Uno de los epicentros de la jornada fue la ciudad de Posadas, Misiones, donde con la presencia del secretario general de la FJA, Jorge Izquierdo, los trabajadores ganaron las calles céntricas en manifestación al Palacio de Justicia. La Asociación de Judiciales de Misiones culminó así un paro de 72 horas luego que el Tribunal Superior de Justicia rompiera su compromiso de devolver a los trabajadores la quita del 13% que sufrieron los salarios durante dos años. De esta manera, el propio Tribunal y el gobierno de Rovira hicieron caso omiso de una sentencia judicial ordenando sean devueltos esos importes en su totalidad.

Jorge Izquierdo, quien encabezó la marcha de los trabajadores, denunció la grave crisis institucional que padece el Poder Judicial provincial y denunció al Tribunal Superior como “tramposo” ya que no cumplió ni con la sentencia ni con lo prometido hace dos semanas cuando tuvieron una reunión con los dirigentes de la FJA.
Agregó que los judiciales de Misiones vienen sufriendo una serie de “aprietes” que derivaron en traslados compulsivos entre los trabajadores que adhirieron a las protestas y que no aceptaron las propuestas de recomposición hechas públicas por el Superior Tribunal de Justicia consistentes, insólita e ilegalmente, en pagos de salario en negro. “Esto es una tomada de pelo a los trabajadores”, enfatizó Izquierdo.

El paro se hizo sentir con fuerza también en la provincia de Buenos Aires donde en todas las departamentales de la Justicia hubo asambleas y cese de actividades. Otro tanto ocurrió en los ámbitos judiciales de las demás provincias.

Durante los actos, movilizaciones y asambleas se denunció el intento de reforma procesal penal que, bajo la excusa de acelerar trámites en el Poder Judicial, planea arrasar con mecanismos que hacen a la defensa de los segmentos más desprotegidos de la población y profundiza el trato desigual de los ciudadanos en detrimento de los sectores más pobres.

También se denunció que la reforma penal, sostenida por Blumberg, ahora también aceptada por el gobernador bonaerense -y que probablemente trate la cámara de diputados de la provincia en los próximos días-, es la que impulsa el Banco Mundial y el BID para dar mayores garantías a los capitales extranjeros que monopolizan segmentos claves de la economía argentina. Uno de los puntos que precisamente el nuevo embajador de los Estados Unidos, Earl Wayne, trató días atrás con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue la mencionada reforma procesal penal.

Informe: Arturo M. Lozza