
Un aspecto bastante poco analizado del proceso de implantación de la fábrica de celulosa de Botnia en Fray Bentos es la estrategia de comunicación seguida por la empresa para obtener la aprobación del proyecto.
Para algunos, la conducta de Botnia es un ejemplo del más alto nivel de lo que se debe hacer en la materia y, por cierto, es algo absolutamente inédito en la experiencia uruguaya, tanto como la envergadura de la inversión.
Un breve reseña de las actividades de Botnia en este aspecto incluyen una profusión de comunicados y varias conferencias de prensa, publicaciones de divulgación, reuniones con ONG, reuniones públicas informativas, seminarios científicos, sorteo de viajes a Finlandia entre pobladores de Río Negro y Soriano, regalos para la Navidad de 2003, visitas a Finlandia de dos grupos de periodistas y de un grupo constituido por intendentes locales, miembros de los partidos políticos y de órganos oficiales (CARU y Dinama).
Por cierto, como corresponde a una empresa del porte de Botnia, partes de estas tareas se encomendaron a cotizadas empresas de comunicación institucional y fueron acompañadas por relevamientos sistemáticos de la opinión pública local y nacional del Uruguay a cargo de consultoras del ramo. Pero, más allá de la excelencia técnica o profesional, la cuestión clave de este enfoque comunicacional es que va de arriba hacia abajo, es unidireccional.
O sea, lo que se busca es divulgar y convencer, sin retroalimentación. Divulgar, brindando (hasta cierto punto nada más) informaciones sobre el proyecto y convencer. Las alternativas dejadas al destinatario de la comunicación son la aceptación, la duda o el rechazo de la propuesta, pero sin retorno del lado de la empresa. Este enfoque no contempla otra forma de relación con el público ni de participación de las comunidades vecinas.
Hoy en día, ante crecientes conflictos surgidos en torno a emprendimientos de gran impacto social y ambiental, esta metodología de comunicación es considerada cada vez más como insuficiente.
El concepto de Licencia Social para Operar, que sintetiza una nueva forma de relación con las comunidades, es reconocido por las empresas más comprometidas con la responsabilidad social como la única garantía de la viabilidad del proyecto.
La organización mundial Business for Social Responsibility (BSR), que asesora a sus empresas miembros para llevar adelante sus proyectos por vías que respeten los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente, considera que el cumplimiento de las expectativas sociales en relación con un proyecto dado se reconoce cuando ésta consigue lo que se denomina Licencia Social para Operar.
Haber obtenido la Licencia Social para Operar (LSO) significa que la empresa ha logrado el respaldo de las partes interesadas para la ejecución del proyecto, además de cumplir con los requisitos legales para su explotación.
Las principales condiciones, de acuerdo con la citada fuente, para obtener esta licencia implican que:
1) La empresa informe completamente de sus operaciones a la comunidad;
2.) La empresa comunique la información requerida de acuerdo con las necesidades de la comunidad local;
3) La comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan; y
4) El proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un marco de desarrollo sustentable.
Las empresas suelen promover ciertos impactos sociales positivos, tales como el aumento del empleo y el ingreso local, de una mayor diversidad comercial y empresarial. Pero aquellas que se toman seriamente la LSO realizan una inversión social real en educación, salud, ambiente, economía local y fortalecimiento institucional, teniendo como objetivo el consenso de la comunidad y la sustentabilidad de sus entornos operativos.
Con este fin destinan recursos para la construcción y dotación de infraestructuras educativas y de salud, la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de base, apoyo a grupos étnicos, apoyo a actividades agropecuarias, establecimiento de convenios culturales y educativos, la constitución de cooperativas y empresas asociativas, la creación de grupos ambientalistas, redes juveniles de prevención, entre otras.
Desde el ángulo de la LSO, la estrategia de comunicación social de Botnia fue incompleta y con su determinación de avanzar con el proyecto a toda costa, ignorando inclusive una solicitud presidencial de los países involucrados, sólo logró agravar el problema. En esta cuenta debemos sumar a aquellos sectores económicos y políticos locales y medios de comunicación, que se dedicaron básicamente a defender sus intereses particulares o políticos asociados con el proyecto de Botnia y el modelo de país forestal.
Este aspecto fue tratado con meridiana claridad por la Ombudsman del Banco Mundial, la abogada Meg Taylor, de Papúa Nueva Guinea, cuando en su informe de fines de 2005 dijo: “Se ha puesto muy poco énfasis en la naturaleza transfronteriza de los posibles impactos de estos emprendimientos y no ha habido suficiente reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones y temores de las comunidades localizadas en el área del proyecto”.
Y advirtió en aquel entonces que una “mayor información y hechos científicos, no serán suficientes para encarar la falta de confianza que existe al momento entre aquellos que están preocupados por los proyectos”. La Ombudsman exhortó expresamente a la CFI a esforzarse para “que la gente que cree que va a ser impactada, pueda tener confianza en el proceso al igual que en los resultados de cualquier estudio adicional”. La falla de la decisión de la CFI en este aspecto es obvia, por más votos que haya tenido la resolución. La “intransigencia” de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú -las tentativas de encasillarla para el análisis en categorías de grupo político, manipulado o radical y grupo ambiental, no prosperan porque es el pueblo sin intermediarios-, radica precisamente en que cada paso dado por la empresa, políticos, organismos financieros y gobiernos, en lugar de darle garantías a la población, la sumieron en la mayor desconfianza.
¿Quiénes son los responsables de no haber hecho lo necesario para obtener el consenso de Gualeguaychú? ¿Es viable un proyecto si no cuenta con la LSO? Estas son preguntas que tenemos que responder hoy.
Víctor L. Bacchetta, periodista uruguayo escribe para el semanario Brecha de Montevideo.
Nota reproducida por el diario El Argentino de Gualeguaychú, Entre Ríos.
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