El juez federal de San Rafael, Héctor Raúl Acosta, libró una orden de detención a la Policía Federal para que sea elevada a Interpol contra la ex mandataria y aclaró que si se la encuentra y no acepta presentarse, se procederá a iniciar un juicio de extradición, con el fin de traerla a la Argentina.

Isabel Perón está imputada en una causa que investiga la desaparición de un hombre y el secuestro y la tortura de otro, ambos episodios ocurridos en 1976, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Héctor Fagetti, un empleado de Rentas que desapareció el 25 de febrero de ese año y de quien no se tuvieron noticias desde ese día, y de Jorge Berón, quien en 1976 tenía 17 años y militaba en la Juventud Peronista.

Este último, que actualmente tiene 47 años y vive en San Rafael, fue secuestrado el mismo día que Fagetti, torturado con picana eléctrica, y posteriormente liberado en 1977.

La ex primera dama también es investigada en una causa que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide por delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A, durante su mandato.

En el marco de la causa que se sigue en Mendoza, también son investigados el ex senador Antonio Cafiero; el diputado Carlos Ruckauf, el ex presidente provisional del Senado Italo Argentino Luder, el ex canciller Manuel Arauz Castex y los ex ministros de Defensa Tomás Vottero y de Bienestar Social Carlos Emery.

El juez federal se basó sobre la presunta responsabilidad que tuvieron los integrantes del Gobierno nacional en el dictado de los decretos 2770, 2771 y 2772, de 1975.

A través de estas disposiciones se constituyó un Consejo de Seguridad Interna y se facultó a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaron "bajo su control operacional" al personal y a los medios policiales y penitenciarios que les fuesen requeridos "para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión".

Además, los decretos facultaron a las Fuerzas Armadas, "bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, a proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

Acosta consideró que a través de la firma de estos decretos las autoridades que gobernaban el país estuvieron implicados en al menos una de las desapariciones que se produjeron en esa época en la provincia.

En octubre pasado, el magistrado había requerido información sobre los domicilios particulares y laborales de "Isabelita", Cafiero y Ruckauf, entre otros, a los efectos de realizar los pasos previos formales para posteriormente ordenar sus detenciones si lo creía correspondiente.