“Primero se los desvestía, se les aplicaba una fuerte dosis que los dormía y cuando estábamos mar adentro, el comandante nos daba la orden para que los tiremos”, fueron las declaraciones que el ex marino Adolfo Scilingo relató al periodista Horacio Verbitsky. Se hacía público lo que se murmuraba en silencio: “Los vuelos de la Muerte” era un operativo que la dictadura instauró para deshacerse de los desaparecidos tirándolos al río de la Plata. Muchos de esos cuerpos aparecían en la costa argentina.

Hoy comienza la quinta jornada del juicio que se lleva adelante en España a este represor, Adolfo Scilingo, por genocidio; sin embargo, en su declaración ante el Tribunal de la Audiencia Nacional española, Scilingo dijo que los vuelos existieron pero él no participó, que inventó todo sus dichos porque “era lo que ustedes querían escuchar”.

Quien lo escuchaba desde el rol de acusador era el abogado Carlos Slepoy, a quien entrevistó ACTA días antes del comienzo del juicio. No sólo lo escuchaba, también leía la declaración que el propio Scilingo realizó en octubre de 1997 ante el Juez Garzón durante 4 días, en el marco de la causa 19/97 por Genocidio y Delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar en Argentina.

¿Qué condiciones tuvieron que darse para que comenzara el juicio oral a Adolfo Scilingo?

El periodo de Instrucción a cargo del juez Baltasar Garzón finalizó hace bastante y, como en España se juzga en presencia, se eleva al Tribunal para que sea juzgado. Es el primer juicio oral que se realiza a uno de los imputados en la causa 19/97 por genocidio. Se entiende que él fue participe necesario en los crímenes, no porque materialmente haya matado a alguien sino porque su colaboración fue necesaria para que los crímenes se cometieran. ¿Cuáles eran en este caso? Adolfo Scilingo era responsable de los automotores de la ESMA, él arreglaba los coches con los que se secuestraba a la gente, además de la participación en los vuelos de la muerte. Aunque no haya torturado físicamente, tiene responsabilidad. Es partícipe necesario.

¿Este juicio es parte del principio de la justicia universal: perseguir a los criminales de delitos de lesa humanidad estén donde estén?

En realidad, “el principio de justicia universal” es una idea que se hace firme desde la necesidad. No es que nosotros tuviéramos claro la idea de la jurisdicción universal, de que distintos tribunales del mundo estaban obligados a perseguir a genocidas por crímenes de lesa humanidad, sino que empezamos a ver, a partir de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el posterior indulto, de qué modo era posible buscar vías alternativas a la impunidad, buscar la ruptura de la impunidad. Y hubo distintas formas: gestiones ante los comités de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, denuncias ante países, juicios que se iniciaron apenas terminada la dictadura como el de Italia y el de Francia.

Estos últimos casos, ¿cómo se consolidaron?

En 1983, se abren procedimientos en estos países para investigar la desaparición de nacionales en territorio argentino. De hecho, la condena a Alfredo Astiz en Francia es en 1991, es un precedente.

¿Y cómo surgen los juicios en España?

A diferencia de lo que ocurre con la legislación francesa o italiana; en España no hay ninguna norma que establezca la posibilidad de perseguir delitos cometidos contra españoles fuera del país. La legislación de países como Francia establece que en el supuesto de que cometieran un delito contra un francés y no fuera reparado en el país donde ocurrió habría posibilidad de juzgarlo en Francia. Sin embargo, la ley española establece un grupo de delitos y crímenes de carácter internacional que pueden ser investigados por la jurisdicción española independientemente del lugar donde se hayan cometido. Eso es lo que conocemos como Jurisdicción Universal. Y entre estos crímenes está el genocidio, el terrorismo, el narcotráfico y la trata de blancas, según los Tratados Internacionales.

Tratados que Argentina ratificó. ¿Por qué no juzgarlos en Argentina?

Argentina suscribe el Convenio contra el Genocidio en 1948 muy temprano. Lo firma en el ‘54 y lo ratifica en el ‘56. Es decir, que desde el año 56 hay una norma para perseguir estos delitos independientemente del derecho consuetudinario. Y sin embargo, todavía no lo incorpora a su legislación penal, inconcebiblemente. Llevamos casi 50 años de la firma de ese convenio y no hay ninguna norma en el derecho interno penal argentino que establezca la sanción por el genocidio, el propio convenio dice que los países se comprometen a incorporar a su legislación penal la figura del genocidio. Recordemos que acá se eliminó un inmenso grupo nacional argentino que tenía elementos comunes: quienes no compartieran la idea de nación que tenían los genocidas, estaban condenados a ser exterminados.

Carlos Slepoy era un abogado recién recibido de la UBA que comenzaba a trabajar para sindicatos y militaba en el PRT. También estuvo a punto de ser exterminado. Fue perseguido y detenido el 13 de marzo de 1976. Estuvo unas horas en la ESMA, meses en Devoto y en octubre lo trasladaron a La Plata a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

En noviembre de 1977 le dan la opción de exilio y partió hacia España, desde donde continuó denunciando el genocidio instaurado por la Dictadura. “A partir de allí, participé en asociaciones por la libertad de los presos políticos. Fueron ámbitos que se fueron disolviendo cuando pasó la dictadura y luego se empezaron a regenerar debido a la impunidad posterior. En 1989, cuando Carlos Menem declara los indultos, nos constituimos como Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid para trabajar desde ahí ya que tuvimos la sensación de que se cerraba la posibilidad de saber la verdad”, explica Slepoy.

La denuncia que inicia la causa 19/97, con más de 400 testimonios recogidos, fue presentada por el fiscal español Carlos Castressana el 29 de marzo de 1996. “Es importante siempre señalar -remarca Slepoy- que Castressana quedó impactado por la gran movilización de los 20 años del Golpe y su admiración hacia las madres lo llevó a que ante la imposibilidad de reclamar por los españoles desaparecidos, presentara la figura del genocidio”.

Comienza un proceso inédito apoyado por la sociedad.

Sí, totalmente. Si hay procesos en España, se debe al empuje de la sociedad argentina, porque si no hubiera habido esta búsqueda no se habrían abierto procesos afuera. Entonces, los procesos se van entrelazando. El proceso español es como un impulso de causas que surgen acá. La colaboración judicial entre Argentina, Chile y España es como el punto máximo de cómo se van relacionando los procesos, son parte de la misma historia.

En este sentido, para nosotros fue sustancial la presencia de la CTA y de la FUA como testigos, ya que con los trabajos presentados en España se acreditaron la cantidad de trabajadores y estudiantes desaparecidos. Se detalló cómo se intervinieron las universidades, cómo se colaboró en el señalamiento de estudiantes, cómo desaparecieron delegados sindicales, cómo las grandes empresas cedieron sus sedes como campos de concentración.

En nuestro país, ¿en qué medida influye el proceso en España?

Yo creo que influye mucho en estos reclamos de la nulidad de las leyes, esto que es una reivindicación que nunca se dejó de mantener a partir del ‘96 y a través de diversos estímulos entre los cuales está el procedimiento español, se plantea que estas leyes eran contrarias a la Constitución Argentina y a los Tratados Internacionales. En toda manifestación hay un cartel que dice “Castigo a los genocidas”, pero nunca nadie se había planteado seriamente la parte jurídica. Entonces, para nosotros es muy importante que la figura del genocidio esté en la realidad jurídica como subyace en la realidad social. Hay una conciencia de genocidio en el país.

Singularidades del proceso

La declaración de la nulidad de las leyes de la impunidad por parte del Congreso Nacional abrió una nueva senda en el camino de la verdad y la justicia. Se reabrieron causas que estaban estancadas e incluso comenzó en Santa Fe un juicio que deriva del de España contra el ex juez federal Víctor Brussa, acusado por genocidio.

“Estos avances -afirma Slepoy- empezaron a crear la idea de que ni siquiera la Argentina es hoy un refugio para los genocidas como lo era años atrás. El círculo de la impunidad se ha roto y ya no quedan lugares adonde ir y los tribunales de los distintos países han colaborado para que sucediera esto”.

¿Qué singularidad tiene este procedimiento en la historia del derecho internacional?

La colaboración de la distintas justicias. En este juicio, la colaboración de la justicia argentina es determinante. Es tan estrecha que la prueba testifical se realizará a través de testimonios prestados desde Argentina. Como es un juicio oral se instalará el sistema de videoconferencia. Habrá mecanismos técnicos para que haya pantallas en los Tribunales y desde una sala judicial de España se interrogue a los testigos en Buenos Aires. Un juez argentino, en este caso Claudio Bonadío porque salió sorteado, será el moderador. Se estima que el juicio durará un mes y medio, y muchos testigos declararán por video conferencia, entre ellos Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA.

¿Cómo ve el futuro de Scilingo?

Por nuestra parte, le imputamos todos los secuestros, desapariciones y torturas que ha habido en la ESMA y allí las penas son acumulables así que hemos pedido 6.626 años de prisión. Recordemos que Scilingo entra en 1983 como asesor de la presidencia dentro de la Fuerzas Militares y en el ‘86 es dado de baja. Scilingo comienza a hablar en 1995, cuando se reciente con sus superiores porque en el Senado no le daban el pliego para ascender y se empezó a quejar diciendo que sus almirantes no lo defendían, que dijeran la verdad. Tenía problemas con el alcoholismo y decía que se lo había provocado los “vuelos de la muerte”. Empezó a decir que hablaría y después se entrevistó con Verbitsky, de esta declaración surgió el libro “El Vuelo”.
Era insólito que él dijera que había tirado gente al mar y no pasara nada. En Argentina, fue juzgado por apología del delito y no por el delito mismo.

Insuficiencias criollas

Carlos Slepoy aplaude la colaboración de la justicia argentina, pero alerta sobre sus insuficiencias. “La Nulidad de las leyes es un paso importante pero tendría que ser ratificada por la Corte Suprema de la Nación. La Corte debe tener una actitud activa en la persecución del crimen. No puede limitar que estos delitos sean perseguidos, es más, tiene que poner todos los medios que tenga al alcance de la sociedad”, asegura el abogado.

También sentencia que de los 1.500 criminales denunciados como participes del genocidio, según los organismos de Derechos Humanos, hay sólo 100 imputados y 19 están prófugos.

Aunque considera el arresto domiciliario como una garantía en muchos casos, para Slepoy, los máximos responsables de la última dictadura militar deberían estar en la cárcel y no cuidados y protegidos en los centros militares... allí donde estuvieron en cautiverio sus propias víctimas.