El planteo está en manos del juez federal Mario Racedo. En tanto, continúa la investigación sobre la responsabilidad penal que les cabe a los propietarios de industrias que vuelcan efluentes en la cuenca Salí-Dulce.

Las incesantes protestas que protagonizaron el año pasado los vecinos de Tafí Viejo por los olores nauseabundos que producían los residuos que arrojaban dos citrícolas en el arroyo Tafí, empezarían a dar sus resultados. La Justicia Federal de Tucumán avanzaría ahora en la citación a indagatoria de los directivos de las empresas Citromax y Cota.

El fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, confirmó a primerafuente que el martes pasado reiteró su requerimiento para que citen a declarar a la gerente de Planta de Citromax, Lucía Miliavaca, y al supervisor de Producción de Cota, Antonio Trujillo, quienes están imputados por presunta violación a la Ley nacional 24.051de Residuos Peligrosos. El planteo fue elevado ante el juez federal Nº 2, Mario Racedo, quien deberá resolver si llama a declarar a los directivos mientras faltan dos meses para que se inicie la zafra citrícola 2007 y se agudice nuevamente el problema ambiental.

La causa se inició de oficio a raíz de las manifestaciones vecinales y luego quedó formalizada con una denuncia del defensor del Pueblo de Tucumán, Jorge García Mena. En el escrito, el ombudsman hizo referencia a que el 7 de julio de 2006, vecinos del Barrio Próspero Mena y Nicolás Avellaneda de Tafí Viejo denunciaron la “existencia de desechos industriales que presentaban una coloración verdosa y despedían fuertes olores, arrojados presuntamente sin tratamiento alguno a un canal a cielo abierto en la localidad de Tafí Viejo”. Ese día, se realizó un acta en la que operarios municipales informaron que en el momento en que instalaban un colector cloacal se detectó la rotura de una cámara de inspección del sistema de conducción de efluentes de Citromax.

En la denuncia se advierte que los hechos “revisten extrema gravedad”, ya que independientemente de que los efluentes sean conducidos entubados o a cielo abierto al arroyo Tafí, estarían presuntamente excediendo los parámetros permitidos particularmente por la Ley nacional 25.612 de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos industriales. Entre la documentación aportada por el ombudsman, figura una publicación de primerafuente, videos de otros medios periodísticos, fotografías y filmaciones tomadas en el lugar del hecho por personal de la Defensoría.

Esa gravedad es más aún -alerta el escrito- si se tiene en cuenta que el canal desagua en el arroyo Tafí y este a su vez en el canal Norte, cuyas aguas son conducidas al Río Salí, que desemboca finalmente en el dique El Frontal en la provincia de Santiago del Estero, que en estos momentos mantiene un conflicto con el gobierno tucumano por el desastre ecológico que generan las industrias locales en el Embalse de Río Hondo.

En este sentido, el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Darío Alarcón, informó que sigue el trámite procesal en la causa en la que se investiga la responsabilidad penal que les cabe a los propietarios de industrias que vuelcan efluentes en la cuenca Salí-Dulce, que derivan aguas al Embalse de Río Hondo. Se trata del Expediente 708/97 que inició el gobierno santiagueño sobre presunta comisión de delito de acción pública. Esta investigación está en manos del fiscal federal Nº 2, Carlos Brito.

Informe: primerafuente, portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)