El gremio de los judiciales mendocinos, integrante de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), se encuentra de paritarias, pero en ellas tanto la Corte como el Ejecutivo se han negado sistemáticamente a abordar el reclamo de aumento salarial. Ante tal empecinamiento, los judiciales denunciaron a la Corte ante el Ministerio de Trabajo por “práctica desleal” e hicieron lo propio ante la OIT por “violación del derecho laboral”.

Esta situación llegó al límite del escándalo cuando el gobernador Cobos dio a conocer el Presupuesto de Mendoza para el 2007. En él, se destina una partida de 6.600.000 pesos para elevar las asignaciones de solo 350 altos magistrados, y para los 3.500 trabajadores únicamente se asignan 11.900.000 de pesos.

Por otro dictamen, además, se destinan gruesas partidas de dinero para funcionarios abogados a los que se computa antigüedad desde el momento de obtener el título y no desde su ingreso efectivo, lo cual es un adicional que muchos interpretan como una manera de obtener “favores y complicidades”.

En asamblea, los trabajadores, en un clima de indignación, resolvieron realizar paros de protesta en respuesta a tamaño trato desigual, paros que se cumplieron el 5 y el 14 de este mes.

Ante la falta de respuesta positiva el gremio resolvió iniciar un nuevo paro el día 20, con la Jornada Nacional de Protesta de la FJA, el que se extendió al 21 y 22 de diciembre. Si la negativa a tratar el tema salarial subsiste, no se descarta la continuidad de la paralización -nos informó Carlos Ordoñez, secretario adjunto de la FJA y secretario general de la Asociación de Judiciales de Mendoza- quién calificó como un “hecho escandaloso” lo que está sucediendo en su provincia. Lo que corresponde -añadió- es dar vuelta la ecuación en el Presupuesto: que el grueso de las partidas se dirijan a elevar salarios a los trabajadores, y la parte menor se dirija a los altos magistrados.

Pero la respuesta de la Corte Suprema provincial fue descontar los días de huelga y ordenar listados de trabajadores que adhieran a la protesta, método que fue propio en la época de la dictadura genocida. Tan ilegítimo ha sido el paso de la Corte -destinada irónicamente a administrar justicia- que la Cámara Laboral dio la razón al sindicato, ordenó suspender los descuentos y abrir la instancia de una nueva audiencia entre las partes.