
La muerte del joven Eduardo Gastón Díaz puede encuadrarse como "un caso de gatillo fácil" policial, según aseguraron familiares de la víctima tras entrevistarse con el intendente municipal, Daniel Molina, al tiempo que formularon críticas a la Justicia e interpretaron que "está todo preparado" para beneficiar al sargento Alberto Quesada, de cuya arma reglamentaria salió la bala que desencadenó la tragedia en la madrugada del 1 de enero pasado.
Acompañados por el dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Carlos Mariano Díaz, concurrieron al despacho del jefe comunal, la madre de Díaz, Susana Giuliano; la tía, Ana María Giuliano; su hermana Daniela Díaz, y su esposo Gastón Márquez.
"Lo único que queremos es que se haga justicia. El intendente nos dijo que nos dará su apoyo y lo que necesitemos", expresó la tía de la víctima, quien dialogó con la prensa ante la negativa de la madre, que se encontraba visiblemente emocionada.
"Está todo preparado para (beneficiar) al policía, porque se insiste en
todos los medios que es un buen policía y Gastón no existe", enfatizó Ana María Giuliano. Carlos Mariano Díaz denunció que "estaba todo orientado a que esto quedara como un accidente y no como un caso de gatillo fácil", puntualizando que "tampoco aceptaremos que se invierta la carga de la prueba y que se investigue a la víctima y no al victimario".
Se remarcó que "hay falencias en la investigación", por ejemplo, que Quesada fue separado de la fuerza hace dos días, en vez de haber sido desvinculado inmediatamente, según se afirmó.
Además, se cuestionó a la Fiscalía por las "trabas" que, a juicio de Díaz y
los familiares, se colocaron en este caso. Se mencionó que a los abogados querellantes -del Estudio Razzona- se les impidió fotocopiar la causa y se endilgó este accionar a la fiscal Analía Duarte, quien lleva adelante la investigación y que ha caratulado al hecho como "homicidio culposo". Ahora pidieron que se cambie la carátula y sea homicidio simple.
Noche trágica
Con la voz entrecortada por el llanto, Daniela Díaz, junto a su esposo
Gastón Márquez, recordaron lo vivido en esa madrugada en 79, entre 24 y 26, coincidiendo en fustigar la labor de la Policía. Admitieron que fueron al lugar cuando Márquez recibió un llamado en el
teléfono celular, de parte de Eduardo Gastón Díaz, haciéndole saber que lo estaban golpeando integrantes de otro grupo con los que habían mantenido una reyerta que comenzó en 83 y 6.
A Márquez lo tomó un policía y lo colocó sobre el piso cuando quiso ir en
búsqueda de uno de los adversarios de su cuñado, de acuerdo con lo relatado.
Mientras tanto, su esposa sostuvo que Eduardo Gastón Díaz "le pegó dos o tres piñas al policía para que lo suelte", y luego "se metió gente para que no le pegaran" a su hermano, quien tras zafar fue perseguido por tres efectivos, entre ellos Quesada y una mujer. "Yo volví para el lugar donde estaba mi marido y allí sentí el disparo, cuando me di vuelta estaba mi hermano en el piso, pero no ví cuando el policía le disparó", expresó Daniela Díaz.
Márquez comentó que la víctima "tenía problemas como cualquier persona", ratificó que "era de pelearse siempre con el mismo pibe (sic), pero no con la Policía", indicando que tiempo atrás esa persona y Díaz habían sido "muy amigos".
Por otra parte, reconoció que durante la tarde del 31 de diciembre, el
infortunado joven había intentado suicidarse y móviles policiales se
desplazaron a su domicilio para intervenir en el hecho, aunque se retiraron cuando la situación estuvo controlada.
Tras solicitarse a quienes observaron los hechos que se presenten como
testigos, se informó que durante la jornada de ayer estuvieron en Necochea miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quienes se interiorizaron del caso en la Fiscalía.
La reunión con Molina y los familiares del joven ultimado por la bala
policial, se produjo un día después que el jefe comunal recibiera a la
vicegobernadora bonaerense, Graciela Giannettasio, actualmente a cargo interinamente del Poder Ejecutivo provincial por la licencia del gobernador Felipe Solá.
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