La medida la ordenó el juez Luis Arias, al hacer lugar a una medida cautelar que solicitaron la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA-CTA), integrantes del Frente Gremial Docente.

Fuentes gremiales explicaron que el magistrado ordenó al gobierno "que se abstenga de efectivizar cualquier acto o hecho que afecte la percepción íntegra de los salarios del sector docente, como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006".

El juez consideró que la ley de paritarias no crea ni reglamenta al organismo imparcial encargado de solucionar los conflictos laborales, por lo que "frente al fracaso de los intentos de negociación colectiva, los trabajadores docente no encontraron otro remedio que ejercer el derecho constitucional de huelga".

"Ante esa situación, los descuentos compulsivos en los haberes del personal docente aparecen como ilegítimos, ya que implicarían la lisa y llana supresión del derecho de huelga sin que haya habido una resolución administrativa previa que lo justifique", detalló.

Tras fracasar las negociaciones entre el gobierno y los gremios docentes, que pedían un aumento salarial que eleve el sueldo mínimo a mil pesos, los maestros cumplieron con siete jornadas de paro, en el marco de un plan de lucha que finalizó ayer con una marcha a la Casa de la Provincia.

Ante las jornadas de protesta, el Poder Ejecutivo resolvió descontar los días en los que los maestros cumplieron la medida de fuerza, lo que motivó la presentación judicial del Frente Gremial.