El trascendente dictamen emitido días atrás, en el marco de la causa que se encuentra en juzgado federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, tiene el valor histórico de ser el primero que investiga la responsabilidad del último período del gobierno de Isabel Perón en el terrorismo de Estado, a través de los grupos parapoliciales de la Triple A, avalados al menos en el discurso por la retórica del entonces ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, quien firmó el decreto que dispuso la “aniquilación” de los subversivos.

El abogado Ricardo Monner Sans, quien representa a familiares de las víctimas, afirmó a La Política Online que el dictamen, que curiosamente no tuvo gran trascendencia en los medios de comunicación, “marca un hecho único hasta aquí, como ser el judicializar dentro del marco de crímenes de lesa humanidad sucesos ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”.

El informe, tal cual era su cometido, centró su atención en la denuncia de los querellantes, los cuales acusaban por las desapariciones al sindicalista José Rodríguez, como titular de SMATA, al entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, y a la empresa Mercedes Benz.

La acusación

La denuncia realizada por familiares de las víctimas argumenta que la desaparición de las víctimas fue el resultado de un acuerdo entre las tres partes acusadas, como parte de un plan para desactivar y eliminar a la comisión interna de Mercedes Benz, de perfil combativa y opositora del todavía titular de SMATA, José Rodríguez.

Según este planteo, las tres partes denunciadas recibían sus beneficios. Por un lado, el Estado tenía acceso a la información que le permitía identificar a los trabajadores más “ruidosos” o contrarios a su política, que por entonces había pegado un giro a la derecha de la mano del famoso “Rodrigazo”, que no fue otra cosa que un salvaje ajuste dispuesto por el ministro de Economía, Celestino Rodrigo.

Por su parte, la firma Mercedes Benz se constituía en la principal proveedora de camiones “Unimog” para las Fuerzas Armadas. Mientras que, SMATA recibía la adjudicación de un convenio colectivo de trabajo por el cual la empresa otorgaba al sindicato el uno por ciento del precio de venta de cada automotor.

La denuncia se planteó ante la desaparición de Oscar Alvarez Bauman, Alfredo Arenas, Héctor Belmonte, Rubén Caddeo, Carlos Cienciala, Fernando Del Conte, Alberto Gigena, Miguel Grieco, Charles del Carmen Grossi, Jorge Leichner Quilodrán, Juan Mosquera, Diego Nuñez, Esteban Reimer, José Vizzini, Victor Hugo Ventura, Juan José Martín y Héctor Aníbal Ratto. Estos dos últimos, son los únicos sobrevivientes.

Según la denuncia, la casa matriz de Mercedes Benz, ubicada en la ciudad alemana de Sttutgart, envió una carta en mayo de 1976 al Sindicato Industrial Metalúrgico de la República Federal Alemana. En ella se excusaba por el despido de 115 trabajadores en su sucursal argentina tras la huelga de octubre de 1975, argumentando que la medida respondió a un “pedido urgente” del entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, de “acabar con los elementos subversivos dentro de la fábrica”.

Este pedido, realizado dos días antes de la masiva huelga de Mercedes Benz del 6 de octubre de 1975, habría sido el puntapié inicial de esta serie de sucesos.

Difícil de probar

Sin embargo, y como marca gran parte de la historia argentina en lo que a la compilación de pruebas refiere, dicha carta nunca apareció. Según el informe, la empresa sólo contaba con archivos posteriores a 1978. Esto significa que la existencia de la carta que incriminaba a Ruckauf es indemostrable.

Siguiendo esta línea, no existe documento que certifique que la entrega de ese uno por ciento por parte de la empresa a SMATA se haya cumplido. De hecho, el acuerdo nunca fue homologado. Y, por último, que el Ejército Argentino sea el principal comprador de Mercedes Benz Argentina resulta materia insuficiente para ser causa de sospecha, por lo tanto, no sirve como prueba incriminatoria, sostuvo el fiscal Delgado en su dictámen.

La ecuación determina que a pesar de este informe ninguno de los tres acusados, Ruckauf por el Estado, Rodríguez por SMATA y la dirigencia de Mercedes Benz Argentina, deban responder penalmente por la desaparición de los trabajadores.

Sin embrago, esta dificultad no obsta al fiscal Delgado para responsabilizar al menos en términos generales a los acusados. En el punto 3 del informe sostiene que la investigación permite llegar a “Una conclusión nítida: las privaciones ilegales de la libertad, y en algunos casos los tormentos, ocurrieron y el denominador común que las une es la relación laboral de las víctimas con la firma Mercedes Benz”.

Allegados al fiscal Delgado, afirmaron, con cierta frustración, que en este caso se encontraron "ante un guión de teatro, con roles repartidos, pero con actores sin rostro".

Los indicios

A pesar de que el trabajo del fiscal Delgado no permitió ponerle cara, ni nombre, ni apellido a los responsables de la desaparición de los quince trabajadores, algunos indicios dejó la investigación que sirven como prueba, al menos, de que los dirigentes de la empresa estaban al tanto de un plan sistematizado para atemorizar, reprimir o hasta eliminar obreros “subversivos” que se interpongan en la imposición de la nueva metodología de trabajo.

De hecho, el encargado de seguridad de la Mercedes Benz Argentina fue Rubén Luis Lavallén, un ex comisario represor procesado por la apropiación de bebés y torturas. Este modus operandi de colocar militares retirados en cargos importantes, se hizo costumbre en esa época entre las grandes empresas. Según el trabajo del fiscal, respondía a una necesidad de “disciplinar” a los empleados, además de “actuar como células de espionaje para detectar la actividad de los trabajadores, y así identificarlos”, según datos recogidos por este medio.

Así también, si bien no se pudo demostrar el pedido de “eliminación” realizado por Ruckauf en este caso concreto, es de público conocimiento el decreto 2772/75, firmado él mismo el 6 de octubre de 1975, por el cual expresó su voluntad de “aniquilar a la subversión”.

Además, el trabajo de la periodista alemana Gabriela Weber, quién fue la primera en denunciar e investigar esta causa, determinó que José Rodríguez mintió cuando aseguró que se había enterado de los desaparecidos en Mercedes Benz por “los juicios de la CONADEP”. Weber documentó dos discursos de Rodríguez, uno de noviembre de 1976 y otro de octubre de 1979, en los que reconocía q ue “la represión ha sido muy fuerte en Mercedes Benz”.

Respondiendo a las palabras de Delgado, si el guión es bueno, a veces no hace falta que los actores muestren el rostro. Pero si es de terror, en la mayoría, los asesinos ocultan su identidad tras una máscara.

Fuente: Nicolás Fiorentino, La Política Online.