El recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad del decreto 2778 de 1992, por el cual se dispuso la transformación de YPF de Sociedad del Estado en Sociedad Anónima; y del 1189 de 1993 por el cual se ordenó la privatización total de Gas del Estado y su descuartizamiento en 8 empresas (transportadoras y distribuidoras). También se solicitó la inconstitucionalidad de la ley 24.076, que declaró sujeta a privatización a Gas del Estado, y la ley 24.145, por la cual se dispuso la privatización de YPF.

La importante acción judicial hace una minuciosa reconstrucción de los hechos que llevaron a la privatización de las empresas mencionadas, mostrando las graves irregularidades que rodearon a las mismas, como así también los actos ilegales que fueron necesarios para concretar este propósito.

Con apoyo en la doctrina nacional y en la jurisprudencia de nuestros tribunales, se demuestra la inconstitucionalidad de las leyes y los decretos depredadores, y la necesidad de que la justicia tome el lugar que le corresponde, como el poder encargado del control jurisdiccional de los actos de gobierno, decretando la invalidez de tales normas.

La acción judicial ha sido patrocinada por el doctor Salvador María Lozada, ex juez de la Nación y presidente honorario del Instituto Internacional de Derecho Constitucional, habiendo sido sorteado para intervenir el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 a cargo del doctor Ernesto Marinelli.