De ese encuentro, en el que participó el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI-CTA), se concluyó que se está viviendo “un nuevo avance en los desalojos por parte del gobierno nacional y local y la especulación inmobiliaria expulsa a los pobres de la capital”. Por eso se planteó la necesidad de fortalecer los procesos internos de organización mediante asambleas y otras herramientas; la unidad con otras organizaciones sociales, territoriales y de trabajadores; los procesos cooperativos; y resistir los desalojos.

Entre las propuestas para el 2007, se asentó la importancia de construir un plan de lucha unificado; luchar para hacer efectivo que las propiedades del estado estén al servicio de las necesidades populares; sancionar una ley de suspensión de desalojos y remates; generar programas de vivienda transitoria reales, con control de las organizaciones sociales; impulsar alquileres sociales, que no superen el 20% del ingreso familiar; repudiar la nueva reglamentación de la Ley 341; promover un programa de construcción de viviendas populares por parte del Estado con control y gestión de las organizaciones populares; sancionar una ley de suelo y vivienda de la ciudad.

En cuanto a la situación en las villas, demandaron que se haga efectivo un Plan Integral de Urbanización, con todos los requerimientos de un barrio (calles, cloacas, saneamiento, escuelas, iluminación, espacios verdes y deportivos); que se destine el suelo urbano libre de la ciudad para las necesidades populares; que se concreten los procesos de regularización dominial; que se impulse la autonomía de las organizaciones de vecinos de villas respecto de punteros y gobierno; que se termine el control social que actualmente detenta el IVC en villas; que se reconozca oficialmente a todos los asentamientos existentes como barrios en situación de emergencia con iguales derechos; que suspendan los desalojos en la ciudad.