La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informó que el arresto de produjo después de que se tramitara a través de Interpol la orden de captura internacional con fines de extradición cursada por un Juzgado argentino el 20 de diciembre pasado.

Almirón, de 71 años, fue detenido por la Policía sobre las 14.30 (hora de España), en uno de los lugares que solía frecuentar en Torrent -una localidad cercana a la ciudad de Valencia-, donde había sido localizado hace unas semanas. El ex represor ahora será puesto a disposición de la Audiencia Nacional para que tramite su extradición.

La solicitud de extradición de Almirón había sido emitida el martes por el juez argentino Norberto Oyharbide, a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional número 5 de la Ciudad de Buenos Aires que le imputa los delitos de “asociación ilícita y doble homicidio” contra el ex diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; el ex jefe de la Policía bonaerense Julio Tomás Troxler; el profesor universitario Silvio Frondizi y su yerno Luis Ángel Mendiburu. Además, declaró que esos crímenes eran de “lesa humanidad” y por ese motivo son imprescriptibles.

Piden a España la extradición de Cavallo

El juez Sergio Torres solicitó ayer a España la extradición del ex marino argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en Madrid e imputado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El magistrado tomó la decisión luego que la semana pasada la justicia española decidió inhibirse en favor de los tribunales argentinos en el caso de Cavallo. La fiscalía española había solicitado 17.000 años de cárcel contra el ex marino por delitos de genocidio y terrorismo durante el régimen militar.

En un extenso fallo de 160 páginas, el juez Torres solicitó la extradición de Cavallo, "con el fin de recibirle declaración indagatoria" en su juzgado de Buenos Aires.

Torres está a cargo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el emblemático centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros, la mayoría de los cuales integra la lista de 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura, según organismos humanitarios.

La causa de la ESMA se reabrió luego de la anulación en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, allanando el camino para que Cavallo pueda ser juzgado en los tribunales argentinos. En el fallo, el juez recuerda que el ex capitán de corbeta es uno de los acusados por el secuestro y muerte de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, en diciembre de 1977.

Está imputado además de haber participado en el operativo de un grupo de tareas de la ESMA para capturar al periodista y escritor Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977. También se lo acusa por la apropiación de los bienes y efectos de Walsh, llevados de la casa del escritor en la provincia de Buenos Aires, entre ellos varios cuentos inéditos, según el fallo. Asimismo fue acusado de apropiarse de bienes personales e inmuebles de varios detenidos de la ESMA entre 1976 y 1983.

Ricardo Cavallo, alias "Marcelo", "Miguel Angel" y "Sérpico", de 55 años, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, a 37 km de Madrid, desde que en junio de 2003 fue extraditado desde México a petición del juez español Baltasar Garzón. El magistrado español lo acusó de genocidio, terrorismo y tortura, imputándole la desaparición de 227 personas y el secuestro de 110. Los abogados de la acusación habían alertado recientemente que en junio de 2007 se vencen los cuatro años de prisión preventiva de Cavallo.

El 10 de junio de 2003, la Suprema Corte de Justicia de México, donde había sido capturado en agosto de 2000, autorizó su extradición a Madrid por los delitos de genocidio y terrorismo, pero no por tortura, pues según la legislación de ese país había prescrito.

España dependerá entonces de una autorización del gobierno de México para extraditar a Buenos Aires al ex militar argentino, de acuerdo al tratado bilateral de extradición. La extradición a Argentina dependerá de "una decisión política" del gobierno de México, advirtió el abogado de la acusación contra Cavallo en Madrid, Carlos Slepoy, a la prensa de Buenos Aires.