Por José Busaniche *

La Provincia de Córdoba (ley 8.501 y 8.834) y el municipio de la ciudad de Córdoba (ordenanza 10.291) adhirieron a leyes nacionales y llevaron a cinco por ciento el cupo mínimo de los empleados con discapacidad que deben desempeñarse en sus dependencias (en la Nación, el mínimo es del cuatro por ciento). Sin embargo, consultas a dependencias y autoridades provinciales y municipales confirmaron que no hay cifras precisas y admitieron que se está "muy lejos" de cumplir el cupo, en parte porque las disposiciones legales cordobesas están parcialmente reglamentadas.

La Provincia no tiene datos globales. No obstante, el Ministerio de la Solidaridad informó que en su órbita trabajan 497 personas; de ellas, 36 padecen algún tipo de discapacidad. Esto es el 7,24 por ciento. De esta manera allí se superaría el cupo. Fuentes oficiales reconocieron que este Ministerio ocupa a la mayor cantidad de trabajadores con discapacidad.

La cifra total se estimaría en 93 personas, según consta en un oficio judicial. Si se tiene en cuenta que la Provincia cuenta con 65.100 trabajadores (sin contar los contratados), el porcentaje de empleados discapacitados es de sólo 0,14 sobre el total.

En tanto, Diego Redoni, director de Atención a Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, indicó que en diferentes direcciones y CPC hay unas 45 personas discapacitadas trabajando. En este caso, además de las discapacitadas se contabilizan a los empleados que sin tener alguna discapacidad tienen a su cargo a un familiar con esa condición.

El cupo se cumple holgadamente en esa dependencia donde trabajan 12 personas y hay cuatro con discapacidad; pero no hay datos precisos sobre el resto de las áreas y secretarías.

El cupo de inclusión laboral es exigido por la Ley Nacional 22.431 y si bien tanto la Provincia como la Municipalidad adhirieron a sus normas, no completaron la reglamentación legal, con lo que se restringe aún más su aplicación. Para Redoni es claro que "falta voluntad política" para que se implementen.

"No sabemos cuantos hay". Alberto Reinaldi, titular de la Dirección de Protección Integral de las Personas con Discapacidad señaló: "En Solidaridad el cupo se cumple porque se conoce de cerca la problemática. Pero no sabemos cuántas personas discapacitadas trabajan en la Provincia y está bien que así sea, para contribuir a su inclusión. La persona discapacitada es reacia a ser identificada como tal. Cuando una persona aspira a trabajar en una dependencia del Gobierno no se le interroga si es discapacitado o no, por eso no sabemos cuántos son".

El funcionario continuó: "Tan importante como cumplir con la ley es la forma en que se hace. ¿La persona discapacitada quiere entrar a trabajar porque es discapacitada o porque es eficaz y eficiente? Nosotros estamos trabajando en esa línea. Además hoy todo lo que hay en discapacidad a nivel de programas o talleres de trabajo no son sustentables. Salvo excepciones, la gran mayoría no se sostiene en el tiempo a menos que sea subvencionada. Nos falta conocimiento para lograr trabajos exitosos".

Reinaldi considera que no es utópico alcanzar el cinco por ciento de ocupación de discapacitados. "Hay una gran desocupación en la discapacidad. Pero el tema laboral es una deuda como política pública", dijo.

Esperan 20 currículum. En tanto, el 27 de diciembre pasado, Dalmiro Videla, titular de la Unión Cordobesa de Ciegos (Ucorci) se reunió con el ministro de Solidaridad Daniel Passerini para acercarle un eterno reclamo que comparte gran parte de sus más de 260 afiliados: la falta de empleo estable.

"Le reiteramos el pedido de años anteriores cuando solicitamos que se considere la situación de discapacitados, pidiendo que se respete el cupo. Le volvimos a dejar 20 currículum y estamos esperando", comentó Dalmiro.

"Lo que el discapacitado necesita es una salida laboral y algo para llenar la panza; no que le hagan el versito porque a ese mismo discapacitado mañana lo tenés mangueando en la peatonal", señaló Luis Gordillo, no vidente que trabaja como vendedor ambulante y se mantiene con una pensión de su padre.

Reinaldi aseguró que está al tanto del reclamo de Ucorci. "Les solicitamos datos sobre el nivel de estudios de los postulantes. Estamos trabajando sobre la generación de micro créditos. El problema es que el 90 por ciento fracasa porque no se hacen estudios de mercado ni se trabaja con productos rentables".

En Ucorci abunda el escepticismo con respecto a lograr respuestas en el corto plazo. "Para nosotros las puertas de la estabilidad laboral están cerradas. A la gente que va a buscar trabajo la mandan a hacer el trámite a la bolsa de empleo, le dan un cartoncito, tiene que esperar que la llamen y chau. Hay discriminación y falta de sensibilidad", afirmó Dalmiro.

Reclamo de becas. Junto con el reclamo de inserción laboral, otra demanda de Ucorci son las becas para que los discapacitados tengan mayores posibilidades de estudios ya que consideran discriminatorio que se otorguen 1.900 becas a los mejores promedios de secundarios o para los adultos sanos que deseen estudiar en niveles medios.

En relación a esto, Reinaldi dijo: "El discapacitado que está integrado en una escuela normal primaria o media puede acceder a una beca de estudio o al premio. Incluso hubo un becado hipoacúsico que fue premiado. Pero en las escuelas especiales no hay sistemas de notas porque tienen una currícula que no es común, no entran en los premios porque no se los evalúa desde su desempeño intelectual. Para ellos tenemos otro tipo de ayuda: el estudiante recibe transporte, rehabilitación, audífonos, o sillas de ruedas y aportes técnicos".

Reinaldi comentó que en los primarios no se dan becas monetarias, sino apoyo en insumos o útiles y que los discapacitados mayores de edad también pueden acceder a las becas del programa Secundario Para Todos.

* Diario La Voz del Interior de Córdoba