La CTA de la Capital Federal hizo público un comunicado en donde reclama “una ley que establezca una administración a cargo de un directorio integrado por nueve miembros: cinco en representación de los jubilados, dos en representación de los trabajadores activos y dos en representación del Estado. Queremos que en ese directorio los trabajadores (activos y jubilados) sean elegidos por el voto directo de los trabajadores y en ellos participen las dos centrales existentes”.

El documento exige además “un modelo prestacional que reconozca que la salud es más que la atención médica frente a la enfermedad. Es el envejecimiento activo y saludable, el mantenimiento en el medio y la provisión de alternativa para la vivienda habitual de los afiliados. Es, en definitiva, el derecho a una vida digna por la sola condición de trabajadores”.

Añade que “desde la CTA, solo aceptamos un Instituto en manos de sus legítimos dueños. Y es responsabilidad nuestra como trabajadores movilizarnos el 7 de febrero en defensa de los derechos de los jubilados, es decir, nuestros derechos”.

Reclamos concretos

La Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados (Fetrajub-CTA) y la Mesa Coordinadora Nacional, coincidieron en señalar que “desde hace dos años está en el freezer de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que el Senado aprobó el 4 de mayo de 2005 sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y nos encontramos que con el espíritu de Pedro de Mendoza se atribuyen ahora la “creación” del Instituto, en el Artículo 1º omitiendo deliberadamente que el mismo se creó el 13 de mayo de 1971 por la ley 19032, como forma de dar respuesta a un problema que afectaba a la denominada tercera edad la falta de atención médica y social por parte de sus obras sociales de origen. Y esto se logró con la movilización de más de cuarenta mil jubilados en Plaza de Mayo”.

Las organizaciones de los jubilados plantean a continuación que “desde sus inicios se plantearon discusiones sobre si el Instituto es un organismo de carácter público o privado. El origen de sus aportes provenientes de los propios jubilados y de los trabajadores en actividad definió su naturaleza jurídica y la Procuración General del Tesoro tomó una decisión al señalar que “El Instituto es persona de derecho público no estatal” pero mientras se reconoce ese carácter, Articulo I del proyecto dice que la Administración del Instituto estará a cargo de un Directorio de cinco miembros, de los cuales tres lo son en representación del Estado. Queda claro se pretende legalizar la estatización del PAMI, que viene siendo durante su existencia: caja de los gobiernos de turno ejercidas a través de 20 intervenciones desde su fundación. Es decir que se privilegia que sea dirigido por funcionarios elegidos por el gobierno de turno y por la C.G.T., en lugar de propiciar que los representantes de los dueños del PAMI, trabajadores activos por un lado y trabajadores jubilados por el otro sean elegidos por elección directa y secreta de cada sector. En el caso de los trabajadores activos a propuesta de las centrales sindicales con personería gremial o simple inscripción. Siendo nuestra propuesta el gobierno y la administración esté a cargo de un Directorio integrado por 9 miembros, 5 en representación de los jubilados, 2 en representación de los trabajadores activos y 2 representantes del Estado”.

En cuanto a las prestaciones que el PAMI tiene que dar, en la propuesta de ley “no se favorecen las acciones preventivas, de atención en domicilio y en la comunidad. Se privilegia un modelo de atención medicalizado frente a uno socio-sanitario. Esto se evidencia en que solo destinará recursos si sobran para áreas sociales (bolsones alimentarios y comedores, subsidios, cuidadores domiciliarios, programas de vivienda, actividades preventivas, etc.) asimismo limita las prestaciones propias ya que se fijan topes bajos para gastos administrativos como consecuencia existe la amenaza de reducción de personal”.

Para Fetrajub y la Mesa Coordinadora, “el 11 de mayo de 2005 por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados entró el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Senadores, que sintetiza el pensamiento del Poder Ejecutivo sobre el futuro de nuestra obra social: que significa despojar a sus auténticos dueños los trabajadores activos y jubilados, desde su creación, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y nuevamente vuelve a repetirse que en extraordinarias como en febrero del 2006, se amenaza con su tratamiento con un método común: la falta de consulta a los interesados”.

Por ello se convoca a una Jornada Nacional Por la Recuperación del PAMI que comenzará el miércoles 7 de febrero en la habitual concentración frente al Congreso Nacional y que será el punto de partida “para enfrentar este engendro que nos despoja del gobierno y la administración de lo que es nuestro”.