El que fuera el principal campo de concentración de prisioneros políticos en el III Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar, será convertido en un espacio para la memoria, que dé testimonio de lo que fue el terrorismo de Estado a las futuras generaciones.

Con ese fin, se traspasará el campo de La Perla de la órbita del Ministerio de Defensa a la del de Justicia, específicamente al Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Justamente, la coordinadora del ANM, Judith Said, viene manteniendo reuniones con los organismos de derechos humanos de Córdoba y los ex prisioneros sobrevivientes de La Perla para elaborar un proyecto y organizar un acto que presidiría el presidente Néstor Kirchner en el próximo aniversario del golpe de Estado de 1976 (la fecha que se baraja es el domingo 25 de marzo), similar al que tuvo lugar en la ex Escuela de Mecánica de la Armada en 2004.

En tal sentido, la funcionaria nacional, representantes de Hijos, Familiares y Abuelas de Plaza de Mayo, de la Comisión de la Memoria, y un grupo de sobrevivientes realizaron ayer una recorrida por el ex campo de detención, donde reconocieron el predio, como paso inicial de la elaboración de un proyecto conjunto.

También estuvieron presentes la diputada nacional Patricia Vaca Narvaja y el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Miguel Baronetto, quien destacó que "están la oportunidad y la decisión política y se discuten distintas propuestas, con la idea de que lo que se haga mire y deje un testimonio para las generaciones futuras".

A su vez, indicó que "la posición del Gobierno es que estos lugares emblemáticos deben ser asumidos por los gobiernos provinciales, provinciales y por las organizaciones del lugar".

Por su parte, en las reuniones que se han venido manteniendo, las entidades locales dejaron claro que cualquier iniciativa oficial debe respetar la independencia política de los organismos de derechos humanos y el trabajo que se viene realizando por la memoria y la justicia en Córdoba.

En esto, dos factores despejan las dudas sobre el riesgo de una utilización política del Gobierno hacia las organizaciones y los mismos ex prisioneros: en Córdoba, el "aparato" kirchnerista tiene mucho menos gravitación que en Buenos Aires; y sobre todo, que aquí los militantes de derechos humanos trabajan desde hace muchos años en forma mancomunada y sin fisuras.