En el despacho del Fiscal se entregó al funcionario un petitorio que se había aprobado en el plenario de la CTA que se llevó a cabo el martes en Villa María y se reclamó por la libertad de los treinta presos a raíz de la pueblada de Corral de Bustos del 4 de diciembre pasado en repudio por la violación y muerte de una pequeña de tres años.

Se justificó este pedido, entre otras cosas, por que no existen razones para pensar que los detenidos, más allá de lo que pueda determinarse en la causa judicial, vayan a escapar del país y, por lo tanto, existe la seguridadd de que seguirán presentándose ante la Justicia cada vez que se lo demanden.

La nota entregada hoy al Fiscal es la siguiente:

" Venimos a presentarnos, de manera respetuosa, ante usted a fin de hacerle conocer el resultado de las deliberaciones y acuerdos logrados en la reunión desarrollada el día martes 16 en la ciudad de Villa María. Ocasión en la que, como es de conocimiento público, se contó con la activa participación de familiares de los detenidos por la causa que, de manera pública, es conocida como “pueblada de Corral de Bustos” y que se refiere a los sucesos acaecidos en esa localidad cordobesa el cuarto día del mes de diciembre próximo pasado.

Pretendemos hacerle entrega de copia de la denominada “Declaración de Villa María” que se acordara en esa localidad, en la oportunidad mencionada, solicitando la liberación de los detenidos. A la vez, pretendemos hacerle entrega de copia del petitorio, firmado por vecinos de Corral de Bustos el mismo 4 de diciembre de 2006, solicitando esclarecimientos de causas judiciales, designación de funcionarios probos en la policía y la justicia, a la vez que reclamar, entre otras cuestiones, una especial atención de parte de la justicia a la problemática de la droga en esa región.

Acudimos a usted, impregnados de espíritu de justicia y confianza en las instituciones democráticas, convencidos que debe realizarse una profunda investigación de lo sucedido y castigar, en el marco legal correspondiente, a los verdaderos culpables. Pero esto, así como el respeto a las instituciones que practicamos, no nos aleja de plantear ciertas circunstancias del proceder de la justicia en este caso, como tampoco consideramos necesario sustraernos de plantear la necesidad de considerar lo ocurrido el 4 de diciembre en el marco de un complejo proceso social que seguramente se venía desarrollando desde tiempo antes. Proceso de cuestionamiento al proceder de quienes ocupan, temporalmente, algunos cargos en las instituciones públicas por no saber dar respuestas adecuadas y en los tiempos que una sociedad justa demanda. Consideramos que no debe perderse de vista que el reclamo fue a la justicia, entre otras organizaciones del Estado, es decir que en la base del mismo reclamo vecinal existió un profundo convencimiento que son estas instituciones las que deben dar respuestas a ciertas problemáticas sociales. Tampoco debería ignorarse que los varios cientos de personas que se juntaron en una manifestación como la realizada en Corral de Bustos no puede ser sino producto de un profundo reclamo social. Cuestionamiento que, de manera definitiva, está relacionado con la compleja realidad de la justicia cordobesa. Realidad que contempla cuestiones como la mencionada en los medios en estos días por el doctor Ernesto Ramón Gavier, ex presidente del Colegio de Abogados de Bell Ville, cuando habla de los denominados juzgados “ómnibus” donde un juez es competente en lo civil, comercial, conciliación, familia, menores, faltas, control, ejecuciones fiscales y violencia familiar. Respetuosamente nos permitimos pensar, y se lo hacemos saber a usted, que cuestiones como éstas, donde pareciera se pretende eliminar la división del derecho y se apuesta a un modelo de juez sin un perfeccionamiento especializado, no hacen más que generar una suerte de poderoso canal por el cual la justicia termina enviando mensajes confusos a la sociedad. Quizás cuestiones como éstas, y otras muchas, del servicio de justicia cordobés hacen que el reclamo social relacionado con la problemática no sea un privilegio de Corral de Bustos, sino que también puede escucharse en otras varias localidades de la provincia. Sin ir más lejos, en Villa María, son 14 los crímenes cometidos en los últimos años sin que la justicia hubiera podido castigar a los culpables de los mismos, a la vez hace más de un año que ha desaparecido una hija de esta misma ciudad sin que la justicia haya podido dar respuesta acerca de qué pasó con ella. Al señalar estos casos, podríamos hacer notar muchos más, pretendemos plantear que, parafraseando un recordado historiador argentino, la “sustancia explosiva” que encontró detonante en Corral de Bustos quizás también esté presente en otros puntos de la geografía cordobesa. Y esa realidad debe ser atendida con el refuerzo del trabajo de la justicia para lograr su cometido lo más pronto posible. Tarea que no sólo le compete a los tribunales, sino también a la policía. Y en este punto también retomamos las palabras que publicara el doctor Ernesto Ramón Gavier que se pregunta qué pasó con la policía que no asistió al juez de Corral de Bustos para impedir los daños. Porque, según dice el mismo abogado, pasaron horas desde que se inició la manifestación de los vecinos hasta que se prendió fuego al juzgado. Debería esto ser investigado, al igual que averiguar qué causas importantes se tramitaban en ese juzgado y quién podría tener motivos para que desaparecieran los archivos. Consideramos que no son los vecinos detenidos.

Insistimos que nos anima, como a todos los familiares de los detenidos, un profundo deseo de real justicia para lo que consideramos debe realizarse una profunda investigación que comprendemos estaría fuertemente comprometida si no es apartado de la causa el fiscal Viramonte, como piden los familiares en la “Declaración de Villa María”. Por ello le solicitamos resuelva ese apartamiento, dado que se considera que el funcionario posee cierta animosidad contra quienes participaron de la manifestación.

Estamos convencidos que no puede confundirse la explosión del reclamo social en una manifestación pública con un hecho protagonizado por delincuentes, deberían investigarse cuestiones que van mucho más allá de las detenciones de los vecinos que actualmente están presos en Villa María.

Por si hiciera falta, aclaramos que no se pretende ningún tipo de impunidad, por el contrario el reclamo tiene que ver con lograr el mejor ejercicio posible de justicia, respetando los derechos humanos y en el marco de un estado democrático cuya justicia no actúa por amedrentamiento a cierto sectores sino por la aplicación del derecho a todos los ciudadanos por igual, sin perjuicio ni violación de derecho alguno.

Por ello señor fiscal reiteramos el pedido de consideración sobre lo aquí planteado y nos permitimos mencionar, de manera muy especial, la situación de los dos periodistas detenidos que ya realizaron sus declaraciones correspondientes. También hacemos especial hincapié en la situación del menor discapacitado, de 18 años de edad, Juan José Guayanes.

Sin otro particular y esperando poder plantear todo lo expuesto de manera verbal ante usted y ampliar los motivos por los cuales pedimos el apartamiento del fiscal y la libertad de todos los detenidos, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente."