
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) manifestó en comunicado de prensa su posición respecto de la negociación salarial que comienza. Planteó que no deben existir “ni pisos ni techos”, que no sean los que establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
En un comunicado de seis puntos el gremio estatal afirmo que:
“1) Si bien esto expresaría la vigencia de libre negociación colectiva, es preciso señalar que el piso desde el cual partir las negociaciones salariales está en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, las que establecen que el salario mínimo debe asegurar a todo trabajador y su familia alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, esparcimiento, transporte, vacaciones y previsión. Este es el piso, y según los cálculos es de 1.800 pesos para un trabajador soltero y 2.400 pesos para un trabajador casado con dos hijos.
“2) Por ende, no respetar este piso es violar el artículo 14 bis de la Constitución, el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y los postulados que desde el dictado del Decreto 33.302/45 por Juan Perón garantizan un salario justo para todos los trabajadores. Esto no puede ser soslayado por un gobierno que se define peronista y que al asumir aseguró que se respetaría el 14 bis de la Constitución Nacional.
“3) Por eso es necesario que se convoque al Consejo del Salario antes de comenzar las negociaciones sectoriales, de modo que se fije este “piso” del cual deben partir las distintas escalas salariales, cualquiera sea la actividad y su carácter -privado o público-, ya que el salario mínimo debe alcanzar a la totalidad de los trabajadores. Al salario lo fijan las necesidades y no el mercado. El tiempo que se tarde en garantizarlo es tiempo que redunda en el deterioro físico y psíquico de los trabajadores, y la consecuente falta de reproducción de la fuerza de trabajo en un país que pretende industrializarse.
“4) Un salario justo sólo para aquellos sectores beneficiados por la coyuntura económica implica afianzar la política del “derrame”. De sostenerse un porcentaje de aumentos sin partir de las necesidades cubiertas por la definición legal del salario mínimo (2 puntos por encima de la inflación atrasada, como plantea la UIA, es decir, 12 o 13 %), un trabajador promedio tardaría entre 20 y 70 años en alcanzar un salario justo.
“5) No es cierto que en esta coyuntura los aumentos salariales provoquen inflación, siendo que ésta es generada por los empleadores que pretenden mantener los mismos niveles de ganancias trasladando a los precios los aumentos. El costo salarial sigue siendo menor que en 2001, mientras que la rentabilidad sigue aumentando.
“6) Esperamos que este año no se repita la política oficial del año 2006 que impuso un techo a los aumentos salariales, y se garantice el derecho a la libre negociación colectiva”.
Asociación de Trabajadores del Estado
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