La movilización partió desde las inmediaciones del supermercado Wal Mart -que en 2001 fuera uno de los epicentros de la feroz represión- y llegó hasta Casa de Gobierno. Los nombres de las jovencitas Romina Iturain y Eloísa Paniagua, y de José Daniel Rodríguez, las tres víctimas que la represión se cobró en Paraná, resonaron una y otra vez, para recordar que hasta ahora no hay ningún responsable político que dé cuenta por esas vidas tempranamente perdidas.

Pasadas las 20, la columna que encabezaron dirigentes sindicales de la CTA y otros gremios, y familiares de las víctimas llegó, por calle Laprida, a la explanada de Casa de Gobierno. Allí se dio lectura al documento único que puso de relieve la necesidad de avanzar en las causas que investigan la actuación policial y a los responsables políticos que deben responder por ese accionar.

Tras exigir justicia para las víctimas de las jornadas de 2001, el documento reclamó por la aparición con vida de Jorge Julio López, por el cese de las amenazas que han recibido en los últimos meses dirigentes de sociales vinculados a los Derechos Humanos, y por el desprocesamiento de militantes sociales.

Asimismo, la Multsectorial recordó el contexto en el que se produjo la crisis de 2001 y, en ese marco, puntualizó la necesidad de dar respuesta al aumento salarial que exigen los trabajadores de distintos sectores, la distribución de la riqueza, la reforma agraria y la generación de empleo, así como el apoyo que el Estado debe brindar a los proyectos productivos de propiedad obrera.

“Aún hoy sentimos en nuestros pies el calor de esas jornadas que conmovieron no sólo los cimientos de la Argentina servil al modelo hambreador y entreguista, sustentado en la represión sistemática de las luchas sociales y la complicidad de la gran mayoría de la dirigencia política”, se afirmó en el documento al que se dio lectura frente a Casa de Gobierno.

Aquel contexto sirvió “para encender la llama de la antorcha que hoy ilumina la marcha de los pueblos de todo el continente, en un nuevo escenario político y social signado profundamente por el protagonismo popular, la construcción de la unidad Latinoamericana y la lucha por la liberación nacional y social de nuestro pueblos”. En este nuevo escenario, cinco años después, surgen “nuevas luchas que abonan el reguero de reclamos populares en todo el país” con un actor que habría ganado protagonismo como es “la fuerza del movimiento obrero”.

En este sentido, se enumeraron, entre otros reclamos, los de “un cambio en la matriz distributiva a favor de los trabajadores y los sectores más postergados de la sociedad; una política clara de crecimiento económico, sostenido y sustentable, con real empleo y equidad distributiva, con salarios justos donde ningún trabajador este bajo el límite de la dignidad”.

Sólo un condenado

La represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 se cobró la vida demasiado joven de Romina Iturain, de 15 años; de Eloísa Paniagua, de 13 años; y de José Daniel Rodríguez, de 25 años.

A cinco años de los hechos, sólo un agente de la policía fue condenado por el crimen de Eloísa. No se alcanzó a los responsables políticos ni se pudo avanzar en los procesos iniciados por los homicidios de Romina y de José Daniel.

Silvio Martínez, cabo de la policía, fue el único condenado tras la sentencia de la Sala II de la Cámara del Crimen, en julio de 2003, que lo llevó a prisión por diez años.

Fue el 20 de diciembre cuando Eloísa, del Barrio Maccarone, concurrió con varios vecinos al supermercado Norte de calle San Juan y Victoria. Por una radio se aseguraba que en el comercio se entregaban bolsones de alimentos. Muy por el contrario, la policía apostada en el lugar inició una persecución feroz que obligó a los vecinos a un repliegue a las corridas de vuelta al barrio. Eloísa, junto a un grupo de mujeres y niños, ingresó en el Parque Berduc para escapar de la represión pero un automóvil Fiat Duna les seguía el paso. Martínez, según se pudo determinar, se bajó del vehículo y se apostó para disparar contra la muchedumbre.
Eloísa fue la víctima, tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza.

La diputada nacional Rosario Romero, que representó a la familia de la niña en el proceso judicial, recordó que el caso fue resuelto sin mayores dilaciones. Hubo testigos, especialmente un empleado del parque, y se pudo intervenir rápidamente: “Se secuestró el arma y Martínez tenía huellas de haber realizado el disparo en las manos”, recordó Romero.

Los diarios nacionales, en momentos del juicio, destacaron que se trataba de la primera condena en todo el país por las víctimas de 2001 que ascendían a más de 30.

Nunca se pudo actuar con los responsables políticos de la represión.

Esto fue, sin embargo, uno de los ejes del juicio político a Sergio Montiel que fracasó tras el sorpresivo voto en contra del proceso de un diputado justicialista: Félix Del Real.

15 años. Romero representó también a la parte querellante en la causa que se inició tras la muerte de Romina. La adolescente de 15 años estaba en la casa de su tía, a 300 metros del hipermercado Wal Mart. Fue alcanzada por una bala de arma policial que ingresó a la vivienda luego de que la policía se apostara frente al local para dispersar a un grupo de manifestantes que pedía comida.
Nunca se encontró el arma ni al autor del disparo lo que llevó a hablar, en aquel entonces, de un pacto de encubrimiento en las fuerzas de seguridad de la provincia.

“Se hicieron muchísimas pericias, se peritaron 300 armas, se tomaron testimonios, pero no se pudo avanzar”, recordó Romero. “En el patio de la vivienda encontramos la vaina servida, dentro de un ladrillo hueco. No la encontró la policía, la encontramos con la jueza Susana Medina de Rizzo adentro de un huequito. La herida de Romina tenía orificio de entrada y salida del proyectil que dio con una plantera y terminó en el ladrillo”, detalló. El caso, prácticamente cerrado, quedó en manos del juez de Instrucción Ricardo González.

Un cuerpo. Todo es más confuso aún en el caso del crimen de José Daniel, de 25 años, oriundo de Bovril, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de diciembre de 2001.

El joven militaba en la Corriente Clasista y Combativa y participó de un reclamo de comida frente a la sede de Wal Mart entre el 22 y el 23 de diciembre. Se lo vio por última vez cuando la policía dispersaba a los manifestantes con armas de fuego. Los testimonios dan cuenta de la muerte de José Daniel y del traslado de su cuerpo en un vehículo policial. Nada se supo de él hasta el hallazgo de su cuerpo, cubierto con gomas, en inmediaciones del Nuevo Parque Urquiza.

José Sologuren, dirigente de la CCC, recordó que luego, el 5 de enero de 2002, se presentó un escrito rubricado por militantes y una pareja de José Daniel para que se entregara el cuerpo de la víctima que permanecía en la morgue. “En marzo nos contestaron que había sido entregado el 15 de enero a un supuesto tío de una familia adoptiva de José. No hemos dado con familiares ni en Bovril ni en Buenos Aires donde vivió mucho tiempo”, afirmó.

Los militantes de la CCC no pudieron actuar como querellantes en la causa iniciada ni tampoco pudieron tener acceso al expediente. Así las cosas, sólo por trascendidos, supieron que “después de las corridas, a la noche, iba un grupo escapando hacia el Barrio Humito. Aparentemente le dispararon un escopetazo en la espalda. Este pibe cae y una camioneta de la comisaría 5ª lo levantó aún con vida, según supimos”, relató Sologuren.

Se radicó en Paraná en febrero de 2001 y se constituyó en militante de base de la CCC. “Lo conocí en una asamblea en La Floresta. Vivía en inmediaciones de República de Siria y Ameghino y hacía trabajo de cirujeo”, recordó.

Mucho tiempo después, hace dos años, la militancia supo que los restos del joven estaban inhumados en el Cementerio Municipal, en el predio a la vera del Antoñico tapizado de cruces.