operativo Cóndor, y segundo mi testimonio. Yo fui torturado por los agregados militares de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay".

El abogado detalló que, entre sus aportes a la causa, hay “fotos y documentos de los uruguayos requeridos por el Ejército uruguayo en Paraguay; hemos encontrado pruebas de cómo la Fuerza Aérea envió a Paraguay a torturar; hemos encontrado las pruebas de cómo un entonces coronel (oriental) Carlos Calcagno, intervino en la tortura de un uruguayo en Paraguay, junto a militares paraguayos y argentinos".

Almada destacó que el gobierno de Bordaberry tomó parte de la coordinación entre las dictaduras de la región a través del coronel José Pons, que representó al dictador en la reunión fundacional del Plan Cóndor.

No obstante, el testigo denunció que el terror está lejos de haberse acabado, ya que pudo descubrir que aún existe una coordinación ilegal entre militares sudamericanos, a la que denominó “El Cóndor dos”, encargada de elaborar “listas de subversivos en América Latina” en plena democracia.

En el transcurso del día de hoy, la jueza Gatti recibirá a otro testigo contundente para la causa: el investigador uruguayo Carlos Osorio, que ya desclasificó infinidad de documentos reservados del Departamento de Estado norteamericano que comprometen a los dictadores de la región, entre ellos Bordaberry.

En el informe 2006 sobre derechos humanos del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que se presentó en el marco del día internacional de los derechos humanos, las acciones judiciales contra Bordaberry y Blanco son calificadas como históricas y como un verdadero camino hacia la justicia. Asimismo, se destaca el procesamiento de los militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Luis Maurente; de los ex militares José Arab y Gilberto Vázquez y de los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima, por los delitos de “asociación para delinquir y privación ilegítima de la libertad” del desparecido Adalberto Soba, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

No obstante, el documento sostiene que la lucha por la justicia, la memoria y la verdad en el país oriental aún requiere de mayores esfuerzos y decisiones políticas.

Por un lado, la organización reclamó acciones para saber la verdad sobre el destino de más de 200 desaparecidos. Luego de que el gobierno de Tabaré Vázquez diera por finalizadas las excavaciones en batallones militares, “es necesario repensar nuevas estrategias de búsqueda desde el Estado, que incluyan sobre todo la exigencia de una colaboración verdadera y comprometida por parte de las Fuerzas Armadas”, aseguró el informe.

En tanto, el SERPAJ también pidió la nulidad de la Ley de Caducidad, la norma de impunidad que aún sigue vigente y obstaculiza el procesamiento de cientos de represores.

Fuente Fernando M. López, Agencia Periodística del Mercorsur (APM).