Añade que “el proyecto del Ejecutivo, que ya contaba con media sanción del Senado, fue enviado a la Comisión de Obras Públicas de Diputados, cuyo dictamen no fue aprobado por la oposición. El proyecto, que obra en el expediente P.E. 429/6, consta de seis artículos, más uno de forma mediante el cual se aprueba un convenio tripartito entre el Poder Ejecutivo nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, se determinan los criterios a los que ha de ajustarse el marco regulatorio para la prestación de los servicios de agua potable y desagües de AySA y los de la disolución del ETOSS, que será reemplazado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Recapitulando: la ley aprueba el convenio tripartito, reconoce el carácter público del servicio de agua potable y desagües cloacales, disuelve el ETOSS y crea el ERAS".

Para el MORENO, "no es ocioso recordar que dicho marco regulatorio consta de 14 capítulos, 122 artículos y 4 anexos. No en vano sospechamos que, en el apuro por aprobarlo, pocos habrán sido los legisladores que pudieron enterarse de sus contenidos. Al quedar sin quórum la Cámara de Diputados y, al ser ésta la última sesión del año, el proyecto pasó automáticamente a sesiones extraordinarias. Paralelamente, el Presidente anunció inversiones hasta el año 2020 de 17.645 millones de pesos y, en este quinquenio, de 5.700 millones, lo que requerirá un mayor control que, por la superposición de todos los organismos intervinientes, se vuelve poco menos que imposible".

A renglón seguido la organización presidida por Pino Solanas se pregunta: "¿Porqué, entonces, la urgenica de su aprobación?. Porque en lugar de hacer participar en el debate a los propios damnificados, se echa mano a los mismos métodos de los gobiernos anteriores, con la complicidad del Ente Regulador (ETOSS) y de las autoridades de turno, la empresa Aguas Argentinas estafó a la población, obtuvo más que beneficiosos contratos que ni siquiera respetó y, por si fuera poco, las ganancias que obtuvo nunca las invirtió en nuestro país. Varias organizaciones, entre ellas la Unión de Usuarios y Consumidores, denunció que "este trámite sumarísimo de tratamiento impide un debate profundo sobre un servicio esencial para la vida misma y se desperdicia una oportunidad para mejorar los esquemas de regulación y control surgidos en la década del 90". Los argumentos contrarios de la minoría en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, recuerdan la vergonzosa negociación de este gobierno con Aguas Argentinas cuando, gracias al numeral 14/3 -rescisión por incumplimiento- podría haberle puesto punto final. No sólo no tomó esta medida sino que continuó la relación durante casi dos años, mientras Aguas Argentinas se daba el lujo de iniciar ante el CIADI un juicio por 1.700 millones de dólares. ¿Por qué entonces se actuó con semejante flojedad?"

Nombres cuestionados

El escrito afirma: "Pues porque era evidente que el proyecto apuntaba a renovar el contrato y, de no poder hacerlo, mantener la privatización; si esto no se concretó fue porque ya era totalmente imposible justificar todas sus dolosas pretensiones, y si algo faltaba para abonar esta sospecha, están ahí los nombres de los directivos de la nueva empresa: Carlos Ben, vicepresidente de Aguas Argentinas en representación del grupo Suez, y José Luis Lingieri, secretario del sindicato de los trabajadores del agua, acérrimo defensor de la privatización y cómplice durante los 14 corruptos años de la empresa, al cohonestar sus comprobadas estafas. Si alguna duda quedaba, esto prueba que en nada han cambiado los métodos de los 90, y que han resurgido con más fuerza esos ya remanidos manejos donde lo espurio se trata de enmascarar con palabras y proyectos grandilocuentes."

A su entender, las irregularidades e incumplimientos se hubieran podido evitar, en parte, con las audiencias públicas vinculantes, o sea con la participación de los usuarios, pero como tuvo lugar una sola audiencia pública y no tuvo carácter de vinculante, la empresa, como era de esperar, desestimó todas las quejas y siguió aplicando su propia política, con la complicidad del ente regulador y del gobierno. De aquí se deduce que esta ley no se puede tratar y aprobar sin una amplia discusión de los propios usuarios, y esto sólo puede lograrse a través de un llamado a audiencia pública vinculante, para que ellos puedan conocer y hacer valer sus derechos.

Luego, el MORENO pasa a enumerar algunas de las situaciones que se generan a raíz de los distintos criterios que está aplicando la empresa en los 17 partidos del conourbano. " Pese a los privilegios de que siempre gozó Aguas Argentinas, a través de una lucha permanente en 1996 se logró que dejara de cobrar el cargo de infraestructura (instalación previa a la conexión de agua que debían pagar los propios usuarios).Y tuvieron que devolver el dinero cobrado. Eso no significó que la empresa perdiera dinero, porque lo que no se les pudo cobrar a los nuevos usuarios de dichas conexiones, a través de la "invención" del cargo Servicio Ambiental y Medio Ambiente (SU-MA), lo pagaron todos los clientes de Capital y Gran Buenos Aires. Posteriormente pasó a las tarifas como un aumento encubierto. Ahora se dice que AySA utilizará el dinero de las tarifas para el mantenimiento y mejoramiento de la red de agua y cloacas y que las nuevas obras estarán a cargo del Estado. No obstante el dinero recaudado en tal concepto, y que debía destinarse a las nuevas obras de agua y cloacas, apareció un artículo en "El Diario" de Morón, el 27 de octubre de 2006, titulado: "Cien mil vecinos del Parque Quirno tendrán cloacas en marzo del 2007" , cuando estas formaban parte del anterior plan para Morón, Hurlingham e Ituzaingó. La obra costaría $ 1.300 a cada vecino y se haría sobre la ordenanza provincial 165, que declaraba a la obra de interés público, por lo que su pago sería obligatorio y, de no poder solventarla, se corre el riesgo de que la deuda termine con el remate de la casa propia. Ahora cabe la pregunta: ¿cómo se están financiando las obras en La Matanza o en Florencio Varela, cuando ya existen los fondos fiduciarios, los préstamos que han llegado desde el exterior y las inversiones que el propio Estado ha comprometido? Porque si el Banco Provincia iba a conceder un préstamo a los usuarios para que pudieran pagar las obras -previo convenio con los municipios- que aquellos amortizarían en cuotas, con la llegada de AySA, ¿en qué queda este abusivo proyecto?"

Para el MORENO, "en el contrato y marco regulatorio anterior, la empresa debía mantener un nivel de 10 metros de columna de agua, es decir que establecía un nivel mínimo obligatorio de presión. En el de AySA fue reemplazado por la idea de que "se deberá tender a procurar" ese nivel. En el tiempo de Aguas Argentinas, el ente regulador cómplice de la empresa, recomendaba que, de no alcanzar la presión, se colocara una bomba centrífuga. Esta deliberada ambigüedad puede redundar nuevamente en beneficio de Aguas Argentinas sobre la que pesa una deuda de 400 millones de pesos -de la que no pagó un centavo- por no haber respetado, precisamente, lo que se había estipulado con respecto a la presión del agua. Tantas medidas contradictorias -por no decir algo peor- forman parte del desastre post Aguas Argentinas, y en notas siguientes ampliaremos esta síntesis de hoy con una enumeración de sus graves incumplimientos, con la esperanza de que el nuevo ente regulador escape a ese destino entreguista al que parecen condenados los usuarios. Y de usuarios hablando: ¿dónde van a quedar? ¿Se los recordará solamente a la hora de pagar los aumentos o en medio de las clásicas fiestas preelectorales? No si comienzan su lucha desde ahora, que puede ser larga y a veces extenuante, pero jamás inútil", remata el documento.