En su presentación, Ferreres apunta que “mi actividad laboral en el ámbito de la discapacidad se relaciona con mi historia personal, con un modelo de liderazgo en el ámbito de la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, y con la lucha por los derechos humanos. Esta situación personal, unida al trabajo político social, me permitió conceptualizar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, la situación de discriminación que padecen, y la necesidad de elaboración, evaluación y ejecución de políticas publicas, no solo en relación con este colectivo sino también su inclusión dentro de las problemáticas más generales”.

A renglón seguido agrega que “en este sentido he venido trabajando y estudiando respecto de la defensa de los derechos humanos y de la necesidad de producción de conocimiento jurídico que ponga en el centro, tanto la idea de la dignidad humana en el plano individual, así como aquellos derechos de orden social, que tienen como fin la concreción material de la dignidad colectiva. Estas fuentes de los derechos humanos se están vinculando con la generación de derechos solidarios, la cual sin duda está permeando los aspectos individuales y los de orden social, conformando un marco de preservación de la dignidad personal”.

En su postulación al cargo internacional Ferreres sostiene que “sin duda existe relación entre necesidades humanas y derechos humanos. Tales necesidades legítimas o socialmente construidas constituyen diferentes demandas dirigidas a los Gobiernos de los Estados, los cuales se ven instados a resolver. Estas reivindicaciones están dirigidas a seguridad social, libertad, igualdad de oportunidades, mejoría de las condiciones de existencia, trabajo, acceso a la educación, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad conforman un sector altamente vulnerado en estos derechos”.

Informa en la nota que “así también fue comprendido por la CTA, espacio en el cual fue creado el Departamento de Discapacidad en el año 1997 mediante una Resolución de su Secretariado, y oficializado en el VI Congreso Nacional de Delegados en el año 1999. En ese mismo Congreso fui designado como Director y desde ese entonces he venido desarrollando acciones hacia el logro de mayores espacios de participación, promoción de políticas públicas y mejores condiciones de inserción laboral a través del trabajo solidario”.

Para Ferreres, “la posibilidad de plasmar acciones, programas y propuestas realizadas por el Departamento de Discapacidad de la CTA reside en la fortaleza y compromiso político con la temática de la propia Central que es, en definitiva, quien la lleva adelante. La Central de Trabajadores de la Argentina es una organización de trabajadores que comprende a los mismos en su diversidad actual, sean éstos trabajadores formales registrados, precarizados, en negro, cuentapropistas o sin empleo. Entre sus objetivos fundamentales figuran: la lucha por la redistribución de la riqueza, la autonomía nacional, la libertad y la democracia sindical. Dicha Central se organiza en todo el territorio argentino, contando en la actualidad con un millón doscientos mil afiliados”

Concientización de la problemática.

Desde el Departamento de Discapacidad de la CTA se han venido desarrollando programas y acciones de carácter político tendientes al pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Los mismos están orientados, por un lado, hacia el seno de la propia CTA en procura de la concientización de nuestros dirigentes y militantes, y por el otro, hacia el gobierno, con el objetivo de que cumpla con la legislación y lleve adelante las Políticas Públicas que se requieren.

Para la elaboración, planificación y desarrollo de estos programas y acciones he recibido el apoyo de un grupo interdisciplinario, que integra el Departamento de Discapacidad de la CTA. Estas personas provienen de sindicatos y gremios que componen esta Central, como por ejemplo, ATE que trabajó en el área Salud y discapacidad; Ctera lo concerniente a Educación y discapacidad, el Gremio de Judiciales, los aspectos jurídicos y legales de la temática.

Además de las organizaciones gremiales, están las diferentes organizaciones sociales territoriales, vinculadas a la CTA, que al tener una presencia directa en el territorio, conocen las necesidades de los amplios sectores que representan y que, por su capacidad de organización, pueden generar acciones concretas en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades que se detectan. En este sentido, cabe considerar que la CTA está integrada por alrededor de un millar de organizaciones sindicales y sociales tanto de la actividad pública como privada.

Las propuestas y acciones incluyeron los requerimientos y especificidades de todas las discapacidades que se expresaron en las diversas negociaciones realizadas. Ejemplo de ello es la reunión que la CTA tuvo con el Ministro de Educación con respecto a la presentación de propuestas para la nueva Ley Nacional de Educación, donde se consignaron los elementos pedagógicos u otros que garantizaran la participación de personas con diferentes discapacidades: sensoriales, motrices, intelectuales, etc.

“Trabajamos en el fortalecimiento de espacios asociativos, entendidos como espacios de participación social y construcción colectiva entre distintos actores de la sociedad civil y el Estado, en la construcción de estrategias que contribuyan a la promoción, información, sensibilización y exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad”, sostiene la carta de justificación de la postulación de Ferreres.

En síntesis, el objetivo fundamental del Departamento de Discapacidad es que toda la CTA se comprometa con la temática de la discapacidad y genere acciones que tiendan al pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad, desde un enfoque ideológico basado en la igualdad y universalidad de los derechos de todas las personas. Estoy convencido que una Central de Trabajadores movilizada en tal sentido, es un actor político, social y gremial cuyas acciones impactarán decisivamente en la lucha por los derechos.

Resultados y acciones

De acuerdo con lo expuesto, el Departamento de Discapacidad participó activamente en los distintos Congresos de la Central.

En el 2° Congreso Nacional de la CTA realizado en la ciudad de Mar del Plata, el 29 de mayo de 1999, más de 8.300 delegados de todo el país incorporaron a la lucha de la Central un conjunto de reivindicaciones específicas de las personas con discapacidad, entre las que se destacan el derecho a la capacitación y al empleo en pie de igualdad con el resto de los trabajadores. Allí se aprobaron varias resoluciones referidas a pedir el cumplimiento efectivo de la legislación vigente en el tema de discapacidad. Además, se afirmó que la problemática de la discapacidad es una construcción social que requiere un abordaje político con un compromiso y una acción permanente de los trabajadores y sus organizaciones. Finalmente, se aprobaron las siguientes resoluciones importantes:

· Que, teniendo en cuenta la complejidad y la transversalidad del tema de los derechos de las personas con discapacidad, cuyo abordaje exige de una pluralidad de actores sociales, la CTA establezca mecanismos de articulación con universidades, organizaciones estudiantiles, de profesionales, trabajadores de la salud, pequeñas y medianas empresas, ONGs tradicionales de discapacidad, etc.

· Que propicie la incorporación de la temática en la agenda de los organismos de derechos humanos, así como en las oficinas del Estado vinculadas a la temática.

· Que se vincule y se estrechen lazos con organizaciones de trabajadores europeos y americanos a fin de nutrirse de la experiencia, tácticas y políticas a las que apelaron para acceder a los derechos de las personas con discapacidad, y en procura del apoyo internacional para llevar adelante las distintas acciones.

· Que promueva la participación y el protagonismo de las personas con discapacidad así como de las organizaciones que los representan.

· Que desarrolle actividades que propendan a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad: acceso a la seguridad social, al trabajo, a la educación, a la salud, al transporte público accesible, supresión de barreras arquitectónicas, recreación, etc.

· Que participe activamente en la elaboración, planificación, control y evaluación de las políticas y programas destinados a las personas con discapacidad.

Bajo estos lineamientos, se encararon las siguientes acciones:

En el año 1999, el gobierno de Menem condonó una deuda de 300 millones de dólares que los bancos tenían con el Estado por incumplimiento a la Ley de Cheques. Ante tamaña irregularidad, la CTA denunció al gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos de la Nación. Al mismo tiempo, inició acciones legales junto a la APDH con el objetivo de que se anule el Decreto respectivo.

En el año 2000, las Empresas Consignatarias de Ferrocarriles iniciaron obras en las estaciones que impedían el acceso a personas con discapacidad. La CTA y distintas organizaciones denunciaron esta grave violación ante las Empresas, los Organismos de Control del Estado, la Secretaría de Transporte, y las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La CTA junto a la APDH iniciaron acciones legales.

En los años 2000, 2001 y 2002, el Departamento de Discapacidad ha tenido un sostenido proceso de crecimiento, como consecuencia de la articulación de acciones con organismos del Estado vinculados con la defensa y promoción de los derechos, y con otras organizaciones de la sociedad civil igualmente activas en la lucha contra la discriminación y en la acción afirmativa de derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2000, el Departamento de Discapacidad promovió acciones para que Argentina adhiriera a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, por considerarla un instrumento significativo y útil para la lucha de las personas con discapacidad.

En el año 2002, con el objeto de elaborar un proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 25.280 de adhesión a dicha Convención, fui convocado a integrar como representante de la CTA, la Comisión creada por la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En el año 2003, la CTA constituyó el Comité de Evaluación y Seguimiento a la ley 25.280 que produjo un informe preliminar e informes anuales sobre la situación de las personas con discapacidad de acuerdo con los parámetros de la Convención.

En los años 2002 y 2003, en el marco de la crisis global que afectó el país y redujo notoriamente las prestaciones en materia de salud, educación y seguridad social para las personas con discapacidad, el Departamento de Discapacidad desarrolló acciones de demanda y protesta que permitieron potenciar la presencia en las calles de las personas con discapacidad.

En el año 2003, con el objeto de desarrollar acciones para la sensibilización de nuestros dirigentes y militantes en relación con la temática, el Departamento de Discapacidad realizó las Jornadas “Trabajadores, educadores y profesionales del ámbito de la discapacidad” en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Algunos de sus expositores fueron Víctor De Gennaro, Secretario General de la CTA, Federico Shuster, Decano de la Facultad y Sociólogo, Leandro Despouy, Relator de Naciones Unidas y Presidente de la AGN, y Enrique Oteiza, Presidente del INADI.

En el año 2003, la CTA le solicita a la Auditoría General de la Nación (AGN) un relevamiento de las unidades del transporte automotor, que revela un altísimo porcentaje de incumplimiento por parte de las Empresas y la falta de control por parte del Estado.

Durante el año 2004, el Departamento de Discapacidad profundizó las acciones tendientes al cumplimiento de la ley que establece que el transporte público debe ser accesible para las personas con discapacidad. Se realizaron denuncias ante el Instituto contra la Discriminación (INADI), Defensorías del Pueblo y la Secretaría de Transporte.

A fines del año 2004, se firmó un convenio de promoción de derechos de las personas con discapacidad entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la CTA. El mismo se puso en marcha a principios del 2005, dando origen a las “Jornadas Regionales de Discapacidad y Derechos Humanos. Por la participación de los trabajadores en la lucha por sus derechos y contra la pobreza”.

A lo largo del año 2005, se realizaron un total de cinco encuentros regionales en las siguientes sedes: La Plata, Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Posadas. Participaron un total de 16 provincias y más de 1600 personas entre dirigentes gremiales y sindicales, profesionales del ámbito de la discapacidad, docentes, trabajadores judiciales, personas con discapacidad y familiares, permitiendo el desarrollo organizacional y el fortalecimiento institucional en las provincias.

Como resultado, se constituyeron 7 nuevos Departamentos de Discapacidad de la CTA en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Chaco, Tucumán, Jujuy, Mendoza y Entre Ríos mientras que 5 provincias sentaron las bases para iniciar la constitución de los mismos: Santiago del Estero, San Juan, La Pampa, San Luis y Salta. Este proceso también se consolidó en algunos municipios del conurbano bonaerense como en La Matanza, Morón y ciudades del interior de la provincia como Mar del Plata, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. En otras provincias como Córdoba y Corrientes, con departamentos ya constituidos, se hizo visible el fortalecimiento de las iniciativas y actividades.

A principios del año 2006, la CTA tomó la iniciativa de conformar un grupo de trabajo en discapacidad. La convocatoria realizada por la Secretaria General de la CTA junto a la Secretaría Gremial y al Departamento de Discapacidad CTA Nacional, reunió a los máximos referentes de la CTA cuyo trabajo está vinculado a la temática. Se convocó a dirigentes del ámbito judicial, docente y estatal como la Comisión Nacional de Pensiones, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados (PAMI), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Superintendencia de Salud, Secretaría de Cultura, entre otros, con el objetivo de empezar a delinear una política común que desde la Central incida con eficacia en el cumplimento de las políticas públicas en discapacidad.

En el año 2006, el Departamento de Discapacidad junto con la Secretaría General y la Secretaría Gremial de la CTA crearon el Grupo de Trabajo de Discapacidad de la CTA, constituido por los máximos referentes de la CTA de las oficinas del Estado que trabajan en la temática. El objetivo del mismo es elaborar acciones políticas, el análisis y un abordaje ideológico común de la temática desde la mirada de los trabajadores de la salud, docentes, judiciales.

Ese mismo año, en el marco del 7º Congreso Nacional de Delegados de la CTA, se realizó el encuentro nacional de referentes de discapacidad, sentando las bases y las acciones a llevar a cabo durante el año. Consolidando una vez más el compromiso allí asumido con la temática, en las últimas elecciones de la CTA, la lista Germán Abdala llevó en más de 10 provincias a candidatos para las mesas ejecutivas, siendo su objetivo ocuparse del área de discapacidad. En este sentido cabe considerar que actualmente la mesa ejecutiva nacional está integrada por una persona con discapacidad.

Conclusiones

Desde la CTA, y a través del Departamento de Discapacidad, he asumido un enfoque que entiende a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Esta visión ubica a la temática de la discapacidad en el ámbito público, político y social, y deja de lado posturas anacrónicas que limitan y despolitizan la acción al reducirla al mero plano asistencialista y discursivo. Estoy convencido que esto constituye una experiencia concreta de elaboración política, desde la organización de los trabajadores y hacia la sociedad, que siempre buscó incidir y actuar sobre las Políticas Públicas a implementar por parte del Estado. Se necesita que los Estados asuman una actitud más proactiva hacia la adopción de medidas que garanticen el acceso y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

"El haber podido enfocar mi trabajo desde una experiencia personal y desde el trabajo político social, considero que me torna idóneo para la elaboración, evaluación y control de las políticas públicas específicas de la discapacidad, así como para su articulación e integración en las políticas nacionales", finaliza la presentación ante la Cancillería argentina.