
El 11 de mayo de 2005 por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados entró el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Senadores, que sintetiza el pensamiento del Poder Ejecutivo sobre el futuro de la obra social de los trabajadores: que significa despojar a sus auténticos dueños los trabajadores activos y jubilados de su creación el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Y nuevamente vuelve a repetirse que en sesiones extraordinarias como en febrero del 2006, se amenaza con su tratamiento con un método común: la no consulta a los interesados, por eso ante esta situación, la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados (Fetrajub-CTA) ha convocado a una Jornada Nacional por la Recuperación del PAMI que comenzará el miércoles 7 de febrero en la habitual concentración frente al Congreso Nacional y que será el punto de partida para "enfrentar este engendro que nos despoja del gobierno y la administración de lo que es nuestro", según un comunicado de prensa suscripto por Elías Moure, secretario general y Antonio Agulla, secretario de Organización de la Fetrajub.
Ratificando lo que decíamos el Día del Jubilado en conjunto con la Mesa Coordinadora:
· “Exigimos el cese de la intervención del PAMI por el Estado y el dictado de una ley que garantice el protagonismo en la administración y gobierno del PAMI de los trabajadores activos y jubilados, haciendo efectiva su representación en el Directorio, en forma mayoritaria, elegida democráticamente por el voto directo de sus afiliados, respetando los principios fijados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Los directores en representación de los jubilados, serán elegidos por elección directa y secreta de los afiliados mayores de 18 años y no declarados incapaces debiendo representar distintas regiones del país de acuerdo a su domicilio o lugar de nacimiento. Los directores en representación de los trabajadores activos se designarán mediante elección directa y secreta por los trabajadores, a propuesta de las centrales sindicales con personería gremial o simple inscripción, suficientemente representativas de los trabajadores.
· Rechazamos el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado de la Nación por no respetar el carácter público no estatal del Instituto, transformándolo en un órgano estatal administrado por un interventor llamado presidente del Directorio.
· Eliminar a los intermediarios y gerenciadoras que reciben una cápita por la atención de los afiliados provocando la concentración de recursos en pocas manos que solo persiguen fines de lucro, pues el que menos presta más gana.
· Implementar una política social de medicamentos que garantice la gratitud de los mismos.
· Recuperar el carácter solidario de las obras sociales garantizando el acceso a la salud en forma integral y sin restricciones de los trabajadores activos y jubilados".
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