La Central sostiene que “también parece una vergonzosa verdad que las políticas de seguridad sólo apunten a “reprimir” a los delincuentes pobres. Pero aún es más grave y obsceno que el gobierno de Mendoza trate de, por todos los medios, señalar y estigmatizar a los sectores sociales excluidos como los únicos causantes de la inseguridad pública y, coherente con esa posición, “baje líneas” explícita e implícitamente a los responsables de la seguridad para que actúen en consecuencia, mientras invierte cuantiosas sumas de dinero en armas, municiones, móviles policiales, equipamiento e incluso un helicóptero para fortalecer ese aparato represivo".

Agrega el documento firmado por el secretario general de la CTA Delegación Tunuyán, Ricardo Nasif, que "hace un poco más de un año, cuando un vecino del Barrio La Gloria denunció que su hijo discapacitado de 14 años fue baleado con municiones de goma por agentes de la Policía de Mendoza, al confundirlo supuestamente con un “delincuente”, provocándoles heridas en su abdomen, desde el Ministerio de Seguridad se dijo que se trató de un “caso aislado”. Sin embargo los “casos aislados” continuaron y, a continuación, menciona distintos episodios:

“En setiembre de 2005 un agente de la Policía de Mendoza baleó con municiones de goma a un jugador de fútbol, en pleno campo de juego, provocándole serias heridas que pusieron en riesgo su vida. Nuevamente las distintas declaraciones oficiales realizadas por las máximas autoridades políticas y policiales hablaron de “hecho fortuito”, “accidental” o “caso aislado”.

En octubre de 2005 dos menores denuncian haber sido golpeados por un policía por “dar espectáculos en la vía pública”, (se estaban besando).

En mayo de 2006 un niño de 14 años fue asesinado por una bala de la Policía de Mendoza, otro menor de 13 años fue lesionado de forma permanente por otra bala oficial y un bebé de 18 meses sufrió graves heridas en su mano producto del impacto de perdigones policiales.

“No tengo mucha información. Mayor información la puede dar el ministro Bondino. La pérdida de un chico siempre es lamentable. Esperemos que esto no sea responsabilidad de un mal accionar policial”, dijo el Gobernador Cobos un día después de los hechos, mientras comía un asado junto al Ministro de Seguridad en la Fiesta de la Ganadería en General Alvear.

“Sacando al imputado, de quien no voy a hablar hasta que la Justicia decida, los otros cinco policías actuaron de manera excelente”, dijo el subsecretario de Seguridad, Omar Pérez Botti.

También en mayo de 2006 un policía mendocino ejecutó de un balazo en la nuca a un joven de 19 años en presencia de su hermano de 25 años, quien fue detenido junto a un amigo de 19 años, por los mismos asesinos de uniforme, bajo la imputación de "robo agravado en poblado y en banda" y encarcelados durante 100 horas.

El homicida y su acompañante contaron con la complicidad de por lo menos otros dieciséis uniformados y una cadena de encubrimientos que se extendió hasta el ex Director General de Policía. Los chicos fueron involucrados en un robo en el que jamás participaron. El autor del disparo asesino estaba suspendido cuando ocurrió el crimen, pero él “nunca fue notificado” y por eso seguía trabajado normalmente.

El 23 de mayo de 2006 alrededor de sesenta estudiantes de escuelas secundarias fueron detenidos por la policía cuando se manifestaban frente a la Casa de Gobierno, en reclamo por la falta de gas y la presencia de ratas en sus escuelas. Durante cerca de nueve horas, los estudiantes fueron alojados en dos comisarías. Cinco adolescentes denunciaron que presentaban lesiones.

Desde el Ministerio de Seguridad se acusó a los alumnos de cometer desmanes y se dijo que la orden de detención había partido de un juez de menores. Más tarde debieron reconocer que no era cierto, pero además opinaron que eso importaba poco ya que, como según marcó el Ministro de Seguridad Miguel Bondino a la prensa, era “un tecnicismo”.

El 30 de mayo de 2006 otro joven de 20 años festejaba su cumpleaños cuando una bala policial salió "accidentalmente" de una escopeta Itaka que lo postró dos días en terapia intensiva y le generó lesiones permanentes. Los efectivos acudieron, “armas en mano”, porque un vecino se sintió molesto por la fiesta.

En junio de 2006 en un supuesto “enfrentamiento y lucha cuerpo a cuerpo”, según la versión policial, murió un joven de 25 años producto de un proyectil oficial, mientras que el policía que habría dado muerte a esta persona recibió un balazo que impactó en su chaleco antibalas y le ocasionó un fuerte traumatismo en su abdomen.

También en junio de 2006 un joven en Tunuyán denuncia a un policía por haberlo amenazado con el arma reglamentaria y un grupo de madres en Las Heras denuncia que seis chicos fueron apresados y golpeados por efectivos policiales.

El 20 de junio de 2006 el Ministerio de Seguridad anunció que apuraría las notificaciones atrasadas por sanciones, cesantías y exoneraciones de unos 240 policías, que no había sido realizadas por “problemas administrativos”.

El 8 de enero de 2007 la prensa local informaba que Jonathan Oros, de 19 años quiso balear a cuatro policías, que recibió tres disparos y que estaba en terapia intensiva. Días más tarde Jonathan murió producto de las heridas de bala.

El padre del joven insistió en que a su hijo lo mató el “gatillo fácil” y que la versión oficial era falsa, que su hijo no había estado armado. Desde el gobernador de la provincia para abajo todos los funcionarios de seguridad avalaron la posición de los policías implicados en el caso y no tomaron ninguna medida preventiva para separar a los sospechosos de sus funciones. Finalmente, los testimonios recabados por la justicia y la Inspección General de Seguridad le dieron la razón al padre de la víctima.

Otra vez un joven pobre asesinado por balas policiales, otra vez la mentira, otra vez el encubrimiento policial y político”.

Para la CTA de Tunuyán, “estos hechos muestran con extrema crudeza que, lejos de tratarse de “hechos fortuitos”, “accidentales” o “casos aislados”, los crímenes policiales, las cadenas de encubrimientos y la connivencia y complicidad institucional, son elementos estructurales de la política represiva del gobierno mendocino”.