El clamor popular repudio a esa Corte que había convalidado la instalación del neoliberalismo, las aberraciones del menemismo, la estafa a los jubilados, la impunidad, el saqueo al patrimonio nacional, la precarización laboral, el “punto final” y la “obediencia debida”.

El impulso de aquellas grandes movilizaciones de diciembre de 2001 aun sigue expresándose, se señaló en el acto. Siguen produciéndose episodios que indican nuevos momentos, como los mecanismos de lucha asamblearia de Gualeguaychú que enfrentan a los poderes políticos, que rechazan las concepciones del disciplinamiento social y confrontan con la decisión de instalar en nuestros suelos a empresas multinacionales que afectan el medio ambiente. Otro ejemplo en el mismo sentido son las recientes elecciones en Misiones, o las grandes movilizaciones por la aparición con vida de Julio Jorge López.

La asamblea popular y el cacerolazo del 28 de diciembre de 2001 frente a los Tribunales fue una manera de manifestarse en rechazo a un modelo de justicia que aun no sucumbió, es más, todavía hay un 80% de medidas por tomar, se señaló en el acto conmemorativo. Y porque falta mucho por hacer -se señaló-, la indignación popular estalló recientemente contra juzgados en Córdoba y otras provincias donde edificios de Tribunales han sido quemados o apedreados, entre otros motivos, porque los poderes políticos locales muchas veces están en convivencia con jueces y fiscales que consagran la impunidad cuando se trata de condenar a policías, a funcionarios públicos, grandes empresarios o delincuentes de guante blanco.

En aquellas movilizaciones jugaron un importante papel los abogados laboralistas quienes durante años habían visto la degradación de la legislación del derecho laboral con la complicidad de la Corte. Estos profesionales, presentes también hoy en la conmemoración, se habían quitado el saco y la corbata -de uso obligatorio en Tribunales según acordada de la Suprema Corte- y concurrieron con sus pancartas a Plaza Lavalle para gritar junto al pueblo “que se vayan todos”, y enfrentar al máximo Tribunal aún con el peligro de perder causas pendientes y ser represaliados.

A partir del 28 de diciembre profesionales, asambleas, organizaciones piqueteros y de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, la FJA y la Asociación Judicial Bonaerense comenzaron movilizaciones semanales durante dos años condenando el modelo de justicia que consagró la impunidad. También se realizó el “Juicio Etico a la Corte” y todo eso facilitó que el presidente Néstor Kirchner firmara el decreto 222, que significó un primer paso positivo en el camino hacia la democratización en la elección de los jueces.

Consecuencia de las movilizaciones -se recordó- “no se fueron todos los que tenían que irse, pero se han ido unos cuantos aunque no los suficientes para que haya otro modelo en la justicia argentina”.

La conmemoración del lustro de aquella asamblea del 28 de diciembre ha sido -se destacó- redoblar el compromiso de lucha hacia la democratización total de la justicia. Se denunció, sin embargo, que en estos mismos momentos, a espaldas del pueblo, se está tratando en la legislatura bonaerense un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal enviado por el Ejecutivo que es un paso más en la negación de acceso a la Justicia a millones de ciudadanos, tal como lo venían reclamando los Blumberg y los Patti. "Es decir -sostuvo Victor Mendibil, cosecretario de la FJA-, para responder a las exigencias de más represión que hace la ultraderecha, la respuesta política que tiene el gobierno provincial no se convocar a la sociedad, a los sindicatos, a las organizaciones de derechos humanos, sino enviar sin consulta un proyecto al parlamento que va en dirección a lo que la derecha quiere. Creo que este hecho -finalizó expresando Mendibil- le da una gran actualidad a esta conmemoración, que renueva el grito de justicia y de “basta a la impunidad” de nuestro pueblo".