
En la Secretaría de Prensa y Difusión del Gobierno de la Ciudad, más del 30% del personal que realiza tareas regulares y permanentes se ve obligado a firmar contratos de locación de servicios que violan la legislación laboral vigente y la constitución nacional, generando situaciones de disparidad y discriminación respecto al personal de planta, denunciaron los empleados de Ciudad Abierta enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA); además reclamaron por “el maltrato laboral” que reciben de las autoridades.
Por otra parte, desde ATE Capital Federal, presentaron denuncias ante la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Prensa y Difusión “pero nunca se brindó una respuesta a los reclamos”. Asimismo, los trabajadores del área de Prensa realizaron hoy una asamblea que afectó la entrega de órdenes de publicidad y la recepción de facturas de todos los medios y proveedores de la Secretaría. También quedó paralizada la actualización de contenidos, diseño y programación de los portales web y aplicaciones de internet del GCBA.
“Desde el arribo de la presente gestión más de 12 trabajadores fueron dados de baja, sin contar las renuncias voluntarias y los nuevos compañeros que nunca tuvieron un sueldo por su trabajo, es decir, que trabajaron gratis durante tres meses con burdas excusas de futuros contratos, aprovechándose de la situación de los aspirantes a un trabajo digno. A lo que se suma los despidos injustificados de cuatro compañeros más”, denunció el gremio estatal en un comunicado de prensa.
De igual forma, vienen padeciendo deficientes condiciones laborales y falta de recursos al punto que muchas veces: “los trabajadores tenemos que sacar de nuestro propio bolsillo para que salga el trabajo”, explicaron. En un contexto de inestabilidad laboral permanente ante la puesta de objetivos bajo amenaza denuncian que es imperioso lograr un clima de trabajo adecuado.
El trato diferencial que reciben los trabajadores bajo contratos de locación supuso que no fueran alcanzados por el aumento del 19% otorgado durante el año 2006 al personal de planta permanente. Tampoco fueron incluidos en el relevamiento de tareas que habilitó la adecuación a niveles salariales del escalafón general para personal contratado bajo decreto 948.
Esta situación se ve agravada por el la inclusión de una nueva cláusula en nuestros contratos que establece la caducidad de los mismos cuando cese en su cargo el funcionario que los firmó (cláusula sexta).
En este contexto la actual gestión de gobierno de la Ciudad se niega a equiparar los niveles salariales del personal contratado según el principio “a igual tarea, igual salario”. Como contrapartida, ofrece unilateralmente aumentos mínimos y discrecionales que empeoran las situaciones de disparidad e ignoran las propuestas elevadas por la Junta Interna del sector desde hace tres meses.
Además de defender los puestos de trabajo, reivindican estar luchando por una manera de trabajar “libre de atropellos por parte de los funcionarios”. La importancia de esta lucha también recae en defender un medio de comunicación público y al servicio de la comunidad. Por todo ello, los trabajadores exigen la reincorporación de los despedidos, la equiparación y aumento salarial para todos (948 y locación de servicios), el cese de los aumentos discrecionales de los funcionarios y del maltrato laboral en el canal. Exigen igualmente que los trabajadores tengan un lugar de participación en la definición de los puestos profesionales del canal de la ciudad de Buenos Aires en el Escalafón General de la Administración Pública del Estado de la Ciudad.
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